Opinión

La guerra de 12 años en El Salvador dejó al país con una cifra de 74.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos. En 1992, el FMLN y el gobierno, encabezado por el entonces presidente Alfredo Cristiani, firmaron los acuerdos de paz que ponían fin a la guerra. La gran deuda de estos acuerdos, como coinciden muchos analistas, fue la incomprensión del modelo económico neoliberal en auge. Como señala Paul Almeida, en El Salvador, democracia y neoliberalismo son dos procesos que se instauran en paralelo.

El sábado 29 de julio se llevó a cabo el conversatorio “No se mata la verdad matando periodistas: Charla sobre la situación de la prensa en México”, organizado por la Asamblea de Mexicanxs en Argentina, en conjunto con los sindicatos SIPREBA y ARGRA. El evento se llevó a cabo en el marco de la 28º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino que se realiza en el Palais de Glace, del 14 de julio al 12 de agosto de 2017. Desde el año 2000 a la fecha, han sido asesinados más de 100 periodistas en México, entre ellos, Javier Valdez, autor de libros como Narcoperiodismo, quien fuera asesinado el 15 de mayo de este año.

Venezuela: país petrolero, convertido durante todo el siglo XX en un gran pozo de crudo para exportar a precio de gallina flaca a los centros de poder. País colonia, otrora del imperio español luego del estadounidense y su mayamización de la subjetividad común. País anticomunista, cuya “democracia vitrina” logró ocultar los miles de desaparecidos y asesinados por los gobiernos del “disparen primero averigüen después”.

Venezuela se convirtió, como nunca, en la capital de la disputa continental. Ahí se librará este domingo otra batalla clave de gran impacto para el futuro de América Latina: la revolución bolivariana buscará fortalecerse con una buena participación en las elecciones para la Asamblea Constituyente y la oposición intentará sabotear los comicios y avanzar por la vía violenta hacia el “asalto final”, siempre en nombre de la libertad y la democracia.

7.132 armas de la guerrilla de las FARC-EP fueron entregadas a la misión de la ONU. Con esto, cumplen su palabra y la sociedad colombiana espera que el Gobierno haga lo mismo: que entregue tierras, democratice el sistema político e implemente sin trucos los acuerdos de La Habana.

Movimientos de la región afirman que el campamento estaba siendo objeto de reintegración de posesión. Organizaciones sociales repudiaron masacre y lanzaron campaña internacional denunciando el nivel actual de la represión.

El analista y referente de la Mesa Social para la Paz en Colombia, Juan Houghton, plantea que el gobierno de Juan Manuel Santos ha optado por su plan B: “dinamitar el proceso con el ELN e irrespetar los acuerdos con las FARC”, y que busca una apuesta electoral victoriosa con sectores que “le exigen hacerle conejo a los acuerdos”, dejando atrás la pretendida coalición con los que estaban por la Paz.