El Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, con Martín Ferre a la cabeza, se encuentra actualmente en conflicto con los trabajadores del programa Envión, por la falta de pago y desfinanciamiento del que son objeto.
Las políticas públicas que se desprenden de la aplicación de la ley 13.289 de Promoción y Protección integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes sufren de la sistemática desfinanciación y abandono que les toca en estos tiempos de números rojos en la provincia de Buenos Aires. No solo son escasas e insuficientes para cubrir las enormes necesidades en materia de desarrollo de la juventud en los territorios más vulnerados del conurbano, sino que la precariedad laboral en la que se asientan termina por derrumbar cualquier posibilidad de cumplir con la letra de los programas y planes elaborados en los escritorios del desarrollo social y juvenil.
El programa Envión es una de las puntas de lanza en materia de políticas públicas de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social en manos de Martín Ferré, con intenciones de palear la situación de miles de jóvenes que están fuera de las instituciones y no pueden insertarse al mercado laboral. Se da una implementación de responsabilidad compartida, donde el estado provincial diseña, planifica, convoca a los municipios, garantiza la ejecución y pone a disposición fondos para salarios y becas; y los municipios se encargan de la contratación del personal, de los insumos para las actividades y de la articulación territorial.
Con equipos técnicos insertos en los barrios, sedes que articulan con instituciones y organizaciones de la zona y becas de 350 pesos mensuales para cada uno de los jóvenes beneficiarios, la propuesta que llega a mas de 45 mil jóvenes a lo largo y ancho del territorio provincial y emplea a más de 5 mil trabajadores es, en los papeles, una linda carta para salir a mostrar en actos y campañas por parte de Scioli y cualquier otro funcionario provincial o municipal que intente sumar votos.
Lo cierto es que, nada es lo que parece y este programa no es excepción. Por lo pronto, la beca mensual que perciben los jóvenes de 350 pesos y los salarios de los operadores, 1000 pesos mensuales cobrados con una tarjeta magnética y sin contrato, viene a sumar a las lógicas asistencialistas y de clientelismo que se reproducen en los armados municipales enquistados en la provincia. En esto, y en la falta de inversión en materia de infraestructura y materiales para el desarrollo de actividades educativas, recreativas y de inclusión en general, está el punto clave que remarca la falencia de estas políticas de supuesto desarrollo social, el de la precarización laboral en el que están montadas.
Los equipos técnicos que llevan adelante el programa, formados por estudiantes universitarios y profesionales de la salud y las ciencias sociales, que con tino el programa los piensa ubicados en los ojos de huracanes de las barriadas, en sedes insertas en el entramado territorial y atendiendo a las problemáticas más complejas de los sectores desplazados del sistema laboral y de protección de derechos, se encuentran casi en su totalidad bajo contratos temporales que van desde los tres a doce meses de duración, perciben su salario como monotributistas, los sueldos son de 2000 a los 3500 pesos y se cobran mal y tarde varias veces en el año.
Cada sede -hay alrededor de 300 en toda la provincia- cuenta con una planta de 5 a 10 “tutores”, que vienen a cumplir las veces de actores vinculantes con los jóvenes “beneficiarios” (lejos de ser sujetos de derecho). En la letra del programa reciben una beca en términos de capacitarse en el rol de operadores sociales ejerciendo la práctica en los territorios, lo cierto es que son un eslabón fundamental a la hora de que el programa mantengan las actividades que aun puede llevar a adelante. Son el contacto y seguimiento personal y directo con los jóvenes y deben cumplir con horarios y responsabilidades para mantener su mal pago empleo. Es más sencillo y sobre todo barato sostenerlos como becarios antes que generar puestos de trabajo formales, con los beneficios que esto implica para los trabajadores.
Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a cargo de Martín Ferré, se encuentra en deuda para con los jóvenes y trabajadores del programa. Deben ya dos meses y el último pago percibido se obtuvo mediante la presión ejercida por los trabajadores, sumándose así a la larga lista de trabajadores y subsidiarios del ministerio que no reciben fondos ni respuestas de los funcionarios sciolistas. Las críticas y reclamos van en aumento, y desde la provincia no solo hay deudas para pagar salarios sino que también reciben denuncias sobre el abastecimiento de leche, el Plan Vida y el Barrios Bonaerenses y la ayuda asistencial en zonas de crisis donde las tormentas e inundaciones golpearon con fuerza en los últimos meses.
El Ministerio alega falta de fondos, además de no estar pudiendo cumplir con los compromisos asumidos y no garantizar el cumplimiento de los presupuestos. Y las políticas de niñez y adolescencia reciben los golpes fuertes: los equipos se desmantelan, se trabaja con poco y nada de material, cierran de forma momentánea o permanente hogares y centros de día, los vínculos y procesos con los jóvenes se ven interrumpidos, los trabajadores directamente no asisten por falta de dinero para sostener la actividad. Los derechos de los jóvenes no gozan de buena salud, los de quienes trabajan desde el Estado para garantizarlos corren la misma suerte.