Por Francisco J. Cantamutto
Trascendió por anuncios informales que los fondos buitres más litigiosos habrían arreglado con Argentina. ¿Capítulos finales de la entrega del país?
Tal como explicábamos hace poco, el gobierno de Macri lanzó una campaña de arreglo con los fondos buitres en litigio en las cortes de Nueva York. Se busca conseguir el acuerdo con estos houldouts a toda costa, abiertamente reconociendo la posibilidad de ceder ante cualquier reclamo. Es un paso clave para el nuevo gobierno, pues según sus propias declaraciones, es el instrumento para reanudar la relación del país con los mercados de crédito internacionales. En buen criollo, retomar el camino de la deuda. El programa de salvaje ajuste que está llevando adelante el gobierno requiere de fuentes de financiamiento para evitar una crisis fiscal y económica generalizada.
En este marco, el ministro Prat Gay –antiguo funcionario de la banca JP Morgan- había anunciado sin mayores precisiones una oferta de pago por 6.500 millones de dólares. Este monto está envuelto en múltiples imprecisiones. Por un lado, se presentó esta propuesta como una quita frente a una deuda total en litigio de 9.000 millones de dólares, pero hasta ahora se ha negociado con acreedores por menos de 5.000 millones. Prat Gay señaló que para pagar a estos acreedores, emitiría deuda por 15.000 millones. Esta cifra sigue por debajo de los 20-30.000 millones que el mismo ministro señalara como el total de holdouts previamente. En síntesis, no sabemos cuánta es la deuda sin arreglo, cuánta la que está en litigio, con qué proporción se está arreglando ni cuánto nos costará.
El acuerdo no es aun firme. Se trata de una indiscreción del abogado de los fondos buitres, Matthew McGill, que reconoció públicamente que NML Capital y Aurelius –los fondos administrados por Paul Singer- estarían de acuerdo con la oferta. Como se trata de los dos principales buitres en materia de juicios a la Argentina en las cortes de Nueva York, socios en la acción con el juez Griesa, esta noticia fue leída como el anticipo del cierre del problema. Con otros dos fondos que ya aceptaron, la negociación estaría casi cerrada, estando pendientes solo precisiones técnicas de la talla de los plazos y formas de pago. El mediador Daniel Pollack se enojó por este anuncio por fuera de la negociación formal, pero ninguna fuente desmintió los dichos.
Griesa debería levantar las cautelares que emitió en los últimos 4 años para permitir el arreglo. El juez demandó para ello que el gobierno logre el acuerdo del Congreso. Por eso, el jefe del bloque de diputados de PRO, Nicolás Massot, ya explicó que enviará en breve el proyecto para derogar las leyes que complican el pago. Se trata de la Ley Cerrojo (N° 26.017) de 2005, que prohibía la reapertura del canje de Kirchner de ese año, y la mal llamada Ley de Pago Soberano (N° 26.984) de 2014, que declaraba de interés público el pago de la deuda y comandaba a investigarla al mismo tiempo. La Ley Cerrojo se suspendió en dos ocasiones ya (2010 y 2013) para permitir el pago con acreedores que no entraron al canje en 2005. La comisión creada para investigar la deuda mediante la Ley de Pago Soberano no ha producido ningún efecto real. Al enviar la iniciativa al Congreso, el PRO busca compartir la responsabilidad por la deuda con las fuerzas políticas mayoritarias, una auténtica política de Estado contra el pueblo, de las que demandan los analistas ligados al empresariado. Gane quien gane, que no se toquen los fundamentos de la economía.
Se cerraría así, una vez más, la oportunidad de auditar la deuda y repudiar el pago. Investigar y repudiar es la única posible salida soberana al problema de la deuda. Una operación ilegal e ilegítima que no puede extenderse más en el tiempo. La política de pagos seriales no logró resolverla a pesar de haber puesto a disposición miles de millones de dólares: la voracidad del capital no tiene límites.
La propuesta de Macri representa un retroceso fuerte en la materia. Referentes de Scioli y Massa salieron a respaldar la decisión, dándonos la razón respecto al acuerdo común que tenían en esta materia. Se trata de rendirse ante las fracciones más predatorias del capital financiero, sin obtener nada a cambio. Si los capitales entran al país luego de esta operación, se tratará de nueva deuda para financiar el ajuste que se está llevando adelante: es decir, si esta operación tiene “éxito” será una derrota mayor para todo el pueblo, que se ve obligado a vivir en peores condiciones para pagar la deuda que no lo benefició en nada.