Por Gerardo Szalkowicz. El presidente de Chile enviará al Congreso un proyecto de ley para que se sancionen como delitos los insultos contra policías. En la rendición de su cuenta pública anual, Piñera reafirmó todos los pilares e ideas-fuerza de su proyecto neoliberal.
En medio de crecientes y diversas demandas sociales, Sebastián Piñera realizó este martes su tercera y última rendición de cuenta pública anual ante el Congreso. Allí pasó revista a un rosario de temas a modo de balance de lo que consideró “los logros y desafíos” de su gobierno, ratificando un derrotero previsible en cada una de sus políticas públicas.
Lo más curioso fue un nuevo anuncio en materia represiva. En sus palabras: “Que quede muy claro, este gobierno no va a tolerar agresiones ni insultos a nuestros carabineros. Por eso en los próximos días enviaremos a este Congreso un proyecto de ley que establece como un nuevo delito el insulto grave a un carabinero o policía en ejercicio de sus funciones”.
Además de defender nuevamente la aplicación de la Ley Antiterrorista, Piñera exigió celeridad a los legisladores para que den luz verde a una anterior iniciativa suya de tónica similar: “Adicionalmente pedimos a este Congreso la pronta aprobación del proyecto de ley que aumenta las penas a quienes ataquen o agredan a carabineros o cometan delitos en forma encapuchada durante manifestaciones públicas”.
A unas cuadras del Parlamento, cerca del Parque Italia (Valparaíso), los carabineros dispersaban con gases lacrimógenos y chorros de agua a miles de estudiantes y trabajadores y cumplían la orden: evitar que la marcha llegara a las inmediaciones del recinto. El saldo de esta nueva represión -ya todo un clásico en el país transandino- fue de 130 manifestantes detenidos.
Con el lucro no se metan
En su discurso, Piñera volvió a reiterar su negativa frente al reclamo que trastocó el tablero político en Chile en 2011 y del que emergió una efervescencia social que logró amplificar el cuestionamiento general al modelo: la educación gratuita. Por enésima vez, el mandatario dejó en claro que no está dispuesto a ceder. “Algunos proponen educación gratuita para todos, pero en un país con tantas desigualdades no nos parece justo que el Estado financie la educación de los más favorecidos”, dijo.
El miércoles llegó la respuesta de los estudiantes. Llamaron a intensificar la lucha, convocando a una nueva marcha para el 28 de mayo y a un paro nacional y marcha para el 13 de junio. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, afirmó que “los estudiantes no pueden estar más disconformes con el discurso de este martes. El presidente reafirmó que la educación es concebida como un negocio y no como un derecho. Asumimos que con la actual clase política va a ser imposible avanzar en nuestras demandas”.
El 16 de mayo, unos 100 mil estudiantes secundarios y universitarios habían salido a las calles en distintas ciudades del país en la segunda gran convocatoria del año para continuar con la larga lucha por una completa reforma al sistema educativo.
Silencios y falsedades
A pesar de las crecientes protestas de algunos sectores asalariados nucleados en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Piñera evitó hacer referencia a las demandas de los trabajadores. “Lamento que el presidente no haya tocado puntos tan importantes referidos al ámbito laboral como la necesidad de aumentar el salario mínimo o la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones. Habla de un magnifico crecimiento pero ese crecimiento no ha llegado a los trabajadores”, declaró Mauricio Navarrete, presidente de la CUT en la provincia de Osorno.
Efectivamente Piñera mencionó la baja en las cifras de desocupación, pero nada dijo de la calidad del empleo. En Chile, más de la mitad de la fuerza laboral lo hace en forma tercerizada y sólo el 8% goza del derecho a la negociación colectiva, situación que fue cuestionada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Otro tema que generó controversia en el discurso de Piñera fue el de la respuesta gubernamental a las consecuencias del terremoto de febrero de 2010, que dejó 523 fallecidos y unos dos millones de afectados. El presidente afirmó que el proceso de reconstrucción avanzó un 96%, cifra desmentida por las organizaciones de damnificados.
Marlen Ávila, vocera del Movimiento por una Reconstrucción Justa, aseguró que sólo el 15% de las viviendas fueron entregadas a familias víctimas. Para Ávila, “la cifra expuesta por el mandatario fue inflada porque desde el inicio de la campaña de reconstrucción unas 60 mil familias quedaron fuera del proyecto y hasta el momento no tienen solución”. Además recalcó que miles de familias pasarán un cuarto invierno en condiciones desfavorables en los campamentos de refugiados.
“Creemos en una economía social de mercado, donde la innovación, el emprendimiento y la libre competencia son sus más poderosos motores”. La frase quizá sintetiza el ideario desplegado en el Congreso por el presidente chileno, quien llegó al Palacio de la Moneda en 2010 y, a menos de un año de finalizar su mandato, goza de una aprobación apenas superior al 30%.