Comisario Rafael Sosa, imputado de graves hechos junto a cuatro policías de Drogas peligrosas.
Por Mauricio Díaz, desde Córdoba. El viernes pasado, y luego de los allanamientos en la Jefatura de Policía y en las dependencias de Drogas Peligrosas, renunciaron el Jefe de Policía, Ramón Frías y el Ministro de Seguridad, Alejo Paredes. Silencio oficial y nuevas designaciones. Imputaciones e investigaciones sobre secuestros.
El miércoles 11 de septiembre, el fiscal federal Senestrari, imputó al jefe de Lucha contra el Narcotráfico, comisario Rafael Sosa y a otros cuatro policías de la División Drogas Peligrosas. Un indicio de que el fiscal va por buen camino y con pruebas contundentes, es que a cada requerimiento el Juez Federal Bustos Fierro ha respondido favorablemente. Así, por ejemplo, ese mismo día se realizó el allanamiento a la Jefatura de Policía y la dependencia de Drogas Peligrosas. Allí se encontraron bolsas de droga y armas de numeración limada y no declaradas. El jefe de gabinete provincial, Oscar González, salió al cruce declarando que esa droga era para el entrenamiento de perros de la División.
El viernes y bajo el silencio oficial, en horas del mediodía el Jefe de Policía, Ramón Frías; y el Ministro de Seguridad, Alejo Paredes, renunciaron de manera indeclinable. Por esas horas el fiscal pedía la imputación del antecesor del comisario Sosa, el ex jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Mario Nieto, por delitos vinculados a supuestas irregularidades que vendrían desde 2010. Misma época que “El Francés” Viarnes dice haber comenzado a participar en los operativos. Junto a Nieto, dos personas más fueron imputadas por el secuestro sucedido en julio de este año, y sobre el que Sosa no había informado el procedimiento.
Así los imputados y detenidos llegan a ocho.
El secuestro
El fiscal federal Senestrari investiga en paralelo un secuestro ocurrido en la noche del 16 de julio de este año. Entiende que el comisario Sosa participó del operativo y que sugestivamente no le informó sobre el accionar policial. Hay que aclarar que en cualquier caso de secuestro, la fuerza policial debe informar a la justicia federal, debido a la competencia del hecho, sobre el accionar.
En el secuestro participó un grupo de uniformados y con chalecos de la Policía de Córdoba. El grupo ingresó a una vivienda de Villa Revol , y se llevó al único habitante de la misma, Eugenio Bionda. Lo ataron de pies y manos y lo metieron en un auto. Así comenzó la declaración de Bionda ante Maximiliano Hairabedian, fiscal del Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba. El detenido, se transformó en secuestrado ante la advertencia de los oficiales: “Hablale a Lo Cascio…”, el dueño de Palmira, “… decile que pague 100 mil pesos o ‘merca’; o paga, o te hacemos cagar.” Esto se filtró de las declaraciones de Bionda y el empresario José Antonio Lo Cascio, el domingo en el matutino La Voz del Interior.
Bionda no sabe el teléfono de Lo Cascio, y habrían utilizado como nexo, al sargento Mario Osorio, uno de los policías imputados y detenidos en la Cárcel de Bouwer, junto a Rafael Sosa. El sargento Osorio localiza a Lo Cascio, y este se habría contactado con los secuestradores; luego de ello, llama y pone al tanto de la situación al comisario mayor Rafael Sosa. Las negociaciones siguieron al parecer entre los dos con los secuestradores.
Se pactó dejar el dinero en un cesto de basura en la costanera, cerca del Puente Alvear. Sosa le habría pedido apoyo a la CAP (Comando de Acción Preventiva), y da detalles del auto donde llevaban a Bionda, e instrucciones para pararlos en un operativo de rutina. Los secuestradores se escapan, ante el pedido de detención y se encuentra minutos después el auto abandonado en las proximidades del Club Juniors, con Bionda adentro. También se encontraron una gorra y una prenda policial. Luego apareció un taxista que entregó una bolsa que se habría arrojado desde el auto, la misma contenía chalecos antibalas.
El fiscal Hairabedían se entera al otro día del procedimiento. Sosa no se habría comunicado ni con la Justicia provincial ni federal.
Tanto Frías, como Paredes, informaron que creyeron que era un secuestro express. Ambos admitieron la amistad entre el mismo Sosa y Lo Cascio, y negaron que Sosa haya participado de las negociaciones, cuestión que Rafael Sosa admitió ante el fiscal Senestrari, el viernes pasado.
Sosa y Osorio son los más complicados por esta causa, y están detenidos junto a otros seis policías en la cárcel de Bouwer, desde hace ya una semana, imputados por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.
Cortina de humo
El Gobernador cordobés, evitó toda la semana referirse al tema. Aprovechó la gravedad de los incendios que sufrió la provincia para escaparle a las declaraciones. A pesar de esto tuvo que actuar, y presentó un proyecto de ley para que el Jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas sea elegido con aval de los legisladores, y que los policías que pertenecieren a la división presenten sus declaraciones juradas.
El lunes por la mañana se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, una mujer de perfil técnico, y que está en la cartera desde hace un tiempo. Se trata de una funcionaria de confianza del ex ministro Paredes, con experiencia en Colombia y sin un historial de militancia en el peronismo. Algo cambió para que todo siga igual.
El comisario mayor César Almada reemplazará a Ramón Frías como jefe de Policía. Su segundo será Carlos Galbucera. Este último estaba a cargo de la Caminera, una de las divisiones más cuestionadas en la provincia, por creerla netamente recaudatoria. Almada es un comisario al que le reconocen una gran influencia en los oficiales, y lo definen como un comisario “tropero”.
La investigación
Tanto el secuestro de Bionda, como las declaraciones de Viarnes, el supuesto “agente infiltrado”, son parte de la investigación que el fiscal Senestrari lleva acabo. Pero hay otra investigación que el fiscal federal quiere bajo su órbita, es la muerte del oficial Alós. Senestrari dijo que: “…hay dudas sobre el origen de la muerte de este policía.” Y le pidió al fiscal de Alta Gracia, Drazile que debía inhibirse. “Tengo la obligación de dudar del suicidio; no puede la Justicia provincial continuar con este caso, porque a la foto completa la estamos investigando acá”, agregó Senestrari.