El reclamo salarial de los integrantes de la Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional se solucionará, más temprano que tarde. Los interrogantes abiertos en uno de los conflictos más complejos de los últimos tiempos se multiplicarán con el correr de los días y los nubarrones que los acompañan difícilmente vayan a disiparse en el corto plazo.
Desde hace más de un día observamos imágenes que, más allá de las notables diferencias que existirían a priori, nos retrotraen a situaciones políticas que nuestro país parecía haber superado: cientos de prefectos, a los que se sumaron gendarmes y otros miembros de fuerzas de seguridad, manifestándose con demandas concretas dirigidas al poder político.
La preocupación por el escenario que estas protestas pueden abrir no debe impedir el análisis acerca de los orígenes de esta situación. En particular, cabe preguntarse por las razones que llevaron a cientos de jóvenes prefectos y gendarmes a manifestarse de la manera en que lo hicieron, a romper con la cadena de mandos.
En el origen del conflicto el Gobierno Nacional ha actuado al menos con un grado de imprudencia e impericia notables. La estructura salarial de las fuerzas de seguridad desde hace muchos años se encuentra totalmente desarticulada, con salarios básicos exiguos y numerosos adicionales, remunerativos, no remunerativos, bonificables, no bonificables, discrecionales. En definitiva, al igual que gran parte de los trabajadores del sector público, los integrantes de las fuerzas de seguridad perciben la mayoría de su salario como conceptos no remunerativos o, como se los conoce vulgarmente, “en negro”.
Esta situación originó la presentación de muchísimas acciones judiciales, que complicaron más aún dicha estructura salarial: en una misma fuerza pasaron a convivir integrantes que cobraban sueldos muy disímiles, en función del resultado de la acción judicial que hubieran presentado.
En abril de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reclamó al Gobierno Nacional que ordene dicho desquicio salarial, que alcanzaba tanto a los miembros de Prefectura y Gendarmería como a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, que blanquee sus salarios.
A comienzos de septiembre, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1307 que reestructuró la escala de remuneraciones de los miembros de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval de acuerdo a los criterios sentados por la Corte Suprema en el fallo “Zanotti”.
Este decreto incluyó un artículo que garantizaba que ningún integrante de dichas fuerzas pasaría a percibir una remuneración bruta inferior a la que venían percibiendo, exceptuando de dicha garantía a quienes se habían beneficiado de decisiones judiciales que les otorgaban remuneraciones mayores.
Como consecuencia de ello se generaron dos situaciones encontradas. Por un lado, quienes habían obtenido incrementos salariales a través de la presentación de amparos judiciales experimentaron una reducción significativa de sus remuneraciones; por el otro, quienes se beneficiaron con un blanqueo de sus salarios sufrieron una caída en sus ingresos de bolsillo, debido a los mayores aumentos en los descuentos correspondientes a los aportes jubilatorios, a la obra social e incluso al pago del impuesto a las ganancias. La garantía salarial se previó sobre la remuneración bruta, no sobre el ingreso de bolsillo de los integrantes de las fuerzas.
Si bien el Gobierno Nacional señaló que con estas transformaciones intentaba superar las injusticias derivadas de integrantes de las fuerzas que, a través de amparos judiciales, percibían sumas en torno a los $30.000 mensuales, la mayoría de los afectados son prefectos y gendarmes cuyas remuneraciones se encuentran entre $ 5.000 y $ 10.000. Es decir, se trata de una reducción nominal a sectores de ingresos medios y medios bajos. Pretender que esta reestructuración podía realizarse sin ninguna reacción no entra en ningún análisis.
La situación parece ir solucionándose. Sin embargo, los movimientos y réplicas continuarán produciéndose. La cadena de mandos se quebró. El Gobierno nacional mostró una impericia alarmante en su conducción de las fuerzas de seguridad. Y, sería necio negarlo, muchos sectores que apuestan a la desestabilización política se habrán regocijado con la situación actual. Sin quererlo, el Gobierno nacional les entregó una victoria inesperada y, peor aún, puso a su disposición, al menos en el corto plazo, a gran parte de la “tropa” de las fuerzas de seguridad.