Por Leandro Albani. El descontento de diferentes sectores sociales chilenos recorre las calles del país, en medio de las discusiones por el presupuesto 2012.
Estudiantes, profesores, médicos, enfermeros y empleados públicos vienen alertando sobre la insuficiencia del presupuesto 2012, presentado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera y actualmente en debate en el Parlamento. La efervescencia social en la nación trasandina no ha decaído, principalmente por la insistencia de las federaciones universitarias que, desde hace varios meses, reclaman por un sistema educativo libre y gratuito. Hasta el momento, la principal respuesta del Ejecutivo fue la acción represiva del cuerpo policial de Carabineros, pese a los intentos de acercamientos de ambas partes.
Los estudiantes y los profesores vienen denunciando que el diálogo no es posible por la intransigencia de la administración de Piñera, que se niega a ceder en las demandas. Por esa razón, los próximos jueves y viernes de esta semana, el Movimiento Social por la Educación en Chile (MSEC) convocó a una nueva jornada de protestas en demanda de la desmunicipalización de la enseñanza. Tanto en Valparaíso como en Santiago de Chile se preparan nuevas movilizaciones, así como en otras ciudades en las que también se planifiican diversas actividades.
Días atrás, el titular del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, afirmó que “es inconcebible y no entendemos que estando a mediados de noviembre todavía el gobierno no haya sido capaz de transparentar el proyecto”, refiriéndose al plan de desmunicipalización de la enseñanza. “El gobierno debe abrirse al tema de la gratuidad, a la desmunicipalización sin privatizar y debe terminar con el lucro”, explicó el dirigente. Los estudiantes y profesores también rechazan el lucro en el sistema educativo, ya que Chile tiene uno de los más costosos a nivel mundial. Gajardo indicó que la propuesta entregada ayer por los partidos de oposición sobre el tema educativo es “un paso”, porque incluye el 70% de gratuidad a través de becas que cubran el 100% de los aranceles. La iniciativa, según el dirigente, fue recibida “con esperanza y cautela”, y aclaró que no compromete al movimiento estudiantil y de educadores porque “somos autónomos”.
Las movilizaciones estudiantiles tienen un fuerte respaldo de la sociedad y de los principales gremios, como es el caso de la histórica Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Alertas frente al presupuesto
Mientras tanto, en Valparaíso continúa la discusión legislativa sobre el presupuesto 2012 por lo que los empleados públicos ya emitieron un alerta sobre los recortes que se podrían aplicar el año próximo.
Las declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre el tema han sido tomadas con escepticismo por los movimientos sociales y por los sindicatos, argumentando que aunque la administración Piñera se pronuncie a favor de un cambio nunca adopta medidas que acompañen ese proceso.
Con respecto a la educación, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que “nos interesa ver si podemos construir un acuerdo”, aunque “en términos razonables y con gradualidad”.
Por su parte, la la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) calificó de mezquino e insuficiente el proyecto de reajuste salarial impulsado por La Moneda. El gremio que representa a los trabajadores de la administración pública afirmó que el monto del 4% propuesto por la administración de Piñera no toma en cuenta la carestía de la vida, marcada por elevados precios de alimentos y transporte. Con este panorama, desde el gremio no se descartaron nuevas movilizaciones para lograr un reajuste del 9,8%.
El titular de la CUT, Arturo Martínez, también se sumó a las críticas, argumentando que los bajos salarios han producido un grave problema de endeudamiento en los trabajadores. El dirigente ejemplificó diciendo que antes de recibir su sueldo, a los empleados se les descuenta previsión, salud y seguro de cesantía, lo que equivale a un 20% de su remuneración.
A esto se suman los gremios de la salud pública, que exigen un aumento de las partidas porque existe una necesidad urgente de inyectar fondos para consultorios e instituciones. En Chile, la salud pública atiende a 13 de los 17 millones de pobladores, siendo una minoría la única con capacidad de acceder a una salud de calidad brindada por firmas privadas. Los trabajadores del sector manifestaron que aunque el gobierno de Piñera apele a fortalecer el sistema público, las medidas apuntan a todo lo contrario, con el objetivo de dejar el terreno libre a las privatizaciones.
Por ahora, las discusiones del presupuesto continúan y las protestas se mantienen en todo el país en medio de la vertiginosa caída de la popularidad del presidente chileno y del resurgimiento de una sociedad que parece despertarse de la larga noche impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet.