Por Guido Turdera. El jueves pasado a la madrugada se votó en la Cámara de Diputados el memorándum de entendimiento con Irán. Al día siguiente, DAIA y AMIA declararon que acudirían a la Justicia ya que afirman es “inconstitucional”. En la nación persa la cuestión recién comienza.
Sólo un mes pasó de aquel encuentro en Etiopía entre Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi. Allí, los cancilleres firmaron un acuerdo entre Argentina e Irán para esclarecer el atentado a la AMIA de 1994. El acuerdo sostiene en su primer artículo la creación de una comisión integrada por 5 juristas internacionales. Su función consiste en “analizar toda la documentación presentada” por ambos gobiernos sobre la causa. Luego de esta revisión, la comisión “expresará su visión y emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes”.
Y en ese sólo mes que pasó, las discusiones y las polémicas inundaron las portadas de los diarios y las señales de televisión. Se habló de pérdida de soberanía, se habló de inconstitucionalidad, se habló de la nueva ley de punto final, se habló de internas en la mutual, de “argentinos-judíos” y “argentinos-argentinos”, de diputadas atorrantes, de traición a la patria y de muchas cosas más.
Pero el último jueves a la madrugada y luego de 14 horas de sesión, el acuerdo se transformó en ley en la Cámara de Diputados. La oposición lo criticaba: “Estamos blanqueando al régimen iraní”, “aprobar este memorándum es como firmar un cheque en blanco”, “se caerán las alertas rojas para los iraníes”, “este acuerdo es inconstitucional”. Tal vez las palabras de la diputada oficialista Mara Brawer sean representativas de la respuesta de su bloque: “Firmar este acuerdo no significa dejar de repudiar fervorosamente el negacionismo que manifiesta Irán, ni olvidar la discriminación que en ese país enfrentan las mujeres y las minorías”. Así fue que 131 votos a favor de la aprobación contra 113 fueron determinantes para dar fin a tanta discusión parlamentaria. O al menos así parecía hasta hace pocos días.
Luego de la aprobación del acuerdo en el Congreso, las reacciones de las instituciones AMIA y DAIA no tardaron en aparecer. A través de un comunicado oficial expresaron su “desagrado” y “rechazo” a la aprobación del memorándum y sostuvieron: “Hemos instruido a nuestros asesores jurídicos para que inicien todas las acciones legales que correspondan ante todos los foros y siempre dentro del marco de la Justicia, con el fin de detener la aplicación del tratado”. En este sentido, el camino que tomarán los dirigentes será doble: ante el juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral y ante el fuero Contencioso-Administrativo. Los argumentos están justificados por los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional, dado que el Ejecutivo se estaría inmiscuyendo en asuntos del Poder Judicial. Según esta lógica, el acuerdo votado en ambas Cámaras resultaría inconstitucional.
Otra organización de la comunidad judía que dio el presente en la discusión fue el Congreso Judío Mundial. Su presidente Ronald Lauder le envió una carta a Cristina Kirchner. Decía: “Irán no busca la verdad, sino que quiere desacreditar la labor del Poder Judicial argentino y de su gobierno”. Y continuaba: “Wl acuerdo entre Argentina e Irán sobre la investigación del atentado contra la AMIA tiene el potencial de destruir todo lo que se ha logrado en la última década por su gobierno y el de su marido”.
Mientras tanto, en Irán el memorándum recién empezó a ser tratado en su Parlamento el martes pasado, según los dichos de Alaedin Boruyerdi, representante de la política exterior. Su revisión podría demorarse dado que el 21 de marzo se festeja el Noruz, conocido como Año Nuevo en el calendario persa. Si no comienza antes de esa fecha, su aprobación se concretaría recién en el mes de abril.