El mentor de la estatización del sistema de pensiones, es imputado con pruebas dudosas y testimonios endebles por un poder judicial que trabaja para “el fin de ciclo”. Sin perdón al Vicepresidente, la herejía de las estatizaciones.
El Poder Judicial envió otra señal al kirchnerismo fomentando la presunción de un fin de ciclo y apuntando a cualquiera que pretenda postularse como candidato a sucesor del llamado “kirchnerismo puro”. Los jueces federales sólo avanzan contra los Gobiernos cuando consideran que comenzaron a despedirse del poder; es una máxima conocida en los círculos políticos.
Ya en febrero de este año, el juez federal Claudio Bonadío asestó un fuerte golpe a la Casa Rosada al citar a declaración indagatoria el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y al secretario de Comunicación, Alfredo Soccimaro y al hasta hace poco número dos de esa dependencia, Rodrigo “Rodra” Rodríguez. Previamente, la Corte Suprema había obligado al gobierno días antes a destinar parte de la pauta oficial a Canal 13. La sucesión de decisiones sobre un mismo tema y la centralización de acciones de gran impacto mediático en figuras particulares del Poder Ejecutivo, confirma que la llamada “familia judicial” aboga por una salida del kirchnerismo por la puerta trasera.
Por otro lado, son también más las señales políticas de alto impacto que auguran el auge de un eje político de funestos recuerdos para el país: a principios del mes de junio la misma justicia federal sobreseyó a varios funcionarios y banqueros durante el gobierno de la Alianza durante el llamado “megacanje”, una operación estudiada por el alto impacto que tuvo sobre las finanzas públicas y que fue calificada de “estafa monumental” al país por el fiscal actuante en la causa.
A esto se suman otros procesamientos similares, como el caso de Luís D’Elía, por los incidentes ocurridos en 2008 en el marco del lock out agropecuario contra la Resolución 125. Todo apunta a una bajada de pulgar del establishment.
El llamado caso Ciccone
La familia Ciccone fue uno de los tantos grupos de influencia beneficiarios de la conocida como “Ley Dromi”, que abría el marco legal para la privatización de los servicios públicos en la época del menemato. Se trataba de un caso llamativo donde el papel moneda estatal y de curso legal quedaba en manos de una empresa privada.
La operación de entonces, gestionada por el entonces subsecretario de Servicios Financieros César Deymonnaz, y diagramada por las consultoras “expertas” en privatizaciones KPMG, Booz Allen & Hamilton, Price Waterhouse y McKinley, hoy señaladas como responsables de las quiebras de varios países, cedía a particulares el principal instrumento material de emisión monetaria.
En el año 2012, y a partir de faltantes que el BCRA estaba informando desde 2009 y que llevó inclusive a que en 2011 se importaran billetes fabricados en Brasil y Chile, se llevó adelante un proceso de estatización puesto bajo sospecha a partir de supuestas proximidades del Vicepresidente Amado Boudou con el dueño de la estatizada Compañía de Valores Suramericana (ex Ciccone), Alejandro Vanderbroele.
Pero lo cierto es que las acusaciones en las que se funda la resolución de procesamiento emitida por el juez federal Ariel Lijo, están basadas en testimonios de personas interpuestas o que han ido modificando su testimonio a lo largo del proceso según iba acompañando (o no) el rating mediático de atención. Fundamentalmente porque la estatización de Ciccone no supuso una carga fiscal para el erario público, ya que uno de los objetivos del pase a manos del Estado era obtener la maquinaria y la ingeniería para recuperar el monopolio de la impresión del papel moneda, independientemente de que las deudas de la sociedad original siguieran quedando imputadas a sus antiguos titulares.
Confrontada con esa evidencia, los principales medios de comunicación han venido mostrando presuntas “evidencias” de esta acusación contra Boudou mediante testigos altamente incoherentes entre sus declaraciones a la prensa y lo que posteriormente manifestarían en sede judicial.
Decisión tomada hace tiempo
Diego Pirota, abogado defensor de Boudou, manifestó tras conocerse el procesamiento del Vicepresidente que la decisión estaba tomada hacía meses. Aseguró que “esta decisión Lijo la toma antes de los llamados a indagatoria. No estudié la resolución en profundidad, leí pasajes. Es muy raro, hasta ayer había indagatorias y el proceso ya estaba redactado. No sé cuál es el derecho de legítima defensa en ese marco. Esa es una de las tantísimas irregularidades que tiene el trámite del proceso”.
En diálogo con Radio América, Pirota sostuvo: “Es evidente que el juez ya había decidido procesar a todos. Esto confirma aún más que lo que pasó este último mes es una farsa, un aparente ejercicio de derecho. Lijo ya sabía lo que quería hacer, al contrario de lo que un proceso judicial manda”.
En tanto, mencionó que el juez Lijo decidió “apurar los tiempos sin dar lugar al nuevo pedido de indagatoria por parte del vicepresidente porque tenía miedo de perder la causa. Él se quería quedar con la causa, tenía miedo de perderla. Existía el rumor de que lo correrían, por eso decidió citar a Boudou en un marco extraño. Eso no corresponde, pero el tiempo nos da la razón de que así fue, por eso aceleró todo”.
Sin perjuicio de su otrora militancia en el partido del ex golpista Álvaro Alsogaray, un sector importante del poder económico no le perdona a Boudou la peligrosa decisión de arrebatar por mano del Estado una importante fuente de negocios oscuros: jubilaciones y papel moneda, nada menos.