Por Graciela Touzé*. La noticia de la no renovación de José Ramón Granero al frente de la SEDRONAR en el nuevo período presidencial de Cristina Fernández abre interrogantes e invita a revisar la historia de este organismo.
La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) fue creada en 1989, directamente bajo la órbita de Presidencia de la Nación, por el entonces mandatario Carlos Menem. Llegó junto a la sanción de ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, que estableció la persecución a las personas que usan drogas y su encarcelamiento en caso de no aceptar hacer un tratamiento. Se concentraron así en un único organismo responsabilidades tan dispares como la persecución criminal, la atención de la salud y la prevención.
Veinte años de esta ley brindan resultados contundentes: siete de cada diez detenidos por la ley de drogas son consumidores, el resto son mulitas (transportistas fronterizas con pequeñas cantidades) y pequeños vendedores de barrios pobres, que llegan a ser un tercio de las personas detenidas en las cárceles federales, en abrumadora mayoría mujeres jefas de familia y migrantes pobres.
La SEDRONAR operó como organismo político de legitimación de la aplicación de esta ley, que continúa vigente, aunque un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2009 -el fallo Arriola- cuestiona su contenido y existen en el Congreso de la Nación nueve proyectos para reformarla.
Con matices según la gestión, las posiciones de la SEDRONAR no profundizaron en una perspectiva de atención de la salud pública. A principios de los 90, en plena epidemia de transmisión de VIH entre usuarios de drogas inyectables por compartir jeringas -cuando en esta población se concentraba casi la mitad de los casos de sida diagnosticados en el país-, el entonces secretario Eugenio Lestelle se opuso explícitamente a apoyar los programas de entrega de jeringas limpias, que ya tenían reconocimiento internacional por su éxito para controlar la transmisión del VIH.
La estrategia asistencial privilegió la tercerización de la asistencia y no fortaleció la respuesta pública de salud. Además, no promovió las estrategias de reducción de daños, de probada efectividad para mejorar la calidad de vida de los usuarios de drogas. La SEDRONAR concentró la asistencia en becas para dispositivos de internación y, en menor medida, ambulatorios, pero sin inserción comunitaria, que es clave para abordar los problemas relacionados con el consumo problemático de drogas tal como reconoce la nueva ley de salud mental.
Si acordamos que esta es una problemática compleja que impacta en la salud, educación, familia y el mundo del trabajo, estas áreas de gobierno deberían participar en un abordaje intersectorial, lo que la SEDRONAR no promovió. Su creación, pareció “quitar responsabilidad” a otras áreas de gobierno.
A partir de 2007, el Estado Nacional mantuvo dos políticas de drogas en simultáneo. Por un lado, se mantuvo a José Granero al frente de la SEDRONAR con los lineamientos señalados. Por otro, bajo la órbita de Jefatura de Gabinete se creó un Comité Científico Asesor que estableció una batería de recomendaciones y proyectos de reforma de la ley 23.737. Estas posturas contrapuestas llegaron incluso a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, cuando en la sesión de 2008 el entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández planteó como posición oficial la despenalización de la tenencia para consumo personal y la reducción de daños.
La expectativa de estos días se centra en qué perspectiva será la que prime en la conducción de la SEDRONAR en esta nueva etapa. Los lineamientos de la ley de Salud Mental establecen un camino. La jurisprudencia de la Corte Suprema con el Fallo Arriola y las propuestas de reformas de la ley de estupefacientes van en el mismo sentido.
*Trabajadora Social e Investigadora de la UBA. Miembro de Intercambios Asociación Civil www.intercambios.org.ar