Por Mario Hernández / Foto por Oscar Alerta
Alentado por la votación favorable de la Ley Buitre con el apoyo imprescindible y mayoritario del bloque peronista de senadores, el gobierno macrista avanzó con su plan de despidos y los tarifazos en servicios y transporte. Se suma, además, una inflación estimada del 25% para el primer semestre.
Durante el último día hábil de marzo, el gobierno hizo pública su decisión de aplicar un shock tarifario que comprende al gas, el agua potable, el transporte público, la telefonía y los combustibles.
Las tarifas de colectivos y trenes del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires pasaron a costar $ 6 a partir del viernes, en el caso de los primeros, y entre 2 y 4 pesos los trenes. Avalando el tarifazo, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue acompañado por el titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, que había obtenido un aumento salarial del 29% en cuotas para doce meses.
A no sorprenderse. El periodista Jorge Duarte publicó en el sitio Infogremiales que “la intranquilidad recorre los despachos de varios dirigentes sindicales del país. Es que la Caja de Pandora abierta por los Panamá Papers, y sus insospechados derivados, puede arrastrar a varios a un lugar incómodo y difícil de explicar: la posesión de corporaciones en el exterior”, como son los casos (por ahora) de Omar Maturano (La Fraternidad), “Momo” Venegas (trabajadores rurales) y Guillermo Pereyra (petroleros), señalados por su participación como directores en corporaciones estadounidenses.
Paralelamente, un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que no toma en cuenta los aumentos anunciados la semana pasada, afirma que tan solo en 3 meses los pobres crecieron en 1.400.000 personas y los indigentes en 350.000. Estimó en 34,5% el índice de pobreza en marzo, lo que equivale a 13.000.000 en todo el país.
Arde Tierra del Fuego
Ayer, 11 de abril, la Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego realizaron un paro total de actividades con una movilización que partió desde el acampe, frente a Casa de Gobierno, hasta el Juzgado Electoral. La medida de fuerza se llevó a cabo en el marco del plan de lucha que cuenta con más de cuarenta días de persistencia.
La convocatoria entregará a la Justicia y a la Legislatura las más de 16.000 firmas de Iniciativa Popular que busca que la Cámara evalúe en sesión la derogación de las leyes 1068 a 1076 inclusive y, además, “crear una Comisión para discutir y generar normas para el bien común que atiendan las necesidades del Sistema de Seguridad Social”.
La actual gobernadora, Rossana Bertone (del Frente para la Victoria) aprobó, junto con la Legislatura de Tierra del Fuego, un paquete de leyes que encierra un cercenamiento a los derechos sociales y laborales como el aumento de la edad jubilatoria, el descuento salarial a los estatales activos, jubilados y a los pensionados por discapacidad. Está en vigencia desde los primeros días de enero.
Ciudades paradas, estatales de pie
La CTERA se vio obligada a convocar un paro nacional, que se esforzó por evitar al comienzo del ciclo lectivo, el pasado 4 de abril, presionada por las grandes luchas de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Mendoza.
En Mendoza la jornada estuvo precedida por un plenario conjunto de delegados de Sute (docentes) y ATE (estatales) del que participaron más de 700 compañeros.
Mendoza amaneció con las escuelas vacías y los hospitales paralizados; tampoco circularon los trolebuses y el Metrotranvía. En la Universidad Nacional de Cuyo el paro se sintió fuerte y en las escuelas privadas el acatamiento fue importante. Judiciales realizó asambleas, al igual que Ampross (profesionales de salud). Aunque las delegaciones cegetistas se vieron obligadas a participar del plenario de delegados mencionado, con pequeñas delegaciones que se comprometieron a parar, finalmente no lo hicieron.
En Santiago del Estero, la jornada estuvo precedida por una inmensa movilización provincial el 2 de abril, de la que participaron cerca de 20.000 personas, en Termas de Río Hondo, aprovechando la realización del premio internacional de motociclismo, Moto GP. El apoyo popular fue abrumador, la nota discordante la dio el secretario general de la CGT local y el secretario general de Sadop (docentes privados) que repudiaron el paro en conferencia de prensa.
Luego de una jornada unitaria de lucha por un 40% de aumento en sus salarios y más puestos de trabajo, el viernes, más de 400 representantes y delegados del Polo Obrero, Barrios de Pie, FPDS, Agtcap, PeM, FOL, MST y otros, reunidos en el salón de actos de la sede de ATE Capital, votaron la continuidad del plan de lucha con un corte y marcha desde Liniers a los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social por trabajo genuino, aumento y contra los tarifazos y despidos para el próximo 19 de abril. Ese día se suma también la conducción nacional de ATE con un paro nacional. Mientras, en las dependencias pelean todos los días y sin tregua contra los despidos.
Dos buenos ejemplos son las y los trabajadores de los ministerios de Trabajo y Economía. En Trabajo con asambleas que superan los 1.000 trabajadores, las más grandes en la historia del organismo, y que incluso llevaron a la burocracia de UPCN a adaptarse a la situación y participar.
Hasta el momento, los funcionarios dijeron que están dispuestos a reincorporar a las embarazadas, a los discapacitados y los veteranos de Malvinas; lo que representa una ínfima parte del universo de los despedidos.
El 6 de abril el paro nacional fue total, y se consiguió impedir el funcionamiento del ministerio por quinto día consecutivo. En el acto hablaron representantes de todas las corrientes político-sindicales que tienen peso en ATE.
En el Ministerio de Economía, la asamblea permanente establecida por ATE logró el compromiso por parte de los funcionarios de reincorporar alrededor de 30 trabajadores y trabajadoras.
No es casualidad que las luchas más importantes registradas hasta el momento contra los despidos vengan de juntas internas combativas, que fueron ejemplos en la lucha contra la precarización laboral en los últimos años, y que no responden a la Verde ni a la Verde-Blanca. En estos dos organismos, la Lista Bermellón de oposición ganó ampliamente en las últimas elecciones de ATE.
Por otra parte, las y los trabajadores nucleados en la Mesa Coordinadora de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar denuncian la falta de cumplimiento del compromiso asumido por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, ante el Consejo Directivo de ATE de garantizar la continuidad laboral de todo el personal de la Secretaría de Agricultura Familiar en todo el país.
“Volveremos usando la fuerza del diálogo”, dijo Macri al recordar el sábado 2 de abril los 34 años de la Guerra de Malvinas. Sólo 24 horas antes desmanteló la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y despidió a todo su personal.
Al respecto, el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, reconoció oficialmente que los despedidos del Poder Ejecutivo son 10.921, que equivalen al 5% de los 217.000 empleados que conforman la plantilla total.
A los cuales se suman los últimos 1.000 despedidos del Estado nacional que surgen de: 250 en la Biblioteca Nacional, 200 en el Ministerio de Hacienda, más de 200 en el Ministerio de Trabajo, más 100 en Cancillería, 120 en Migraciones y 100 en el RENAR.
Desde el 10 diciembre en el Estado nacional la cifra de los despedidos llega a 10.000 y en los estados provinciales y municipales hubo más de 20.000, lo que suma 30.000 expulsados del sector público.