Esta semana comenzó un “mega-juicio” por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en la provincia de Tucumán. Entre los acusados están Luciano Benjamín Menéndez y otros 43 represores.
A noviembre de 2012 solo 2 de los 6 condenados en la provincia por delitos de lesa humanidad tienen sentencia firme, según datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. En ese contexto la causa conocida como Jefatura – Arsenales II viene a marcar un nuevo hito en el reclamo de justicia.
“Tucumán es una provincia que arrastra una división todavía muy grande, se sigue discutiendo si hubo una guerra o no hubo una guerra”, explicó el fiscal de la causa Pablo Camuña intentando dimensionar la relevancia del proceso.
Policías, representantes del clero, civiles y militares, son acusados por el secuestro, la tortura y desaparición de 235 personas en dos de los principales centros clandestinos que funcionaron en la provincia: la Jefatura de la Policía y el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde se ejecutaba y enterraba clandestinamente a los detenidos-desaparecidos. Así lo determinó el trabajo de los antropólogos forenses que en diciembre de 2011 hallaron una fosa común donde los cuerpos habrían sido quemados.
La investigación pericial remitida al juzgado por el Equipo Argentino de Antropología Forense con colaboración del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán, da cuenta de que “en el peritación de la fosa hallada se advirtieron marcas de retroexcabadora, posteriores a la presunta quema de cuerpos, habilitándose la hipótesis de que primero se habría producido la quema de cuerpos, luego la remoción de la fosa mediante uso de retroexcavadora, para finalmente procederse a su relleno” explicó el fiscal.
Los delitos cometidos en uno u otro centro fueron investigados en instrucción por separado, y unificados en la etapa del debate oral. Para Camuña la clave está en la articulación entre las fuerzas represivas que ejecutaron el plan de exterminio. Un repaso por la lista de los imputados nos da esta dimensión, ya que a los entonces 17 militares y 7 gendarmes, se suman 16 policías provinciales, dos colaboradores civiles, un sacerdote católico y un integrante del personal civil de inteligencia.
“Es muy difícil tratar de negar una realidad cuando hay cadáveres de una fosa común dentro de un centro clandestino”, explicó el letrado y agregó: “Esta causa va a permitir ver un sistema complejo montado sobre la estructura estatal seleccionando a cientos de personas para perseguirlas y en muchos casos hasta su exterminio”.
Se estima que el proceso tendrá como mínimo un año duración. Tiempo en el que más de 700 testigos darán cuenta del funcionamiento de dos de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron en Tucumán durante la última dictadura.