Por Fabian Cely
La Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular comenzó ayer las jornadas de movilización e indignación agraria en Colombia, con la toma pacífica del Ministerio de Agricultura en la capital como acción central. Las acciones se extenderán hasta el sábado 5 de septiembre y tendrán lugar en todo el país con epicentro en la ciudad de Bogotá.
El Ministerio de Agricultura en Bogotá amaneció ayer con una grata compañía. Más de seiscientas personas se congregaban pacíficamente a su alrededor desde muy temprano en la mañana, con una sola intención: exigirle al gobierno nacional respuestas concretas frente a su incumplimiento en los acuerdos hechos con las diversas organizaciones articuladas en la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular, plataforma de encuentro y apuesta de unidad que el campo colombiano conquistó y con el cual le habló de frente al gobierno del presidente Santos y a la sociedad colombiana. Así logró recordarles que sigue vigente uno de los problemas estructurales más grandes del país, el de la tierra, pero también sigue vigente, y más que nunca, la esperanza de darle una solución a esta histórica deuda del Estado colombiano, con organización y movilización social que han llegado con propuestas concretas.
“Seguiremos movilizados, hasta que se destraben las negociaciones”
Más de cinco mil personas procedentes de todo el país arribaron a la capital bogotana el domingo 30 de agosto en lo que se denominó como la toma de Bogotá y Jornadas de Indignación agraria. Éstas acciones pacíficas de movilización y manifestación colectiva son impulsadas por la Cumbre Agraria: Campesina Étnica y Popular, que con múltiples actividades como foros, charlas, caminatas por territorios de procesos de organización urbana, colegios y universidades, comparten experiencias y propuestas, caminan y tejen la palabra para vivir dignamente.
Breves Antecedentes
La Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular nace al calor del paro agrario y movilizaciones de 2013 y 2014 en ese país: “La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia”, manifestaron en su declaración política de marzo de 2014. No es nada distinto a lo que exigen hoy.
En aquel entonces la reacción del gobierno fue negar la existencia del paro y las movilizaciones -como si no pasara nada- y desatar la represión en todo el territorio nacional con un saldo de diecinueve luchadoras y luchadores populares asesinados, mas de seiscientos heridos y decenas de presos y encarcelados. A esto se le suma la reciente implementación de legislaciones que profundizan la desigualdad social y la criminalización de la protesta social entre otras.
A pesar de la falta de garantías (en pleno proceso de negociación de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos) en temas de derechos humanos para el ejercicio de la oposición política y de la protesta social -caso de las once detenciones arbitrarias de luchadores y luchadoras miembros del movimiento social y político Congreso de los Pueblos en julio, y el asesinato de más de treinta y nueve personas pertenecientes a distintas organizaciones sociales en lo que va del año- la indignación del campo en Colombia sale con fuerza a tomar pacíficamente y nuevamente las calles y rutas para exigir que se lo respeto, que se le cumpla, tarea vital en la larga construcción de una paz con cambios estructurales y con justicia social.