Por Lucas Pedulla. Hace un año, Jon Camafreita y Marcelo Sepúlveda fueron asesinados por efectivos de diversas fuerzas policiales. Eran primos. En diciembre, un cabo de la Federal fue procesado por homicidio agravado, pero el juez prefirió no dictarle preventiva. La pena es prisión perpetua.
-Pará, Policía– había ordenado el cabo de la Federal Martín Alexis Naredo.
Jon Camafreita había salido con amigos y primos la madrugada del 21 de enero de 2012. Una disputa entre dos grupos de jóvenes, de la que Jon no participó, hizo que la reunión concluyera precipitadamente y cada uno se dispersara tras la llegada de efectivos de la comisaría 8va, del barrio porteño de Balvanera.
En camino a su casa por Av. Independencia, cerca de las 2:30, Jon fue abordado junto a un amigo por un patrullero. Sonó un disparo. Jon cayó y murió cinco días después en el Hospital Ramos Mejía. Tenía 18 años. Era del partido bonaerense de Moreno, pero vivía y trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires.
A un año de los hechos, el juez de Instrucción Eduardo Daffis Niklison procesó al cabo Naredo por el delito de “homicidio calificado” agravado por haber sido cometido por un policía en funciones. El juzgado 41, en un comienzo, había dictado la falta de mérito del cabo, pero ante la presión familiar y la evidencia, tuvo que retroceder. Sin embargo, optó por no dictarle la prisión preventiva. La pena por este tipo de casos es prisión perpetua, por lo que resulta llamativa la decisión. Por otro lado, las pruebas para el procesamiento eran determinantes.
Naredo, en indagatoria, había declarado que su arma reglamentaria “se disparó” tras un “forcejeo” con Jon. Sin embargo, un dato hacía tambalear el relato del cabo: la bala entró por el lado derecho de la nuca del joven y salió por la sien izquierda, impactando en la parte inferior de la persiana de un local de la cuadra. La trayectoria era elocuente: a menos que Jon hubiera forcejado de espaldas y agachado, lo declarado por Naredo era inverosímil. La coartada del disparo “accidental” era muy frágil.
En julio, los resultados de las pericias sobre el arma, la gorra de Jon (objeto encontrado en la escena), el orificio de entrada y el impacto en la persiana permitieron una reconstrucción gráfica para determinar la posición de la víctima y del cabo en el preciso instante del disparo.
La abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y querellante, resume los resultados:
La gorra: “Según se pudo establecer, el arma estaba apoyada en el cuero cabelludo. Fue un tiro a quemarropa. Porque en el orificio que dejó la bala, en el hueso, había restos de pólvora. Pero no había en la tela de la gorra: si el arma hubiese estado a un centímetro, la pólvora habría quedado. Eso pudo establecer la distancia del disparo”.
La trayectoria: “El ángulo de la cabeza de arriba hacia abajo y el impacto en la persiana permitieron hacer la proyección. La conclusión de gendarmería fue que, para que la bala tuviera ese ángulo, la pistola necesariamente tuvo que estar apuntando de arriba hacia abajo. Entonces: o el policía tenía que estar subido a un banquito o el pibe tenía que estar arrodillado o agachado. Eso deshace por completo la tesis del forcejeo”.
El arma: “No era fácil de disparar. Más allá de que ningún arma se dispara sola porque siempre tiene que haber alguien apretando el gatillo, en este caso en particular el arma tenía un pequeño defecto por el mal mantenimiento: tenías que aplicarle una fuerza que no es accidental y requería deliberación para poder martillarla. Por lo que, necesariamente, fue un acto voluntario”.
Verdú no deja de destacar un punto: estos resultados estuvieron listos en julio. El juzgado tardó seis meses en revocar la falta de mérito y dar lugar a las pruebas recabadas. La presión por parte de la madre de Jon, Delia Castro, y sus familiares, fue fundamental. Cabe recordar que, a dos meses de los crímenes, ellos fueron salvajemente reprimidos y encerrados durante una noche en la mismísima comisaría 8va, imputados por “atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”.
Ahora, apenas la Cámara de Casación confirme el procesamiento, el juez deberá decidir si la instrucción está completa para que la fiscalía y la querella requieran la elevación a juicio oral.
Sepúlveda
Marcelo Sepúlveda tenía 26 años y había llegado de General Pico (La Pampa) a la localidad de Benavídez, en el Partido de Tigre. Trabajaba en Volkswagen y tenía el sueño de poner una mini empresa en su provincia para trabajar con su familia.
A diferencia de la causa de su primo, aún hay algunos detalles nebulosos. En la madrugada del 9 de enero, Marcelo corrió por un predio descampado. Pedía ayuda. Huía de alguien al que, todavía, no se pudo identificar. El terreno, si bien no estaba cercado, pertenecía a la empresa metalúrgica Ferrosider, por lo que estaba custodiado por la agencia de seguridad privada Securitas S.A.
El agente de guardia era Carlos Alberto Maidana y relató en el acta inicial de la causa que “escuchó ruidos”. Avisó a su superior, Mariano Javier Russo y llamó a la Policía. Luego escuchó que golpearon la ventana, y volvió a llamar diciendo que había un “NN en el establecimiento”. Declaró que se trabó en una “lucha” con el intruso y lo redujo.
Los llamados de Maidana motivaron la llegada de los oficiales del Centro de Operaciones de Tigre (COT) y de la comisaría 4ta de Benavídez. Los nombres que tramitan en la causa son: sargento Yanina Borda y Noelia Coqui; teniente primero Ricardo Lehn; sargento Marcos Alanís; y los subtenientes Jorge Otazo y Darío Tévez.
En entrevista con Revista Sudestada, la abogada Verdú denunció: “Los que trasladan a Marcelo son Alanís y Otazu. En ese patrullero es donde murió. Lo que no se sabe es quién le pegó o lo que haya pasado”.
La autopsia reveló que Marcelo Sepúlveda fue salvajemente golpeado. Pero, a pesar de la gran cantidad de lesiones, Verdú apunta que “ninguna aparece con suficiente importancia para haber causado la muerte”. Aún se barajan varias hipótesis. Pero hay un dato curioso: los policías insisten en que Marcelo se golpeó solo.
Las pruebas se obstinan en mostrar que ocurrió exactamente lo contrario.