Por Ernesto Villar*. El déficit estructural de Buenos Aires, presentado en la primer parte de esta nota, exige cambios progresivos radicales para dar una solución sustentable al desequilibrio presupuestario de la provincia.
En ese sentido, se debe encarar una reforma impositiva de fondo que incremente la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos. Resulta obsceno apreciar la recaudación del impuesto inmobiliario rural en una de las regiones agropecuarias más productivas del mundo, con el nivel de rentabilidad extraordinario que le brinda la coyuntura internacional a ese sector. Se debe tener en cuenta que del total de impuestos que recauda la provincia, sin contar la recaudación que recibe de Nación, el inmobiliario rural aporta sólo el 2%.
Sin embargo, las exorbitantes ganancias del sector no son apropiadas únicamente por los dueños de las tierras. Al modelo de producción agropecuaria, luego de permitir la introducción de agrotóxicos, ingresaron otros jugadores que dominan el negocio de los alimentos en forma oligopólica. De esta manera se creó un mercado donde la producción de dichos agrotóxicos junto con las exportaciones del sector está fuertemente concentrada. Si bien el Gobierno Nacional es el encargado de recaudar los impuestos a las ganancias y bienes personales, Buenos Aires tiene potestades para aplicar mayores impuestos teniendo en cuenta la renta extraordinaria que obtienen por el uso de la tierra.
También es necesario avanzar en una mayor carga fiscal sobre los barrios cerrados y torres de lujo, cuya expansión experimentada en los últimos años no se vio reflejada en la evolución de lo recaudado por el impuesto inmobiliario urbano que los grava, así como también en los autos de alta gama y las embarcaciones.
A su vez, se debe mencionar que en el año 2008 se reimplantó el impuesto a la herencia, pero sólo aportó un 0,07% del total de ingresos tributarios recaudados por la provincia en 2011, es decir que existe margen para incrementar el nivel de recursos a través de este impuesto.
Por el lado de los gastos, los subsidios a los colegios privados son una variable posible de ahorros. En el presupuesto 2012, los mismos alcanzan alrededor de $4.300 millones, equivalentes al 65% del déficit total presupuestado para ese año y a cerca del 10% del pago de salarios de todos los trabajadores de la provincia. Esto implica que, si se eliminan estos subsidios, se podrían aumentar los sueldos un 10%. Si bien parte de estos beneficios son recibidos por sectores de clases medias bajas y bajas, está claro que una gran parte de los mismos recaen en sectores medios y altos. Así, la baja de los subsidios sería absorbida por los dueños de los colegios privados y por los padres de los alumnos, a través de una menor ganancia para los primeros y una mayor cuota pagada por los segundos.
Por su parte, también es necesario redefinir el proceso de descentralización de servicios de la órbita nacional a la provincial sin los correspondientes recursos para financiarlos. La creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) en 1998 y del Fondo de Compensación Salarial con la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 son dos ejemplos que van en dicha dirección pero que no son suficientes. Se debe tener en cuenta que, con respecto al primer fondo, la provincia tiene presupuestado recibir durante 2012 sólo el 4% de las remuneraciones de los docentes de dicho año. A su vez, en lo que respecta al segundo fondo, Buenos Aires percibió transferencias sólo entre los años 2007 y 2009, y por montos inferiores al FONID. La desfinanciación de la educación requiere una fuerte inversión del Estado Nacional para revalorizarla en un contexto donde este servicio cumple un rol fundamental, sin descartar la posibilidad de que vuelva a ser una responsabilidad del gobierno central.
Finalmente, se puede concluir que si se continúan implementando políticas de ajuste y precarización de los trabajadores, junto con recorte de planes sociales y programas de salud, complementadas con fuentes de financiamiento no sostenible, como se menciona en la primer parte de esta nota, sólo se pretende hacer viable un modelo fiscal deficitario estructuralmente sobre las espaldas de los sectores de menores recursos. Únicamente una reforma progresiva de fondo puede dar una solución justa y sustentable al desequilibrio presupuestario provincial.
* Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social