Por Javier Torres Molina, desde Río Negro. La legislatura rionegrina aprobó dos leyes claves enviadas por el gobernador Carlos Soria: la derogación de la ley provincial que prohibía la utilización del cianuro y el mercurio en las actividades mineras y el proyecto que deja en “disponibilidad” a la mayoría de los empleados estatales.
Sin mediar ningún tipo de discusión pública, la derogación de la ley provincial que prohibía el uso del cianuro y el mercurio a cielo abierto estuvo justificada en la situación económica que atraviesa la región conocida como la “Línea Sur”, afectada por la ceniza del volcán Puyehue. Esa medida ha sido reclamada por las principales empresas trasnacionales extractivas de minerales, entre las que se encuentra la Pan American Silver, empresa que posee los derechos mineros para la explotación de oro en el cerro Calcatreu en la ciudad de Jacobacci, lugar en que se encontraba asentada a pesar que desde el año 2005 regía la ley anticianuro.
La habilitación a la utilización de cianuro y la consiguiente contaminación de grandes cantidades de agua desencadenó el repudio de diferentes organizaciones ambientales, del pueblo mapuche, derechos humanos y hasta eclesiásticas.
Por ejemplo, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se expresó que: “Esta decisión habilita el desarrollo de explotaciones mineras a cielo abierto que también pone en riesgo un recurso fundamental como el agua, en detrimento de las poblaciones locales. A partir de esta modificación, las grandes empresas competirán con las comunidades por el agua, en el caso de Río Negro proveniente de las zonas glaciares, agotando reservorios y contaminando cursos superficiales con materiales como el cianuro. Además, se generan daños ambientales por la destrucción o perturbación de hábitats naturales y la generación de residuos”.
También se opusieron algunos sectores kirchneristas, como la agrupación Kolina de Bariloche, que a través de una gacetilla de prensa señalaron que “resulta incomprensible que, cuando el mundo avanza decididamente a prohibir su uso, la provincia de Río Negro vaya en sentido contrario al consenso científico y político mundial”.
No obstante, desde el gobierno nacional saludaron la norma que habilita la utilización de cianuro y desde la Secretaría de Minería de la Nación por medio de un comunicado de prensa titulado: “Mejor escenario para la minería rionegrina”, afirman que “Río Negro se suma a las provincias que promueven el desarrollo de la actividad minera como alternativa concreta de crecimiento, generación de empleo, arraigo poblacional y mejor calidad de vida para las comunidades”.
Empleados públicos “disponibles”
Mientras miles de trabajadores estatales contratados están recibiendo telegramas donde se notifica la finalización de su relación con el estado provincial, la legislatura sancionó la ley que declara el estado de emergencia institucional, económico, financiero, administrativo y social del sector público provincial. La ley incluye la declaración de disponibilidad -por 180 días hábiles- de todo el personal de planta permanente que se desempeña en el estado provincial bajo la órbita del poder ejecutivo, a excepción de los docentes, policías y personal del servicio penitenciario e invita a los poderes legislativo, judicial y a los municipios a adherir a esa iniciativa.
Se espera que alrededor de siete mil estatales que actualmente revisten en el estado como empleados de planta permanente queden en la calle, ya que según declaraciones del gobernador Carlos Soria “se han puesto en disponibilidad entre 20.000 y 22.000 empleados públicos” de los cuales un tercio “son vagos y ñoquis”, según sus expresiones.
Como si fuera una reminiscencia de Ley de Emergencia Económica que sancionó el Congreso Nacional en 1989 al asumir la presidencia Carlos Menem y que significó el comienzo del desguace del Estado, la ley habilita a confeccionar nuevos organigramas en los ministerios y cerrar dependencias, entes o empresas estatales y establece que las autoridades provinciales determinarán cuales serán aquellos empleados que cesarán en sus funciones o que serán reubicados en diferentes dependencias estatales.
Las medidas de ajuste del gobierno provincial también han despertado la oposición de los gremios pertenecientes a la CGT y CTA, aunque todavía las movilizaciones no han sido multitudinarias, en relación a la cantidad de estatales afectados por las medidas, ya que según estimaciones diez mil trabajador@s podrían quedar en la calle contando los de planta permanente y los contratados.
En definitiva, las dos medidas que sancionó la legislatura provincial a pedido del gobernador Carlos Soria acentúan el carácter extractivo de los recursos naturales que tiene la economía provincial, donde las regulaciones del Estado son un obstáculo para las empresas privadas por lo que el mismo debe ser reducido, siendo l@s trabajador@s una vez más la variable de ajuste.