A 46 años del golpe de Estado genocida en Chile, los y las chilenas residentes en Argentina no nos resignamos a olvidar.
Por Asamblea de Chilenxs en Buenos Aires, Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM)
Contra la amnesia social instalada desde los diferentes gobiernos de turno, post-dictadura, desde la Concertación hasta la derecha, quienes han sembrado en las bases sociales de nuestro país; en los barrios más humildes, en las capas medias y en la estructura social y política de Chile, el olvido. Contra este olvido es que luchamos, porque creemos necesario recordar y reivindicar a la Unidad Popular, al compañero presidente Salvador Allende, y a compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos que lucharon y se organizaron para construir una nación que entregue derechos sociales a sus protagonistas: las los trabajadores.
Nos negamos a olvidar a ese Chile que centraba sus esfuerzos en la educación y la salud como derechos humanos inalienables para la vida del pueblo, y que era obligación del Estado garantizar dicho acceso. Nos negamos a olvidar a ese Chile que pretendía nacionalizar sus recursos naturales para terminar con la dependencia económica de los países centrales, desarrollando su propia industria con control obrerx y comunitario. Nos negamos a olvidar a Miguel Henrriquez, a Salvador Allende, a Víctor Jara, a Violeta Parra. Actores y actoras de un proceso único en el mundo, en donde el poder popular y el protagonismo de las comunidades sociales y los territorios tenían centralidad estratégica.
La llegada de la Unidad Popular al poder, la llegada de las bases sociales de Chile al centro político, fue quizás el intento más importante de la historia reciente, intento por dejar atrás la sumisión, presente en la historia pasada de nuestro pueblo. El laboratorio estadounidense, aplicado en nuestro continente, diseñó un modelo neoliberal para Chile, que terminó potenciando la matriz social del siglo XIX, un modelo de subordinación a los dictados de las clases dominantes, obediente a la nueva dictadura económica, instalada desde el golpe de Estado en adelante.
La dictadura genocida de Pinochet, y la contrarrevolución neoliberal instalada a sangre y fuego, tuvieron dos principales objetivos: violar los derechos humanos de todos aquellos y aquellas disidentes de la dictadura, e instalar un modelo político, social y económico neoliberal importado desde Estados Unidos con Milton Friedman, los Chicago Boys y compañía, que privatizaron los bienes públicos y los sectores estratégicos del país. Esto tuvo consecuencias correlativas: la desarticulación de las organizaciones sociales, sindicales y políticas; la privatización de la vida pública y comunitaria; el predominio del individualismo apático y la desintegración de los lazos sociales anteriormente construidos.
A pesar de que a mediados de la década del 80 y 90 se reactivaron las luchas populares en contra la dictadura, la hegemonía neoliberal siempre estuvo presente en la columna vertebral del Estado Chileno y sus respectivos gobiernos. Los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría -coalición de partidos que se hacen llamar de centro izquierda-, gobernaron continuamente durante 20 años, administraron el modelo político-económico de Pinochet sin generar transformaciones estructurales.
En la tan aplaudida democracia chilena, no hubo, ni ha habido cambio de la constitución vía asamblea constituyente, derecho a la educación, salud, vivienda, pensiones y condiciones laborales dignas. Solo introdujeron cambios cosméticos que no modificaron la raíz de la herencia dictatorial. Además contribuyeron significativamente a la despolitización de la sociedad, tecnificando y reduciendo la política a los partidos del establishment local y a los supuestos expertos internacionales, despojando el carácter social, comunitario y popular característico de la vida política chilena. La supuesta transición en realidad fue un pacto entre la junta militar y la oposición para mantener el legado de Pinochet, fue un pacto inter-burgués exitoso a diferencia de otros procesos latinoamericanos.
En la actualidad, la herencia del modelo neoliberal pinochetista es claramente visible: toda la vida social está mercantilizada, y encausada a las ganancias de los especuladores financieros y corporaciones empresariales dueñas de todo. La salud, la educación, las jubilaciones, las viviendas, la comida, son un negocio y sus acciones están en Wall Street, mientras tanto la mayoría de las familias chilenas trabajan para consumir y endeudarse, endeudarse y consumir. En este círculo vicioso entre trabajo, consumo y ganancias solo se benefician los mismo de siempre.
Ahora bien, donde hay represión y falta de acceso a derechos sociales, hay también resistencia. La repolitización de la sociedad chilena, desde los 2000 en adelante, comenzó y continúa desde la organización social, desde las bases, es decir, desde abajo y a la izquierda. Los movimientos sociales por la educación-secundarios, universitarios, profesores y apoderados-, el movimiento feminista, los sindicatos, el pueblo mapuche, las organizaciones socioambientales, han sosteniendo las luchas sociales hasta la actualidad, en pos de una sociedad mejor.
Sin embargo, la escasez de unidad y dirección política han obstaculizado el acceso a conquistas concretas y derechos humanos fundamentales. Sobre todo en un gobierno derechista, neoliberal y represor como lo es el de Sebastián Piñera, quien en este año y medio de gestión ha orientado principalmente sus políticas a precarizar las condiciones sociales y materiales de la clase trabajadora, las mujeres, los niños y niñas, el pueblo mapuche, las disidencias sexuales, entre otros sectores en lucha.
Este modelo de saqueo instalado a partir de la dictadura de Pinochet, basado en el extractivismo y la agroindustria, con el saqueo de los recursos naturales, están llegando a un punto de crisis social, política y ambiental nunca antes vista. Este nuevo escenario abre una nueva etapa de crisis y luchas sociales, en el marco de conflictos orientados a defender las condiciones de vida, en cuestiones tan básicas como el derecho a un entorno libre de contaminación, derechos laborales, educación pública y gratuita, salud pública y de calidad, jubilaciones por encima de la línea de pobreza, entre otras tantas luchas reivindicativas que tiene por delante el pueblo chileno.
En este sentido, es una necesidad urgente que las organizaciones chilenas estén a la altura de las circunstancias y puedan articular una resistencia y ofensiva lo más organizada posible para poder frenar la inevitable crisis social, no solo en Chile sino también en Latinoamérica. El laboratorio gringo está por estallar, y la lucha en el terreno institucional y no institucional, la síntesis de estos dos métodos, harán la diferencia en esta nueva etapa. Chile, sus trabajadores y trabajadoras, necesitan salir del lugar de subordinación y convertirse, de una vez por todas, como lo que se merecen: un pueblo digno, un pueblo libre, un pueblo con todos los derechos, recuperando toda la rica tradición de su historia y luchas sociales.
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