Por Gastón Wahnish, La Revancha
Martín Becerra, docente e investigador del CONICET, analizó esta nueva adquisición del Grupo en una entrevista radial con el programa La Revancha (FM La Tribu). Además, opinó sobre C5N y calificó el allanamiento al canal comunitario Antena Negra TV como “preocupante”.
El Grupo Clarín compró el pasado lunes 14 de septiembre la cuarta operadora de telefonía móvil del país y controlará así el 49 por ciento del paquete accionario de Nextel Argentina. Cuando tome control de esta empresa, Clarín acumulará el 13 por ciento de la facturación del mercado de telecomunicaciones y se convertirá en un actor con capacidad de competir con los tres grandes operadores.
¿Cuál es la apuesta del Grupo Clarín en esta compra, que vos decís que se vistió de posguerra?
El Grupo Clarín tiene por sus ingresos más importancia en el sector de las telecomunicaciones que en el sector de los medios tradicionales periodísticos. Más del 80 por ciento de ingresos del Grupo son de Cablevisión y Fibertel, empresas cuya esencia es transportar datos producidos mayoritariamente por otros (Netflix, Facebook, Youtube, FOX, Sony). Esto lo convierte para mí en un actor típicamente de telecomunicaciones, pero esta actividad económica tiene en la telefonía móvil su principal renta, la “crema” del negocio. Y ahí va Clarín, a comprar una empresa hoy pequeña, como Nextel, pero que intentará unir y complementar con las redes físicas importantes que ya tiene a través de Cablevisión y Fibertel. Por eso yo decía que Clarín se viste de posguerra, porque con esta compra proyecta a futuro y, por primera vez, “levanta la cabeza del agua”. Esto significa visibilizar su estrategia más allá del enfrentamiento que lo consumió en los últimos 7 años con los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
La AFTIC dijo que la compra aún no estaba autorizada, ¿qué desenlace puede esperarse a nivel legal como político?
En términos políticos, AFTIC plantea que “Argentina Digital” -la Ley vigente del sector telecomunicaciones, competente para encuadrar legalmente esta compra- no se cumple en este caso, porque la misma indica que todo movimiento de acciones en las licenciatarias de este servicio, debe ser autorizado por la autoridad regulatoria, es decir, la AFTIC. Clarín tiene una interpretación distinta, que no comparto. Señala que la Ley necesita ser reglamentada para estar operativa. Seguro esto desembocará nuevamente en un pleito judicial, porque el Gobierno no autorizará la compra, aunque es cierto que el tiempo del juega en contra. Esta compra no pudo haber sucedido sin el aval de los principales candidatos presidenciales, incluido Daniel Scioli. Me consta que fue así. Es muy difícil que la compra no sea avalada por el poder político después de diciembre, pero es probable que hasta ese momento puede armarse otra batalla de esta larga guerra iniciada en 2008.
¿Qué lectura hacés del impacto que tuvieron los casos de Antena Negra TV y C5N y de la vigencia de la Ley de Medios?
Los funcionarios del Gobierno que salieron a hablar por lo de C5N me parece que responde a una sobreactuación. En los casos de quienes salieron a hablar, ya estamos acostumbrados a que interpreten como violación a la libertad de expresión cualquier obstáculo legal o administrativo que tengan personalmente o sus medios concentrados, aliados al Gobierno. El gobierno de la Ciudad cometió en este caso una torpeza y fue improcedente ese operativo de clausura de un garage en un medio de comunicación. Este tipo de clausuras preventivas, deben ser realizadas a partir de un expediente, derecho a defensa, que no me consta haya ocurrido en este caso. Sí creo que no se trata de una violación a la libertad de expresión ni mucho menos. Los conductores y animadores televisivos que, como víctimas, dijeron que Cristóbal López ahora era perseguido por el gobierno de Macri, son los mismos que en la pantalla de TN decían que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual iba a regular a los diarios. Al decir esto, carecen de conocimientos básicos sobre libertad de expresión y se convierten en voceros de las empresas donde trabajan. Lamento por ellos que esto suceda, porque son finalmente empleados, pero me parece que fue todo una gran sobreactuación.
¿Y en relación a Antena Negra?
Es un caso distinto. Ahí sí creo que se afectó a la libertad de expresión, y hubo una violación a los principios generales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que el Estado mismo hasta ahora no facilitó las condiciones que la ley exige para el sector sin fines de lucro, alternativo, y comunitario. Al no hacerlo, deja a muchos operadores -como Antena Negra-, a la intemperie de tener que utilizar recursos públicos, ya que el propio Estado no permite ni facilita ni garantiza los recursos para que estos sectores estén plenamente legalizados. Esto significa que el Poder Ejecutivo no cumple la ley que el propio Gobierno Nacional impulsó hace 6 años. El allanamiento y secuestro de equipos ordenado por un Juez Federal, y con una causa penal sobre uno de los representantes del canal comunitario, es verdaderamente preocupante. Sobre esto, el oficialismo tardó mucho en reaccionar, aunque reaccionó: por ejemplo la Defensoría del Público Audiovisual se presentó en la causa como amicus curiae para respaldar la posición de Antena Negra TV. El juez aceptó esa presentación, hubo reuniones, y hasta donde sé, la expresión de compromiso y voluntad fue plasmada tanto desde AFTIC como de AFSCA, para evitar que la causa judicial termine con procesados y cierre de la emisora. Pero, como digo, la reacción fue tardía. El Gobierno habla mucho de la ley, de la batalla cultural y la democratización, pero en los hechos este sector sigue muy desprotegido, carece de licencias legales. En cambio, en estos años los verdaderos premiados y ganadores de la política gubernamental fueron grupos privados, comerciales, concentrados como el de Cristóbal López o Sergio Szpolski.