Por Victoria SIlber. Con más de 300 testigos y la provocación de Miguel Etchecolatz incluida a la hora de la sentencia, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata integrado por los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela condenó a los responsables materiales e ideológicos del ‘Circuito Camps’.
A las 19.49 hs del miércoles, once años después del último Estado de Sitio, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata transformó en sentencia lo que el sentir popular ya había condenado, 16 nuevos genocidas pasaran el resto de su vida donde deben: la cárcel.
El juicio
El 11 de Septiembre de 2011, la querella de “Justicia YA!” entraba al salón de la sede de la AMIA –donde funcionó el tribunal- inquiriendo “Guallama, ¿dónde está Clara Anahi?” “Bergés, ¿a quién le diste la hija de Silvia Valenzi?” “¿Dónde está Julio López?”.
Los abogados estaban preguntando por Clara Anahí Mariani Terrugi, nieta que todavía hoy Chicha Mariani busca.
Es que en este juicio entre los hechos que se juzgaron estuvieron los secuestros y desaparición del ex director del diario La Opinión Jacobo Timerman, y Jorge Julio López; la desaparición de los jóvenes de “La noche de los lápices”, la “masacre de la calle 30” y alguno de los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención del llamado “Circuito Camps”.
La Sentencia
15 meses después, a pesar de que las preguntas siguen estando sin respuesta, la serena sensación de justicia recorrió los cuerpos de miles que fuera del recinto esperaron el fallo: los jueces del tribunal platense encabezado por el Juez Rozanski condenaron a prisión perpetua a Jaime Lamont Smart, Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Hugo Guallamas, Horacio Elizardo Luján, Norberto Cozzani, Carlos García, Luis Vicente Patrault, Bernabé Jesús Corrales, Fernando Svedas, Miguel Kearney, Raúl Orlando Machuca, Julio César Argüello, Víctor Sita, Domingo Almeida y Roberto Omar Grillo.
No hubo perdones: 25, 18 y 15 años de cárcel se llevaron Eros Amílcar Tarela, Jorge Antonio Bergés, Roberto Antonio Cabrera y Sergio Arturo Verduri respectivamente; 14 años de cárcel a Daniel Jorge Lencinas; 11 años de cárcel a Pedro Antonio Ferriole; y 2 años de prisión a Santiago Antonini.
Lo que dejó
Varias fueron las notas sobresalientes que tuvo este juicio; por un lado la condena a prisión perpetua y efectiva a la mayoría de los imputados, revocando las prisiones domiciliarias y evitando así la impunidad que podría haber implicado la espera hasta que la Cámara de Casación declarase firme la sentencia; otro logro fue la condena ganada sobre la figura de Jaime Smart, ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura; también importante fue haber conseguido tipificar los crímenes cometidos por los represores dentro de la figura de genocidio (no así las penas), así como también que el tribunal acceda al pedido de las querellas de investigar a otros actores que aparecieron en los relatos de las víctimas, tales como los seminaristas que cocinaban para los presos clandestinos de la comisaría 5ta, o los mismos fiscales que mientras rechazaban los hábeas corpus de los detenidos-desaparecidos, inquirían a la familia Graiver acerca de sus propiedades y bienes.
Héctor Barbero, asesor de la querella de “Justicia YA!” remarcó que “la utilización de esta figura (de genocidio) acerca la actuación de la justicia a una realidad política, construida por la lucha de los organismos de derechos humanos; esta sentencia amplía el entendimiento sobre la lógica del funcionamiento del aparato represivo, en donde el aparato burocrático del Estado y otras instituciones, como la Iglesia, también fueron partícipes. Es por esto también que es trascendental que Smart haya sido condenado, pues que un funcionario del Estado que tuvo el mando civil de la policía bonaerense, no es una pavada. Los autores no fueron sólo aquellos que ejercieron la tortura, sino también quienes la pensaron, la permitieron y la avalaron con sus prácticas”.
De todas maneras, señala Barbero que “siguen pendientes las reformas procesales que permitan que no se parcialicen los juicios: en la etapa de instrucción de este juicio comenzaron con 117 imputados y llegaron a juicio sólo 23, el resto son represores que caminan impunes por la ciudad de La Plata; también es necesario efectivizar el uso de recursos destinados a estas causas, pues es necesario no volver a victimizar a las víctimas, ya no sólo por la repetición de los testimonios, sino también en relación al acompañamiento psicológico y emocional de quienes prestan testimonio”.
Por último, Barbero señaló como acertado el pedido del tribunal al gobierno de Scioli para que se desafecten las dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención para convertirlas en sitios de la memoria.
Ya es 20 de Diciembre.
A once años de la rebelión popular, 367 son los genocidas condenados.