Por Francisco Basualdo. Finalmente las Comunas son una realidad en Buenos Aires. El 10 de diciembre pasado los representantes elegidos por voto popular asumieron sus cargos. Ahora comienza la pelea por sus funciones y alcances ante los intentos de vaciamiento del oficialismo.
Increíble pero real, el 6 de diciembre pasado asumieron los comuneros electos de la ciudad de Buenos Aires. Tras años de idas y vueltas las 105 nuevas autoridades elegidas por el voto popular, deberán encabezar y dar vida a la primera experiencia de gobiernos descentralizados de la ciudad. Los meses que separaron la elección de los comuneros y la fecha de su asunción fueron de lo más convulsionados, ya que la discusión sobre cual debía ser la implementación de los gobiernos comunales estuvo muy trabada. A nivel institucional, la Legislatura fue el escenario donde manifestó la lucha entre las diferentes fuerzas políticas que pugnaron por establecer sus propios mecanismos de transición.
En paralelo, durante esos mismos meses los representantes barriales asumieron sus tareas de hecho defendiendo la Ley 1777 y reafirmando a los Consejos Comunales en los distritos donde ya venían funcionando y creándolos allí donde estaban pendientes. Sea en el plano institucional como en el plano de la organización popular, todos coincidieron en la potencialidad política de las Comunas, tanto quienes las ven como una amenaza a las decisiones políticas del ejecutivo y quienes la ven como una esperanza que reavive los espacios de participación.
Corte y recorte
Con el 11 de diciembre en el horizonte, las fuerzas políticas de la oposición porteña que han conseguido colocar comunero, Proyecto Sur y el Frente Para la Victoria básicamente, vienen reclamando la vigencia de la Ley Orgánicas de Comunas, como el ordenador de la transición de los Centros de Gestión y Participación hacia los nuevos gobiernos descentralizados. Este reclamo se fundamente en que desde las elecciones del mes de julio, el ejecutivo dio señales claras de querer limitar los alcances de las gestiones comunales, a través de diferentes mecanismos. Inicialmente presentó un proyecto de ley para centralizar las decisiones políticas en el presidente de la Junta Comunal, que justamente son todos del PRO. De esa manera, se evitará la formación de organismos colegiados compuestos por representantes de las diferentes fuerzas políticas de la ciudad, pero también se abortará el carácter participativo de las Comunas ya que las opiniones de los Consejos Comunales, compuestos por organizaciones deportivas, sociales y territoriales, serán tratadas o no en la Junta dependiendo de la opinión del Jefe de Comuna.
Otro de los golpes a la autonomía comunal fue la creación de las Unidades de Atención Ciudadana. Bajo la órbita la Subsecretaría de Atención Ciudadana, estos organismos fuera de estructura fueron dotados de funciones que a partir de diciembre deberían asumir las Comunas, limitando las funciones los gobiernos barriales. Esta quita de funciones, se traduce en el recorte presupuestario y anula el traspaso de los trabajadores de los GCP a las Comunas, en lo que muchos dirigentes ven como un preludio a un recorte mayor.
Hace solo 10 días atrás, el PRO presentó ante la Legislatura su hoja de ruta para el plan de transferencias de funciones hacia las Comunas. En ese documento sinceraron que la transferencia se desarrollará de manera gradual y que se extenderá desde diciembre próximo hasta fines de 2013, como mínimo, a contramano del reclamo general de los comuneros electos que exigen que el traspaso se complete a fin de 2012. Ante el riesgo latente de la asunción de cargos sin competencia alguna, la oposición porteña presentó diferentes proyectos de para garantizar la transferencia de las sedes de los CGP a las correspondientes Comunas y pidieron que se declare el presupuesto comunal como intangible, por lo que no podrá ser reasignado a ningún otro fin. Otro de los golpes a la autonomía comunal fue
Las respuestas de las Comunas
El lunes 14 de noviembre, los representantes vecinales de las Comuna 3, encabezados por los militantes del FPV marcharon hacia las puertas del CGP para reclamar la anulación del decreto que creo las Unidades de Atención Ciudadana. Una respuesta similar tuvieron los vecinos del distrito 15 que, acompañados por el conjunto de los comuneros no alineados al PRO, se movilizaron esa misma semana para exigir la transferencia del edificio y los recursos para el funcionamiento de la Comuna.
Estas acciones se replicaron en otros distritos, como en el 5 y el 6, que agrupan a Almagro y Boedo y a Caballito respectivamente. Ondina Fraga es comunera electa por el FPV para este último barrio y comentó que “si bien somos realistas y sabemos que la ley tiene baches, teníamos la expectativa que el PRO no iba a ningunear tanto a su propia gente, pero son más perversos de lo que uno creía. Quedó en evidencia que la política del PRO es no descentralizar. Está claro que la política es negociación, pero el PRO marcó la cancha muy atrás, más atrás incluso de lo que pensaban sus propios funcionarios”. Esta afirmación tiene su correlato en la realidad ya que dentro del oficialismo porteño hay un gran malestar por estas medidas.
Sin hacer declaraciones, varios comuneros electos del PRO que vienen del peronismo, en su mayoría asentados en las Comunas del sur de la ciudad, vieron con disgusto la creación de las UAC, entendiendo que éstas van a competir políticamente con ellos, e incluso es muy probable que sus directores vayan a percibir un sueldo aún mayor al de los propios presidentes de Junta Comunal. Las diferencias no sólo se dan en la zona; en la Comuna 3 luego de la creación de las UAC, el comunero electo del PRO Jorge Juárez, anunció su ruptura con el partido de Macri, lo que no solo deja mal parado al PRO sino que hace que esta fuerza pierda la mayoría absoluta en los barrios de Balvanera y San Cristobal.