Por Fernando Vicente Prieto. En el departamento de Arauca, ubicado en el centro oriente de Colombia, las comunidades se encuentran bloqueando las actividades de las compañías petroleras asentadas en la región. Reclaman resarcimiento por la deuda humanitaria, social y ambiental que causa la explotación de hidrocarburos.
Arauca está ubicado sobre la frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Se trata de uno de los lugares más militarizados del país, donde abundan tanto las corporaciones extractivas como los conflictos sociales, originados en una grave situación de marginación de la población local. Allí, desde hace diez días, organizaciones sociales y políticas han reactivado las protestas, impidiendo que continúe la construcción del Oleoducto Bicentenario.
El motivo es el incumplimiento del acta firmado en mayo de 2012, por el cual el gobierno y las corporaciones -trasnacionales, en su mayoría- se comprometieron a dar respuesta a las exigencias de los pobladores y pobladoras de la zona.
Demandas de las comunidades
De acuerdo a lo informado por Alonso Campiño, integrante de la mesa de interlocución, el pliego consta de seis dimensiones concretas: una mesa de inversión social (educación, salud, saneamiento básico y servicios públicos), otra mesa de derechos laborales, otra específicamente para el tema indígena, una mesa de territorio y medio ambiente, otro ámbito que resuma todos los daños ecológicos de 30 años de explotación y por último, una mesa que aborde la construcción de una ruta hacia el norte d la región.
Entre abril y mayo del año pasado, el Movimiento Político de Masas de las organizaciones sociales del Centro Oriente lanzó la “Jornada de movilización pacífica de exigencias a las transnacionales petroleras y al Estado colombiano”, la cual fue levantada con la firma de un acuerdo el 7 de mayo de 2012. Sin embargo, pronto el papel fue letra muerta. “No se ha expedido el decreto presidencial de reconocimiento a la comisión vocera y guía de la interlocución; no se instalaron todas las mesas y la mesa de mano de obra, bienes y servicios, que fue la única instalada, ha sido un desgaste, pues a pesar de haberse firmado algunas actas de acuerdo, en muchos casos sólo constituyen una burla a los derechos de los trabajadores y pobladores de la región”, expresó Campiño.
“Las medidas se levantará sólo cuando exista un decreto presidencial que legalice y otorgue protección jurídica a la mesa de interlocución”, señaló, explicando que retomaron las movilizaciones “ante el irrespeto y el contubernio gobierno-trasnacionales”.
“Han sido más de ocho meses de incumplimiento, de dilaciones, de reuniones sin ningún fruto, lo que lleva a que reactivemos las movilizaciones”, dijo otro de los referentes, José Murillo Tobo, quien añadió: “Son más de 30 años de explotación petrolera, de desarrollo de proyectos al servicio de las trasnacionales, pero de última a las comunidades no les queda sino la miseria, la explotación, la marginación y el recrudecimiento de la violencia y de la guerra”. Mientras que Ecopetrol S.A., compañía con participación mayoritaria del Estado colombiano, declaró utilidades netas por más de 12 mil millones de dólares sólo en los últimos dos años.
Por estas razones, desde el lunes 21 de enero las comunidades han decidido retomar la “Jornada de movilización” que se encontraba suspendida, con actividades en Todos los Santos (municipio de Arauca), en la Estación Banadias y Villamaga (municipio de Saravena), en Caricare y La Pesquera (municipio de Arauquita) y en Caño Tigre y Tamacay (Municipio de Tame), sobre la línea del construcción del Oleoducto. De acuerdo a información provista por la organización, en las actividades se encuentran participando más de 1400 personas.
Tras una semana de bloqueos, el lunes pasado el gobierno de Colombia finalmente se reunió con los pobladores, reconociendo su incumplimiento y comprometiéndose a hacer realidad el decreto presidencial antes del 18 de febrero de 2013, según informó ayer el Movimiento político de masas del Centro Oriente en un nuevo comunicado.
Si bien se trató de una reunión, a pedido del gobierno, “de carácter exploratorio” en el encuentro se acordó un cronograma de discusión de las diferentes mesas. De todos modos, las comunidades anunciaron que la movilización pacífica seguirá. “Sólo nos levantaremos a la medida en que se estén desarrollando la conclusiones de las diferentes mesas y se reciba el decreto firmado por la presidencia de la república”. Además, las organizaciones sociales expresaron que “cualquier acto de saboteo por parte de las compañías y el Estado y sus fuerzas de seguridad será tomado como una provocación y dará pie para pasar a otro momento intensificado de la lucha”; e insistieron con un llamado a los grupos insurgentes de la región a que se abstenga de efectuar actos de guerra que puedan poner en riesgo a los movilizados.
Una megaobra estratégica para el capital
Las protestas afectan una inversión significativa. De acuerdo a la proyección de Ecopetrol, el Oleoducto Bicentenario tiene el objetivo de incrementar la producción de petróleo en al menos 30 mil barriles diarios, que actualmente se dejan de producir por falta de infraestructura de transporte. Ante esto, “Ecopetrol invitó a socios estratégicos del sector a unir sinergias para participar y beneficiarse de este nuevo sistema de transporte”. Así, con la participación de siete compañías extractivas, en diciembre de 2010 se constituyó la sociedad colombiana Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S., que prevé una inversión total de 4.200 millones de dólares.
El oleoducto será el más grande del país. Con una longitud de 970 kilómetros, tiene como propósito transportar el crudo proveniente desde los Llanos Orientales hacia el mar Caribe,. La obra se encuentra actualmente en su primera etapa (Araguaney-Banadía), que ha tenido innumerables demoras, a causa de protestas sociales y de atentados de las fuerzas insurgentes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En octubre del año pasado, el gerente General del Oleoducto Bicentenario, Fernando Gutiérrez Montes, reconoció que la reactivación de las obras tomó más tiempo de lo esperado. “Teníamos una situación de orden público muy complicada en Arauca, que nos llevó a tener paradas las obras”, explicó.
Poco tiempo antes, en julio de 2012, fuentes de Ecopetrol informaron que se había realizado una reunión tripartita de alto nivel, donde la empresa, el Ministerio de Minas y Energía y las Fuerzas Armadas definieron la estrategia a seguir para proteger la obra en el territorio de Arauca. Según detallaron, la estrategia tendría tres frentes de acción: el de seguridad, que -según declaró el entonces ministro de Energía Mauricio Cárdenas- contempla una vigilancia al proyecto “como no la ha habido en otro plan de infraestructura en Colombia”; el social, contratando mano de obra local y el político, dirigido a obtener el respaldo de las comunidades. Las nuevas protestas de pobladores de la región hablan por sí mismas respecto al grado de cumplimiento de estos objetivos.