Por Esteban Marcioni
Comienza el juicio contra Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh). Está acusada por presunta portación ilegal de armas y atentado a la seguridad en lo que ha sido unánimemente definido como un intento de criminalización.
El 24 de mayo pasado Berta Cáceres se dirigía, junto al comunicador social Tomás Gómez, a la zona de Río Blanco, donde las comunidades indígenas llevan más de dos meses realizando bloqueos, movilizaciones y protestas de todo tipo para rechazar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
En ese camino fueron ambos detenidos ilegalmente por efectivos del ejército y la policía, quienes los trasladaron de forma violenta y luego avanzaron con medidas cautelares para privarlos de su libertad. El primer delito imputado fue portación de armas, lo que luego se transformó en un “atentado contra la seguridad interna del Estado”.
Berta Cáceres, además de negar categóricamente la portación de armas, consideró la acusación como un juicio político. “Se trata de una persecución judicial que es parte de un hostigamiento constante que ha habido contra el Copinh. Lo que pretenden es seguir criminalizando la lucha histórica que el pueblo lenca está librando contra el saqueo de recursos y territorios”, sentenció.
En tanto, durante esta semana se planificaron numerosas acciones en solidaridad con la activista hondureña en reclamo de su liberación definitiva. En Argentina se realizó una conferencia de prensa en el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), en donde Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo Perez Esquivel, premio nobel de la Paz, reclamaron que se detengan los atropellos hacia las comunidades indígenas hondureñas.
La conferencia fue transmitida por numerosas radios comunitarias nucleadas en la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina y por radios comunitarias de Honduras. También, numerosas organizaciones populares del país pidieron la liberación de Bertha Cáceres y manifestaron su preocupación ante “el escenario represivo contra las comunidades indígenas y los líderes del pueblo lenca en su lucha contra las empresas hidroeléctricas”.
En un documento firmado por los diversos movimientos sociales criticaron el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y detallaron los vínculos entre el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el gigante chino SINOHYDRO para la construcción de la represa. Recordemos que SINOHYDRO está asociado en Argentina a Lázaro Báez por la construcción de dos mega represas en la provincia de Santa Cruz.
Al final de la conferencia Marcha consultó a Perez Esquivel quien reclamó la libertad urgente de Berta Cáceres: “Esto es una violación del derecho a la libertad de expresión y a la defensa de los pueblos originarios. Bertha es víctima de esa dictadura hondureña”, afirmó.
En tanto, en Honduras el inicio de la primer audiencia estará acompañado por una masiva movilización frente al juzgado de Santa Bárbara en donde se pedirá la nulidad del juicio y que se ponga fin a la persecución judicial y política.