Por Mariángeles Guerrero
En Colombia se tensiona la transición de gobiernos entre Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), camino al próximo 7 de agosto, cuando el mandatario electo tome posesión del cargo. El lunes pasado, Petro ratificó su postura sobre la injerencia israelí y estadounidense a través de X y sobre el fraude en las elecciones del 21 de junio. De la Espriella, por su parte, anunció que su retiro del empalme de gobierno, instancia que es obligatoria. “Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”, dijo el actual mandatario. En tanto, desde el Pacto Histórico convocaron a la desobediencia civil pacífica. El integrante de la Cámara de Representantes, Alirio Uribe, explica: “La figura de la desobediencia civil hace parte de las libertades políticas que establece la Constitución”.
De la Espriella argumenta que no es posible sentarse a negociar con un gobierno al que acusa de “golpista”. Pidió a las Fuerzas Armadas que desobedezcan cualquier orden de Petro que atente contra la democracia.
Petro indicó que “el empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el 6 de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más”. Y agregó: “Soy un demócrata y respeto la constitución que como M19 ayudamos a hacer. Es la constitución de la Paz”.
Cepeda: “Se está configurando un gobierno paramilitar”
Este miércoles el senador y ex candidato a la presidencia, Iván Cepeda, alertó sobre la conformación de un “gobierno paramilitar” que pone en riesgo la vida de opositores a la presidencia entrante. Denunció la intención de crear “bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad”, integrados por civiles; la recreación del órgano represivo Escuadrón Móvil Antidisturbios (anunciado por quien será el ministro de Defensa, Jorge Mora) y la construcción de megacárceles privadas.
Ante esa situación, solicitó a la Defensoría del Pueblo de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que “observen con especial atención el desarrollo de esta nueva etapa que comienza” en el país.
Agregó: “Como lo hemos hecho siempre, estaremos al lado del pueblo colombiano, de su resistencia activa, y de su desobediencia civil”.
Un llamado a la desobediencia civil: enfrentar al fascismo con la democracia
En los últimos días Cepeda hizo un llamamiento a la desobediencia civil pacífica ante el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Justificó su convocatoria en la necesidad de que el candidato electo renuncie a su ciudadanía estadounidense, que implica una jura de lealtad al país del norte. También pidió que se investigue si el futuro mandatario es colaborador de la DEA o de la CIA. Este reclamo se suma a la denuncia penal ya efectuada por Cepeda ante la Fiscalía General de Colombia y La Haya por presunto financiamiento de De la Espriella a grupos paramilitares.
“De la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. El juramento de ciudadanía de Estados Unidos establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales”, alertó Cepeda.
Señaló que el presidente electo sostuvo un estrecho vínculo con el narcoparamilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias ‘Boliche’, informante de las agencias federales de Estados Unidos. Uno de los cómplices de alias ‘Boliche’ es el socio de De la Espriella, Daniel Peñarredonda Gómez. “Las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor De la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos”, reclamó.
Además, refirió que De la Espriella, sin haberlo consultado con el Congreso de la República ni con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, anunció que “anexará” a Colombia al llamado “Escudo de las Américas”. Se trata de una alianza de “seguridad geopolítica”, lanzada este año por Estados Unidos. Hasta el momento participan Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay.
También llamó la atención sobre la persecución del influencer Beto Coral, hoy preso político en Estados Unidos, por su apoyo al Pacto Histórico. Y agregó: “De la Espriella ha enviado listados de decenas de compatriotas para que sean investigados por el Departamento de Justicia de EEUU, burlando abiertamente el imperio de la ley y de los tribunales colombianos en la potestad de investigar y juzgar a compatriotas que él considera arbitrariamente sus enemigos”. Y pidió un pronunciamiento “claro y contundente” de las cortes colombianas en defensa de la soberanía judicial.
En marzo pasado, el New York Times informó que el presidente Gustavo Petro estaba siendo investigado por el Poder Judicial en Brooklyn, Nueva York. Al respecto, Cepeda también pidió explicaciones sobre la intromisión de un país extranjero en la vida política y soberana de Colombia. También exigió que cese toda persecución contra Petro y que Estados Unidos evite judicializar a opositores colombianos.
“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, anunció.
Y agregó: “Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra constitución política”.
“Cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión”, manifestó.
Qué implica la desobediencia civil
El filósofo estadounidense, Henry Thoreau, escribió en 1849 el ensayo “La desobediencia civil”, donde explica que un gobierno solo puede avanzar hasta donde los hombres se lo permiten. “Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a resistirse al gobierno y negarle lealtad cuando su tiranía o su ineficacia sean desmesurados e insoportables”, expresa en el libro. Pero ¿cómo se materializa eso en el contexto colombiano, tras las elecciones más ajustadas de su historia? Alirio Uribe, abogado, legislador y referente del Pacto Histórico brinda una reflexión al respecto, en diálogo con Marcha Noticias.
—¿En qué aspecto del ordenamiento jurídico colombiano se sustenta la figura de la desobediencia civil?
—La figura de la desobediencia civil hace parte de las libertades políticas que establece el artículo 40 y otros artículos de la Constitución en el sentido de que la oposición se puede ejercer de manera abierta y democrática frente a un gobierno que pone en riesgo el ideario de nuestro sector político, por el que votaron la mitad de los colombianos. A nivel nacional sucedió un empate técnico electoral. A nivel nacional la diferencia fue 70.000 votos, con la suma de los votos internacionales fueron 250.000 votos, menos del 1 por ciento. Por eso se aceptó la victoria del señor Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia e Iván Cepeda asume la jefatura de la oposición. La Constitución también establece que la persona que queda segunda en la elección presidencial pasa a ser senador y la vicepresidenta pasa a ser representante a la Cámara. Esa figura existe para garantizar que estas personas puedan ejercer el derecho a la oposición frente al ganador.
—En la práctica, para la ciudadanía, ¿qué implica esa desobediencia civil?
—Venimos de un gobierno progresista que va a entregar el gobierno el próximo 7 de agosto. Veníamos con un énfasis en reformas sociales, en temas ambientales, en temas que hacen parte del acuerdo programático. Los anuncios que ha hecho el señor Abelardo de la Espriella generan temor frente a las prácticas que puedan venir en el nuevo gobierno. Ha referido que va a destripar a la oposición, que va a acabar con las expresiones de izquierda. Ha dicho que va a desmontar el Estado, que va a cerrar ministerios e instituciones. Son cosas que van en contra de lo que se ha venido trabajando. Obviamente son el nuevo gobierno y van a tomar medidas. Lo que vamos a hacer como Pacto Histórico y como Frente Amplio por la Vida va a ser oponernos a políticas que sean regresivas. Lo que sea importante para el bien del país se va a apoyar. Pero nosotros implementamos gratuidad en la educación para los sectores más desfavorecidos, también temas en salud primaria y otras cosas que creemos que se deben defender. Eso hace parte del juego democrático.
—En la última semana, circularon imágenes de una reunión entre Cepeda y Petro, con el fin de mostrar unidad entre los mayores referentes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida. ¿Cuál será la misión de esos liderazgos en los próximos años?
—Los de Petro y Cepeda son dos perfiles muy importantes. El presidente Petro es un líder nacional e internacional en los temas que ha venido planteando, como la paz y el cambio climático. Es una persona que tiene toda la vocería y la representación de nuestro movimiento político. Obviamente, va a seguir jugando un rol en términos de liderazgo a nivel nacional e internacional. Iván Cepeda es la persona que acaba de sacar 12.700.000 votos, va a estar liderando la bancada más grande del Congreso en un rol de oposición. Es obvio que como líderes de este proyecto político van a tener muchos diálogos y diferentes roles en un escenario de política de oposición.
—¿Cuál es el norte de esa política de oposición?
—Se van a defender los logros y avances que se han obtenido durante este gobierno. Y se va a tratar de que no se materialicen muchos de los riesgos que avizoramos en el futuro gobierno. En esa línea hay muchos temas que tienen que ver con políticas sociales, con temas laborales, pensionales, de salud, ambientales. Por supuesto todo esto será objeto de un gran debate. El gobierno de De la Espriella va a traer una agenda neoliberal de reducción del Estado y nosotros vamos a reaccionar a esa agenda regresiva que ellos quieren imponer. La Colombia de hoy es una Colombia diferente. El nivel de conciencia de la gente ha cambiado. El espíritu de participación de la gente en los escenarios políticos ha cambiado. Yo creo que vamos a tener momentos interesantes y esperamos que los riesgos que avizoramos del próximo gobierno no se materialicen. Es un reto para todos los latinoamericanos defender la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos.
—¿En qué punto de inflexión notó usted ese cambio en la conciencia colombiana?
—La gente asocia más la política al tema de la canasta familiar, a la educación, a los servicios públicos. La gente ha hecho ahora, de una manera más clara, una asimilación de la importancia de la participación política. La última votación fue un récord histórico respecto a años anteriores. El debate público no era banal, no era acerca de cómo se viste el presidente o la presidenta o cómo se comportan, sino que era un debate político muy ligado a los grandes temas del país. En ese sentido, creo que uno de los legados más fuertes del gobierno de Gustavo Petro fue elevar el nivel de conciencia de la gente y el nivel de participación.
Tras las elecciones de marzo, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida cuentan con la bancada más numerosa en el Congreso. El oficialismo que asumirá el 7 de agosto, en cambio, tendrá una representación muy minoritaria, de apenas siete congresistas.
El 22 de junio, cuando aún no estaba cerrado el escrutinio, Cepeda convocó al diálogo para generar un acuerdo nacional que contemple a las dos partes de Colombia que votaron por proyectos políticos antagónicos. Horas antes, De la Espriella amenazaba a Cepeda y a Petro aconsejándoles que “hagan las valijas”.
Para Uribe, “la propuesta del acuerdo nacional es bastante seria e importante. Uno de los problemas que tiene el país es que no nos ponemos de acuerdo en una hoja de ruta. En una polarización tan fuerte y en casi un empate electoral como el del 21 de junio, sería una oportunidad para que se tendieran puentes, para ponernos de acuerdo en muchos temas estructurales, de tal manera que hubiese una mayor gobernabilidad en el país. Esa es la aspiración. No sabemos si eso se va a dar; es posible que se dé de manera parcial”.
Y añade: “Sería provechoso que no entremos en una confrontación muy fuerte, que no haya estallido social prácticamente permanente y que de alguna manera se pueda hacer esa gobernabilidad de manera positiva”.
La injerencia estadounidense
Un informe elaborado por Natalia Munevar, una de las responsables de la Misión de Observación Internacional de las elecciones por el Pacto Histórico, reveló inconsistencias en el voto colombiano en el exterior e intromisión extranjera a través de la puesta a disposición de recursos económicos.
Uno de los datos difundidos revela, por ejemplo, que cinco puestos de votación en Estados Unidos tuvieron una participación superior al 100 por ciento del censo: Miami–West Palm Beach (109,6%), Atlanta–Charlotte (110,7%), Houston–Dallas (103,5%), Newark–Dover (113,3%), San Francisco–Denver (125,4%). “Matemáticamente imposible sin manipulación del censo o inflación de votos”, señala el relevamiento.
Otro aspecto mencionado son las denuncias documentadas por el apoyo abierto de Donald Trump a De la Espriella, los aportes del empresario estadounidense Dan Newlin (US$1,9 M en publicidad Google), la manipulación algorítmica atribuida a BlackCube desde Los Ángeles y el uso de inteligencia artificial y bots para general desinformación.
Alirio Uribe también hizo parte del seguimiento de la transparencia electoral y de la recepción de la Misión de Observadores Internacionales del Pacto Histórico. Sobre la denuncia de Cepeda acerca de la doble nacionalidad de De la Espriella, señala: “No es inconstitucional tener doble nacionalidad, lo permite la Constitución de Colombia. Pero el juramento que se hace en el momento en que se asume la nacionalidad en los Estados Unidos es incluso tomar las armas en representación de ese país y jurar lealtad a su soberanía. Él como presidente de los colombianos, debe tener esa lealtad hacia Colombia”.
Al respecto, aclara que se han hecho acciones de tutela, acciones populares que tendrán un trámite largo en el Poder Judicial. Hasta el momento, dos fallos en primera instancia señalaron que no es inconstitucional la doble nacionalidad. Seguirá luego el camino de la segunda instancia, que lleva unos dos meses, y luego de la Corte Constitucional, que puede llevar algunos meses más hasta tener un pronunciamiento definitivo.
Pero la nacionalidad denunciada no es cualquier nacionalidad. En un contexto de injerencia estadounidense en la región resulta, al menos, una señal de alarma. “El propio Donald Trump ha dicho públicamente a través de sus redes sociales que Abelardo de la Espriella ganó gracias a la intervención de Estados Unidos en la campaña. Sabemos que se pagaron campañas de desinformación, de contrainformación, de difamación, de odio y de mentiras frente a nuestro candidato. Es lo que llaman ahora una guerra cognitiva de mover muchísima pauta para la manipulación de los electores”, describe.
Inclusive, por primera vez la embajada de Estados Unidos, tanto en primera como en segunda vuelta, llevó a Colombia delegaciones de aproximadamente 100 personas. “No venían realmente a observar, sino a supervisar las elecciones”, cuestiona. Y agrega: “Todos queremos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero relaciones soberanas y no de sometimiento ni de imposición”.
Respecto al panorama latinoamericano, la injerencia político-electoral ya pasó por Venezuela, Honduras, Argentina, Colombia e incluso ya se pronostica en Brasil, que votará en octubre. El precandidato Flávio Bolsonaro acaba de ofrecer a Donald Trump ventajas a empresas yanquis en el marco de su carrera presidencial.
“Estados Unidos tiene injerencia regional en varias zonas de América Latina y del Caribe. Es un tema que tiene que ver con la violación del derecho internacional, al igual que lo ocurrido con el genocidio en Gaza. Todo está inscrito en dinámica”, advierte Uribe.