Tras poco más de un año de iniciados los Diálogos de Paz, las FARC y el gobierno colombiano anunciaron el acuerdo sobre el segundo punto de la agenda referido a la participación política. Se abre así el camino para el tránsito de la insurgencia hacia la actividad política legal.
A través de un comunicado conjunto emitido desde el Palacio de Convenciones de La Habana, los equipos negociadores de la guerrilla colombiana y el Ejecutivo presentaron los puntos alcanzados como un “acuerdo fundamental”.
Resaltaron que “lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana”.
El texto, leído a la prensa por el representante cubano Rodolfo Benítez (Cuba y Noruega participan como garantes del proceso), establece un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Además, “implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos”. Sin embargo, se expresa, “las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda”.
De todas maneras es importante aclarar que cada uno de los acuerdos que se van alcanzando en la mesa de diálogo, iniciada el 18 de octubre del año pasado, sólo se implementarán si se logra un consenso sobre la totalidad de la agenda, ya que uno de los principios que guía la negociación es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Garantías para hacer política
El acuerdo plantea de manera general coincidencias relacionadas con derechos y garantías que permitan ejercer el derecho a la oposición política, en particular para las organizaciones que se originen con la firma definitiva de la paz.
Plantea la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz “para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”. Esto implicará que, durante un periodo de transición estas poblaciones tendrán representación especial en el Congreso colombiano.
En caso de la eventual firma de un Acuerdo Final, se convocará a un foro de voceros de partidos y movimientos sociales para formar una Comisión que defina los lineamientos y normativas de un “Estatuto de la Oposición”, el cual buscará brindar las garantías para el ejercicio de la política.
Así, sigue el comunicado, “se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación”. Además, “el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada”. En tanto, se acordó dar un mayor acceso a los medios de comunicación a las fuerzas opositoras y un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana.
Otros puntos consensuados por la insurgencia y el gobierno fueron la realización de cambios institucionales y reformas al sistema electoral para facilitar la constitución de partidos políticos; la implementación de medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales, en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude; y que todo lo acordado en este punto de la agenda “se llevará a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer”.
Un paso más cerca
Este es el segundo acuerdo parcial al que llegan las FARC y el gobierno desde el inicio del proceso de diálogos el 18 de octubre de 2012. En mayo pasado –al término del noveno ciclo–, las partes aprobaron el primer punto referido al desarrollo agrario, mediante la firma del documento titulado ‘Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral’ que, según el texto, supondrá “el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia”.
Las delegaciones iniciarán el próximo ciclo el 18 de noviembre, con el punto denominado “solución al problema de las drogas ilícitas y el narcotráfico”. Luego restarían los debates sobre “el fin del conflicto y la desmovilización”, “la reparación a las víctimas” y un sexto punto en el que se refrendará todo lo pactado en la mesa.
Aunque falta un trecho largo, sin dudas el anuncio de este miércoles significa un paso trascendente en el devenir de un conflicto armado que en 50 años ha dejado casi cuatro millones de desplazados y unos 600 mil muertos.