Por Jessica Osorio desde San Salvador de Jujuy. El miércoles pasado se llevó adelante una audiencia en la que la Comunidad Aborigen de Abralaite, en Jujuy, defendió la cautelar presentada para la suspensión de emprendimientos mineros en su territorio ancestral.
La audiencia se llevó adelante en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy como parte de la medida cautelar presentada por la comunidad en noviembre de 2014. Mientras, en los alrededores se evidenció la resistencia de las comunidades y pueblos de la provincia. Miembros de la Mesa de 33 Comunidades Originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc –organizadas en torno a la defensa del territorio frente a los recientes proyectos de exploración del litio en la región–, representantes del colectivo Apacheta de la vecina ciudad de Susques y simpatizantes de toda la provincia apoyaron la defensa de los bienes comunes y condenan lo que sería la futura destrucción de los cerros y las fuentes de agua de la región debido a que la Minera Aguilar, con años de explotación en el resto del territorio jujeño, había previsto comenzar las etapas de explotación y de extracción en el territorio ancestral kolla.
El reclamo frente al saqueo de los bienes comunes acompañó la audiencia en la entrada al tribunal, se movilizó hasta Plaza Belgrano, y posteriormente tuvo lugar un concierto que contó con la participación, en solidaridad con las comunidades, del cantante jujeño Bruno Arias.
Minera Aguilar tiene pedimentos de exploración en el territorio de la Comunidad, en el lado occidental de la Serranía El Aguilar. Esta empresa minera tiene un historial de más de 80 años en Jujuy en la extracción de plomo, plata, zinc, y cadmio. En este contexto, la comunidad solicitó la cautelar a fines del año pasado, al advertir la escasez y sequía de los ríos Grande, Abralaite, Santa Ana, Agua de Castilla, que nacen en los picos de la Serranía. Anteriormente, este territorio conformaba un valle de cultivo y hoy está asediado por las sequías. Los pedimentos se ubican en las nacientes de los ríos y en las reservas de agua que contienen los glaciares y la zona periglaciar, que son vitales para el sostenimiento ecosistémico de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, como también las fuentes de agua de los valles de la provincia.
Felix Vedia, comunero de Abralaite, detalló el propósito de presentar la demanda: “sabemos que en la alta montaña tenemos la reserva de agua y queremos que se cuide y se proteja. Hemos pedido esta medida cautelar para que el gobierno y la empresa nos escuchen, y ver de alguna manera que se tome en consideración nuestros derechos que tenemos como pueblos originarios”.
Los alcances de la cautelar: sólo pedir que se cumpla la ley
En la cautelar se reclama que se respete e implemente la Ley Nacional 26.639, el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. Esta ley tiene como objetivo proteger al ambiente glaciar por ser reserva de recursos hídricos; por lo tanto, prohíbe la actividad minera en estos ambientes. Asimismo, también se exige que se cumpla la ley provincial de protección de glaciares y la ley nacional de protección ambiental para la actividad minera.
Néstor Omar Ruiz es licenciado en antropología y con especialización en geoarqueología, y explica que en la zona de la serranía donde se encuentran los pedimentos existen glaciares tropicales, también conocidos como glaciares de roca. Ruiz detalla la importancia: “uno no llega a identificarlos visualmente, pero tienen la misma función, que es proveer de agua todo el año a los cursos permanente que hay en la provincia”. Al evaluar el impacto de la minería sobre el ambiente glaciar, Ruiz agrega: “La explotación implicaría la destrucción de esos ambientes, que son los que proveen a los arroyos, de los que se nutren aguas abajo cuatro comunidades indígenas que son autónomas”.
Además de exigir la implementación de las leyes en protección al ambiente glaciar, la Comunidad de Abralaite denuncia un número de irregularidades por parte del gobierno provincial y la empresa. Estos incluyen la vulneración del derecho de los Pueblos Originarios a la Consulta Libre, Previa e Informada frente toda actividad que se desarrolle en sus territorios ancestrales, que se encuentra garantizado por leyes nacionales y provinciales, y que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
La abogada Silvana Morel, que representa a la Comunidad en la demanda, aclara que “el relevamiento de glaciar no había sido presentado por el Estado ni por la minera a la Comunidad de Abralaite, y los permisos de exploración seguían su curso”. Al no entregar información sobre los glaciares en la zona, el gobierno y las empresas impidieron que se llevara a cabo el proceso de consulta y consentimiento.
Hasta el día de la audiencia, el gobierno y la empresa negaron la existencia de glaciares en la zona de pedimentos mineros. Sin embargo, mientras se desarrollaba, el Estado reconoció su existencia y la empresa buscó justificar su accionar, argumentando que presentó informes ambientales en tiempo y forma. Sobre lo acontecido en la audiencia, Morel opina: “el Estado, hoy en la audiencia, ha reconocido expresamente en el relevamiento de glaciares que ha presentado, que la Serranía El Aguilar es ambiente periglaciar y glaciar”.
Con este reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales de la provincia, la Comunidad quedó a la espera de un fallo judicial que requiera la implementación de las leyes ambientales para la protección de las reservas de agua y, con ello, el cese de toda actividad minera en esa parte de la serranía.
Por su parte, Félix Vedia apela a toda la sociedad a que se una a la lucha para que se cumplan las leyes en protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios: “nosotros estamos a tiempo, con esta lucha que llevamos con los hermanos, con las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc podemos seguir en la lucha”.
Y cerró con un contundente: “esto recién empieza, y vamos a continuar”.