Por Jesús Reyes. Desde la Asamblea Constituyente de 1991 no se habían realizado tantas reformas a la Constitución como en los últimos doce años. ¿Qué traería una nueva reforma con el Congreso entrante? ¿Qué propuestas de paz y poder constituyente están en juego?
Haciendo un repaso de los últimos acontecimientos de la política nacional colombiana aparece la posible destitución del Procurador Alejandro Ordoñez, la reelección de Juan Manuel Santos, la alta votación que el uribista Centro Democrático obtuvo en el Congreso y sus ataques a los Diálogos de Paz, el alto porcentaje de abstención en los comicios electorales, la cumbre agraria, la solicitud de las FARC sobre la necesidad de una Constituyente y la inclusión de un proceso de paz con el ELN.
De este combo de sucesos se develan dos preguntas importantes: ¿cómo construir un país donde todas y todos tengamos un lugar? y ¿cómo desmilitarizar la política y recorrer la memoria, no de los victoriosos armados sino de aquellos que al margen han sido asesinados en la búsqueda de un país mejor?
Por un lado, el Centro Democrático expresa la necesidad de una Constituyente y la finalización de la mesa de diálogo en La Habana y las FARC convocan una Asamblea Constituyente para refrendar los posibles acuerdos a los que se llegue con el gobierno.
Del otro, Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, convoca a una Constituyente para trastocar el modelo político de país sin paz ni inclusión. Mientras tanto, campesinos, indígenas, afrodescendientes y organizaciones de todo el país se reunían en Bogotá para convocar a la unidad y a la posibilidad de una Constituyente.
Pero, ¿qué tipos de propuestas realizan estos poderes para una transformación del país? En una de las vertientes tenemos a quienes equiparan seguridad con militarización; en la otra, hay un proyecto de paz y país en camino. Mientras en Cuba se sigue en la larga pero continuada frase “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, dividida esta consigna entre el apremio a una Constituyente y el “yo me opongo” del Gobierno que acompaña a los sectores militares y económicos del país.
Así el panorama, ¿qué buscan quienes afirman la necesidad de una Constituyente? El Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, habla de seguridad y confianza inversionista; se podrían prever las consecuencias de una Constituyente en la cual sean mayoría los recortes en la inversión pública, la privatización total de la educación, la desregulación de los mercados y la eliminación de las barreras arancelarias existentes, la continuidad de la militarización de la vida política y la extirpación de ese gusano incómodo para su estilo de gobierno que es la memoria histórica. Un corte abiertamente neoliberal el cual se oculta tras las propuestas “humanas y sociales”.
Las FARC proponen un país con justicia social, incluyente, donde se reparen las memorias históricas y las víctimas, redistribución de la riqueza, propiedad socializada en recursos y medios de autoabastecimiento con protección para la producción nacional, así como el fin de la militarización de la vida política.
Además, están las propuestas abiertas de los movimientos sociales del país. Su propuesta central es el fin del conflicto social y político, sustitución productiva de los cultivos ilegales, desconcentración de la riqueza y proyectos políticos incluyentes en el ámbito social y económico.
El temor, infundado tal vez, es que una Constituyente se convierta en la exclusión de las mayorías, en la inmovilidad frente a las transformaciones necesarias para el país, en bastión de los continuadores de la guerra que han demostrado que en nombre de los derechos humanos estos pueden ser suspendidos. La pregunta queda flotando: ¿cómo refundar un país por vía de una Constituyente?