Lisbeth Montaña E.*
Tras 20 de años, la semana pasada la Corte Constitucional de Colombia les reintegró a campesinos y campesinas de la Hacienda la Bella Cruz, en el sur de Bolívar, el derecho a vivir y producir en estas tierras que vuelven a ser de su propiedad. Se trata de 1200 hectáreas que se encuentran ubicadas en el sur del Cesar, en los municipios de La Gloria y Pelaya.
La historia del despojo
La historia de esta hacienda es la historia de Colombia y Latinoamérica, donde la violencia de terratenientes y grandes empresarios han despojado a los campesinos de sus tierras. El caso de La Hacienda Bella Cruz es un ejemplo de resistencia de varias familias que fueron desplazadas por el ex embajador, Carlos Arturo Marulanda, y su familia utilizando a paramilitares del bloque de las autodefensas del Sur del Cesar en cabeza de su jefe Juan Francisco Prada alias “Juancho Prada”.
Entre el 11 y el 15 de febrero de 1996, 40 personas fueron asesinadas y entre 170 a 280 familias fueron desalojadas de su Hacienda BellaCruz por orden de los hermanos Marulanda (ver: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5518-piden-investigar-al-exministro-carlos-arturo-marulanda-por-desplazamiento-en-la-hacienda-la-bellacruz ). Los paramilitares quemaron por lo menos 250 ranchos y dieron un plazo de cinco días para desocupar la propiedad. Días después, numerosas personas que salieron con vida del desalojo fueron amenazadas, desaparecidas o asesinadas.
El Estado reconoció estos hechos como un crimen de lesa humanidad y asumió la responsabilidad del Ejército por acción y omisión, ya que el desplazamiento contó con la complicidad de un teniente y sus unidades de la base militar de Ayacucho que tiene sede en el municipio de La Gloria.
Luego de este episodio, la tierra fue comprada por el magnate brasileño German Efromovich a la familia Marulanda, quienes seguirían siendo inversionistas en los negocios de este empresario, en empresas vinculadas al monocultivo de palma aceitera y piña. Todo ello sin que se reconociera que esta tierra fue despojada a los campesinos de forma violenta y comprada de forma ilegal.
Ocupación, lucha por la tierra y recuperación por la permanencia en el territorio
En junio de 2015 las comunidades retornaron a una parte de la hacienda. Organizadas en asociaciones campesinas como ASOCADAR (Asociación Campesina de Desplazados al Retorno), varias familias campesinas ocuparon las tierras que venían peleando jurídicamente desde el año 2009, cuando instauraron una demanda al Estado por el caso de los dos territorios.
Las acciones jurídicas y de hecho estuvieron acompañadas por la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar, una organización que aglutina a varios procesos comunitarios de la región. En este contexto, el día 12 de mayo pasado la Corte Constitucional en Colombia le dio la razón a las comunidades despojadas de la hacienda la Bella Cruz, ordenó que más de 1200 hectáreas fueran devueltas y que en tres días se debe revocar y cancelar los registro de la empresa de Efromovich; eso significa que todo producto que el empresario haya sembrado deberá ser retirado, lo que implica retirar los cultivo de palma aceitera que fueron sembrados para la empresa Agronegocios.
Sin embargo, frente a esto, el líder Fredy Rodríguez Corrales de ASOCADAR (Asociación Campesina de Desplazados al Retorno) explicó: “A los campesinos no les interesa la palma, los campesinos van a trabajar la tierra como campesinos y no como empresarios”. Luego de este proceso, la Agencia Nacional de Tierras deberá legalizar y titular los territorios a las comunidades campesinas.
Según Teófilo Acuña, miembro de la Comisión de Interlocución, “la gente desde siempre ha sabido que esas tierras son de ella y que con o sin el fallo siempre estuvo la esperanza de poder retornar, es por eso que las organizaciones sociales saludamos el fallo positivo que dio la Corte Constitucional y con este mensaje queda ratificado que los campesinos siempre han tenido la razón en el tema de exigir la tierra para la vida”.
La seguridad en el Sur de Bolívar
A pesar de este fallo, se conoce por algunas declaraciones y acciones, que existen allí estructuras paramilitares e incluso algunos jefes paramilitares continúan dando órdenes desde las cárceles para generar amedrentamiento a las familias que ocupan estos territorios. Dicen que cuando estén en libertad los integrantes de este grupo paramilitar piensan retomar a estas tierras.
Por otro lado en el Sur de Bolívar se ha dado una permanente violación de derechos humanos y el conflicto armado sigue en ascenso. Esto quedo claro cuando en el mes de abril se desarrolló un paro armado en la región, en las cabeceras municipales, en presencia de la policía y las fuerzas militares. (ver: http://www.elespectador.com/noticias/politica/paro-armado-del-clan-usuga-aterroriza-poblaciones-antio-articulo-624775 )
Por otro lado, el mismo 12 de mayo se realizó una operación conjunta por parte del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) en la Garita el municipio de Rio viejo, en el departamento de Bolívar, donde se llevaron a varias personas detenidas y se robaron las pertenecías de la gente. Esto es una muestra de la situación que vive la región de forma permanente: hay una persecución de la fuerza pública y no hay instituciones públicas que intervengan para salvaguardar la vida de los habitantes de las comunidades.
En este contexto, vale celebrar que las comunidades campesinas hayan logrado una victoria importante, pero no hay que olvidar que siguen amenazadas por las agresiones militares y paramilitares, por lo que piden solidaridad y apoyo nacional e internacional.
*Educadora y comunicadora Cedins – Congreso de los Pueblos.