Por Ignacio Marchini y Vivian Palmbaum – @vivi_pal
En agosto del año 2016 el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que promueve la Cobertura Universal de Salud, que parece avanzar contra el sistema público de salud. Asociaciones de salud, gremios, organizaciones sociales dieron la voz de alerta contra este sistema que promueve un paradigma que no se basa en la promoción de derechos y que afecta a los más vulnerables.
La semana pasada la Cobertura ha comenzado a ser implementada en la provincia de Mendoza y amenaza con extenderse frente a la perplejidad y el desconocimiento de los menos entendidos.
Marcha entrevistó a Jorge Yabkowski, Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa) que nos brindó mayores precisiones respecto de la salud entendida como un negocio.
-¿La CUS o Cobertura Universal de Salud es una iniciativa de este gobierno, que implicaciones tiene?
-La CUS no es una estrategia de este gobierno, sino que es una estrategia a nivel mundial llevada adelante por el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y luego cooptada por la Organización Mundial de la Salud a fines de los 90 y comienzos del 2000. Argentina durante el gobierno de Nestor Kirchner votó esta reforma en la asamblea de la OMS del 2005 y luego Cristina Kirchner la apoyó también en el 2012 en la asamblea mundial de las Naciones Unidas, votando la consigna Cobertura Universal para Todos en el 2030 y el gobierno de Macri la instrumenta a través del decreto 908 de 2016.
Estamos frente a una política que dice que el sector más pobre de la población que no tiene cobertura sindical formal, a través de su seguridad social y ni medicina prepaga, la va a cubrir un seguro público, un seguro de pobres, con una canasta básica de prestaciones, para que los eventos más catastróficos no lo afecten o por lo menos no impacten negativamente en su economía según lo que la declaración de la CUS plantea.
-¿Cuál es la postura de FESPROSA y que plantean?
-Nosotros siempre estuvimos en contra del seguro de pobres y planteamos como estrategia la conformación de un sistema universal de salud basado en el que ya tenemos, que son 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias, que son insuficientes para cubrir la demanda de la población pero tienen un gran liderazgo en la atención del sector más pobre, para cubrir accidentes, pediatría, en formación de recursos humanos. Un sistema que es insuficiente pero que con inversión pública, con reorganización nacional y aumento de su eficacia social, podría bien ser el gran sistema de salud que los argentinos necesitamos.
La CUS era en su origen una estrategia para sacarle recursos al sector público ponerlo en un seguro y establecer la eficiencia basada, no en parámetros, sino en la competencia entre el sector público y privado, al modelo de Colombia y terminar de segmentar el mercado de la salud entre quienes pueden pagarlo y tienen trabajo y el sector pobre, con su seguro de pobres. Esto necesitaba de una inversión, que no aparecía, no había quien ponga la plata. Hablaron primero de los 8.000 millones del fondo de redistribución de las obras sociales, que no alcanzan ni para empezar a organizar el padrón y ahora después de analizar los presupuestos provinciales y nacionales, no hay dinero para la CUS. La CUS es un seguro que presupone población nominalizada, una cápita dineraria y prestaciones garantizadas, es decir una canasta, pero ninguna de esas tres cosas está. El viceministro (de salud de la Nación) Adolfo Rubinstein, en una polémica que sostuvimos en la Facultad de Medicina el viernes pasado, dijo que la CUS no es un seguro, que no hay canasta básica, que no es carnet de pobre y que se accede con el documento, es decir, la CUS no es nada y no tiene presupuesto.
La CUS es una estrategia, un programa de reorganización, basado en la digitalización de la historia clínica, con un archivo nacional, pero la nación no tiene plata fresca para poner y lo tendrán que poner las provincias, que esperaban recibir plata por la CUS y no tener que poner. La empiezan a mirar con recelo. Es decir que, por el momento, la CUS es un discurso político de los funcionarios del ministerio de salud y no es nada más. Puede ser que transforme al hospital público en una gran guardia con prestaciones restringidas, pero al día de hoy, en coincidencia con lo que vienen diciendo distintos sectores, no deja de ser un anuncio de campaña. De hecho los 8.000 millones que aportó el fondo de redistribución (ANSES) para empezar a organizar la CUS aún siguen depositados en el Banco Nación y, no solo eso, ahora son 9.200 millones porque rindieron 1.200 millones este año, porque no se tocó.
La estrategia para nosotros está basada en la rentabilidad financiera, el mix público-privado. Frente a eso ponemos la necesidad de un sistema nacional desde la perspectiva de derechos.
-¿Qué recortes implica respecto a la atención en el hospital público?
-Esto es lo que toda canasta básica implica, que se cubren algunas cosas y otras no. Teóricamente se creó a través de un decreto la Administración General de Tecnológía Médica, que entre sus misiones incluye confeccionar esa canasta donde íbamos a saber que se cubría y que no. Ahora el viceministro de salud dice que no va a haber canasta y que vamos a seguir cubriendo todo como siempre con lo cual toda restricción es hipotética, no hay manera de saberlo. La prioridad absoluta la tiene materno infantil, que está en todos los seguros de pobres en el mundo.
Esto último que dice Yabkowski, se refiere a la exposición del el viceministro que la semana anterior había hecho en la facultad con gran extensión (50 minutos) donde no dio precisiones concretas sobre la CUS . Mientras desde FESPROSA expresan que “la plata no está y tenemos que hacer conciencia entre la gente para que este proyecto no avance”.
-¿Qué implicancias puede tener respecto a las condiciones laborales de los profesionales de la salud?
-El viceministro de salud, Rubinstein, dice “Nuestro modelo es el plan de medicina familiar de Brasil, que introdujo a 110 millones de brasileños en un programa”. Nosotros respondimos que el plan de medicina de Brasil incluía salarios elevados, carrera sanitaria, fomento para la vivienda y educación de las familias en zona desfavorable, así consiguieron profesionales. ¿Cómo vas a armar un sistema basado en la atención continua e integral? Si la base son los médicos comunitarios que ganan 10 mil pesos y están precarizados, los de Córdoba no cobran hace nueve meses, porque el sistema está basado en la precarización laboral. A lo cual el viceministro contestó que efectivamente es así, y que hay que mejorar los salarios y las condiciones de trabajo.
Si un hospital trabaja para el seguro como los médicos colombianos, lo que tiene que hacer es captar asegurados y hacer muchas prestaciones. Si hay un hospital privado que compite con él, estas prestaciones pueden ser absorbidas por el sector privado.
En las últimas convenciones colectivas de trabajo, como por ejemplo la que firmó Andrés Rodriguez por UPCN, en el convenio colectivo de trabajo de la administración central de la Nación, incluye clausulas de productividad y de presentismo. Si nosotros metemos al sistema de salud con clausulas de productividad, la transformación que puede sufrir es tener un salario de 95% por convenio, como es ahora, algunos estímulos por el recupero del dinero de las obras sociales, como es el plan Sama (u otros planes de recupero) en la provincia de Buenos Aires, a tener un 20 o 30% de salario básico y el resto cobrar si atendés a la gente que viene por el seguro. Ahí se produce un cambio donde se subsidia la demanda, que en lugar de financiar al hospital público se financie al seguro y se cree un sistema de competencia público-privada para atender ese seguro, que es lo que ocurrió en Colombia y terminó con el cierre de 20 hospitales que no pudieron resistir la competencia.
En este caso el viceministro dice que todo lo que aparece como peligro para el modelo no lo van a hacer, hay una precarización que no se está resolviendo.
-¿A qué concepción ideológica responde este modelo de salud?
-El trabajo que publicó Mapfre en EE. UU. ve la transformación del sistema de salud como una oportunidad. La filosofía de esta gente es que el problema es el sector público, que es pesado e ineficiente, y que el derecho a la salud no está garantizado porque hay restricciones implícitas. Si bien todo el mundo tiene derecho a todo, las listas de espera, el arancelamiento, el gasto privado de bolsillo para comprar insumos y medicamentos, habla de restricciones implícitas. Ellos de lo que hablan es de transformar estas restricciones implícitas en restricciones explícitas, es decir saber qué se va a dar y qué no se va a dar y el mejor de ese programa va a ser el que se quede con la plata del seguro. Entonces el sector público va a tener que esforzarse más en la competencia con el privado para captar estos fondos que atiendan la canasta, o sea las restricciones explícitas. Esto responde a una concepción del estado abiertamente neoliberal donde tiene por función en salud regular y financiar, en parte, y nunca ser prestador. Es el modelo norteamericano donde no existe el hospital público, son todos prestadores privados y seguros, donde no hay derechos de la ciudadanía a la salud, el concepto es de renta, costo/beneficio y cuál es el piso mínimo de prestaciones. Por eso los socios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) están con la CUS para todos en el 2030, con la participación de tres grandes actores: el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller y la Fundación Bill y Melina Gates, los filántropos que están penetrando en el mercado de la salud por encima del Banco Mundial y del gobierno de EE. UU.
Un medida lejos del pueblo
La CUS hoy parece más cercana a un anuncio de campaña, pero amenaza con transformar al sistema público de salud que tenemos. La gestión de la salud, parece ser una temática reservada a los especialistas, que deja bastante alejados a los sectores populares que solo acceden como usuarios mayoritarios y pasivos del sistema. Queda oculta la relación de la salud con las condiciones de vida, la vivienda, el trabajo, la educación como un conjunto del cual forma parte. Quizás se haga necesaria la participación popular en la evaluación de las necesidades, en la gestión y construcción de respuestas, como otro modo posible, que movilizará las iniciativas que impulsen la defensa de los legítimos derechos para y por el pueblo.