El suspendido camarista de Mendoza no estará presente en las audiencias porque se fugó a Chile. Está acusado de cometer y consentir delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Finalizada la etapa de prueba, los alegatos comenzarán el próximo jueves con la exposición del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Hernán Ordiales y el diputado Carlos Cuto Moreno, quienes ejercen la acusación al camarista, imputado como “partícipe primario” en 103 casos de secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes y allanamientos ilegales, así como por haber archivado la investigación sobre la apropiación de una menor durante la dictadura.
Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S. se mostró satisfecho con el juicio: “Para nosotros es algo histórico. Se sabe que en Mendoza, después de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se dilataron los procesos contra los responsables de la desaparición de personas. Incluso el Poder Judicial ha tenido mucho que ver no sólo en la complicidad con los militares, sino también con la impunidad durante la democracia. Hay cientos de jueces que fueron nombrados durante aquella época, que todavía cumplen funciones, por lo que esto es un paso importante”.
Otilio Romano no presencia el juicio, ya que se encuentra en territorio chileno, donde pidió asilo y consiguió una visa por ocho meses. A pesar de su ausencia, el Consejo de la Magistratura avanza en Buenos Aires con el juicio político. En las últimas audiencias se confirmaron varias sospechas, una de ellas, es que Romano recibió colaboración del aparato judicial cuyano para escaparse, justo un día antes de que se iniciara el proceso para destituirlo. En una de las audiencias declaró el ex juez mendocino Luis Leiva quien se confesó “amigo íntimo” del fugitivo. En su intervención, Leiva defendió a Romano y reconoció haberlo acompañado en su huida a Chile el pasado 24 de agosto. Frente al jurado, Leiva señalo que Romano “sentía agobio por el acoso periodístico”.
Desde Chile, Romano se calificó a sí mismo como un “perseguido político”. De ser destituido, se activará la orden de captura dictada por el juez Walter Bento. “Nosotros esperamos que Chile lo extradite y pueda ser juzgado como corresponde. Hay mucho prófugos que están procesados por delitos de lesa humanidad y sería bueno que den la cara para que afronte lo que tiene que afrontar. Por suerte se está avanzando, ya que fueron juzgados algunos hombres de la cúpula eclesiástica con rol activo en la represión ilegal como es el caso Christian Von Wernich o Martínez de Hoz, un civil que fue Ministro de Economía. Después de tantos años de lucha, ahora le toca a la Justicia”, aseguró Pisoni.
En la última semana declararon dos víctimas del terrorismo de Estado, León Glogowsky y Rosa Gómez, quienes estuvieron detenidos en el Departamento de Policía de Mendoza. Ambos denunciaron torturas ante Romano, en 1975 y 1976 respectivamente.
Desde la semana pasada el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura inició el proceso contra Romano por ser “funcional al aparato represivo”. El jury analizará las pruebas hasta el 25 de noviembre y emitirá un fallo en el mes de diciembre. Pasado mañana serán los alegatos de la acusación y la defensa y se estima que antes de fin de año Romano será destituido.