Desde el 8 de julio la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs (ACES) de Chile mantiene tomado el Instituto Nacional de Derechos Humanos para exigir la liberación de lxs presxs políticxs que se encuentran en prisión desde el estallido social de octubre de 2019 y para exigir la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado en ese contexto.
Además, al cumplirse 5 años del femicidio político de la activista en defensa de los territorios, Macarena Valdés, lxs estudiantes realizaron un cadenazo radial para recordar la lucha de Macarena. En este marco, charlamos con Antonia Rolland, Vocera de la ACES.
Por Maru Waldhüter y César Saravia.
Desde el 8 de julio una de las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentra ocupada por estudiantes de la ACES, quienes advierten que en Chile hay una “crisis de derechos humanos”. Desde el INDH afirmaron que la ocupación es “un verdadero y peligroso boicot a la institución que más ha trabajado por alcanzar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para las víctimas, sus familias y la sociedad”. Para lxs estudiantes, la respuesta del director del organismo, Sergio Micco, es insuficiente a las demandas presentadas que incluían el pedido de renuncia a su cargo.
¿Cuál es la situación actual de la toma del INDH?
En Chile existe una crisis de Derechos Humanos, desde la dictadura, y me atrevería a decir que hay en esta “supuesta vuelta a la democracia”, una negociación por parte de la institucionalidades donde se tranzan varias cosas, entre ellas una impunidad que se mantiene, ya que se acordó dar confidencialidad a todos los casos de detenidos, desaparecidos, torturas y asesinato y ejecuciones políticas por 50 años. Por ejemplo, el INDH, en estos momentos custodia aquellos informes que tienen la información necesaria para que muchas familias, muchas madres, que incluso han muerto a la espera de verdad y justicia puedan obtenerla.
Con esa premisa. desde la vuelta a la democracia en el 90, nosotrxs vemos como no existe una justa reparación, no existe verdad para la familias y tampoco existe justicia. Eso se vio después, como durante todo los años del proceso de transición, sigue existiendo una violación a los Derechos Humanos del pueblo y de quienes salen a manifestarse contra un sistema tan injusto como el que vivimos. Y eso se profundiza aún más el 18 de octubre, que fue la revuelta, cuando comenzó la revuelta popular acá en Chile donde la gente sale a las calles sin miedo a movilizarse y manifestarse contra un sistema. Y esta gente es perseguida políticamente, es asesinada, es torturada, es mutilada e incluso es desaparecida. Tenemos compañerxs y familias que todavía no saben dónde están sus familiares. Tenemos familias que recibieron cuerpos calcinados de personas, haciéndolos pasar como víctimas de un incendio, cuando tienen el orificio de bala en el tórax. Y así seguimos sin ninguna respuesta para esta familias con casos que se prolongan por años y meses, presos políticos que se mantienen más de un año y medio en prisión preventiva, donde la única prueba que existe son testimonios de las mismas personas que llevan la investigación que en este caso son, la policía de investigación y carabineros de Chile.
El INDH por ley tiene el deber de sacar un informe de la situación de derechos humanos en Chile cada año. Para el 2019, lxs trabajadorxs del INDH hacen la investigación necesaria, hacen su trabajo, de ser defensorxs de los derechos humanos, y cuentan con un informe anual bastante completo que en términos de cifras respalda un alegato general del pueblo: que es la violación sistemática a los derechos humano en Chile, el ataque generalizado a la población que se moviliza, el terrorismo de Estado, incluso el genocidio, que se dio durante la revuelta, donde vemos que existió un terrorismo de Estado, que alcanzó el mismo nivel que el que hubo en dictadura, teniendo en cuenta que nosotrxs en este momento nos encontramos en una democracia.
Cuando se presentaron estos resultados, la dirección del INDH y su consejo decidieron no publicarlos y bajarlos del informe. Cuando lxs trabajadorxs se dieron cuenta de aquello decidieron conseguir financiamiento con una fundación alemana, para poder sacar a estos resultados a través de un libro, donde su síntesis final y sus conclusiones, es que hubo un ataque generalizado a la población, por ende que necesitamos sí o sí una reparación, sí o sí justicia, y que exista verdad también para las víctimas y para los sobrevivientes.
En función de eso, nosotrxs tomamos la decisión de ocupar la sede del INDH el 8 de julio, en conjunto con otras organizaciones, y enmarcándonos en que además, el 18 de octubre se intentó encauzar institucionalmente la revuelta, con un plebiscito para una nueva Constitución, que estaba dejando debajo de la alfombra todo esto que estoy diciendo respecto a la crisis de derechos humanos. No hay reparación, no hay justicia, seguimos teniendo presos políticos. Y aún así ellos quisieron seguir adelante de forma súper forzosa a un proceso de la redacción de una nueva Constitución que estaba invisibilizando la causa de nuestrxs compañerxs.
Quien se olvida de lxs presxs, se olvida de la lucha
Entonces, en el marco de la misma semana de comienzo de la Convención Constitucional, la crisis de derechos humanos que acabo de comentar, la invisibilidad que se le dio a la situación de la prisión política en Chile, nosotrxs en conjunto con otra organización decidimos hacer ocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entregamos un petitorio al INDH que fue respondido casi cuatro semanas después por parte de la dirección y su respuesta solo concluye que ellos han hecho todo lo que está en sus manos. El lNDH podría haber querellado contra el Estado por el genocidio y terrorismo que ejerció durante la revuelta y no lo hizo. Y aún así, de hecho decidió cubrir, decidió censurar y decidió omitir resultados que daban cuenta de la existencia de la sistematicidad de la violación de los Derechos Humanos en Chile. Por ende, le quitaba sustento teórico y académico a la premisa de que Piñera es un genocida y de que el presidente actual de Chile pudiera ser enjuiciado de forma internacional por romper tratados internacionales, al momento de dar la orden y declararnos la guerra, a través de televisión abierta, a quienes salimos a manifestarnos, y considerarnos como un enemigo.
Nosotrxs sabemos que somos un enemigo para ellos porque ponemos en juego su intereses de empresarios. Sin embargo, lo que él hizo fue romper tratados internacionales, e incluso, fue atentar directamente contra nuestros derechos humanos, porque ni siquiera en estos momentos tenemos garantizado el derecho a la movilización y a la protesta. Hoy existen leyes que han sido utilizadas y que han sido incluso legisladas, en función de criminalizar la protesta y eso lo vemos (por ejemplo) en cómo tenemos compañerxs en estos momentos que están sufriendo prisión preventiva. Cuando salieron fueron detenidos por manifestarse. Entonces, Sergio Micco, Director Ejecutivo del INDH, dice que no puede hacer más que todo lo que ya han hecho, todo lo que está en sus manos y que lo poco que podrían hacer no lo pueden hacer mientras las dependencias del Instituto sigan tomadas. Nosotrxs tomamos la decisión de mantener la toma, de seguir articulando con distintas organizaciones como lo venimos haciendo. Hemos logrado generar una articulación de más de 80 organizaciones en promedio en distintas jornadas de agitación y propaganda: por la libertad de lxs presxs políticxs y por la libertad, justicia y reparación en general.
Macarena Valdés: Un grito por justicia que no cesa
A 5 años del asesinato de Macarena Valdés, lxs estudiantes la recordaron desde la ocupación del INDH con un “cadenazo radial” que se transmitió por diferentes emisoras. La joven activista de 32 años que luchaba en defensa del territorio contra la instalación de una represa hidroeléctrica en pleno territorio mapuche, fue encontrada muerta el 23 de agosto de 2016. El hijo menor de Macarena, encontró a su mamá colgada de una soga en la casa.
Un causa, plagada de irregularidades, orientada a ser cerrada bajo la figura de suicidio en un contexto en el cual las sospechas más fuertes giraban en torno a que la muerte de Macarena Valdéz esté relacionada con su lucha socio ambiental en contra de la represa hidroléctrica.
Tiempo después, un peritaje privado hecho a pedido de su compañero, Rubén Collío, pudo demostrar que no se trató de un suicidio si no de muerte por asfixia.
Posterior a la muerte de Macarena Valdés, diversas personas que han participado en actividades de resistencia a la construcción del proyecto hidroeléctrico, han sido amenazadas.
¿Cómo fue la jornada del aniversario por el femicidio empresarial de Macarena Valdés?
Fue una instancia muy bonita. Nosotrxs agradecemos demasiado todo el apoyo que recibimos para esa actividad y toda la gente que participó de la convocatoria. Tuvimos un foro y un conversatorio con el compañero de Macarena Valdés, Rubén Collido, compañeras de la Coordinadora de Justicia por Nicolás Saavedra, que fue una compañera lesbiana asesinada, víctima de un lesbofemicidio. La mamá de Emilia Bow, que es una lamien, trans activista, comunera del pueblo mapuche y defensora de los derechos de la tierra, que fue asesinada en febrero de este año, cuando se encontraba defendiendo junto con otrxs compañerxs el acceso a un río en un condominio privado.
Emilia recibió un disparo en la cabeza por supuestos jardineros del condominio, que en verdad eran personas contratadas por los mismos dueños para resguardar el lugar, y estas personas contaban con armas incluso de guerra. Además de ella, también una compañera del movimiento por el agua y los territorios, y yo, como participante de la toma y como estudiantes secundarios. Eso respecto al foro, en verdad la actividad conmemorativa fue muy linda y llenadora en términos emocionales. Demuestra mucho como nosotrxs, como pueblo, le seguimos haciendo justicia a Macarena y a todxs lxs luchadorxs medioambientales asesinadxs y desaparecidxs forzosamente, y suicidadxs. A través de mantener viva la memoria y continuar con su proyecto y con su lucha.
Nosotrxs vamos a continuar con la lucha de nuestrxs compañerxs caídxs. La vamos a reivindicar porque es la mejor forma de hacer la justicia a ellxs, porque sabemos que ni el Estado, ni el poder judicial, ni nadie más que nosotrxs mismxs van a tomar la justicia, van a ejercer la justicia necesaria para reivindicar la lucha de nuestrxs compañerxs.
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