En los últimos 4 años, la población detenida en la provincia de Buenos Aires aumentó en más de 14 mil personas, lo que representa una sobrepoblación del 137%. La huelga de hambre que llevan adelante presxs exige a las autoridades judiciales y ejecutivas la conformación de una mesa de diálogo con lxs delegadxs de los diferentes penales en lucha.
Por Redacción Marcha / Foto: Jorge Colás del Documental “La Visita”
El encierro como política preventiva y como sentido común ante la resolución de conflictos socio- culturales complejos llegó lejos. En la provincia de Buenos Aires, la situación de las personas privadas de su libertad, es de emergencia ya que a las condiciones edilicias y las torturas sistemáticas ejercidas por las y los agentes del Servicio Penitenciario, se suma la falta de decisiones alternativas al encarcelamiento como castigo ya que más de la mitad de la población carcelaria se encuentra con prisión preventiva y encerrados sin condena firme.
Según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en los últimos 4 años, la población detenida aumentó en más de 14 mil personas, un crecimiento del 42%. Desde 2015, el incremento en comisarías fue del 124%. Esto refiere a que, si tomamos en cuenta el cupo declarado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, que sería de 28.810 plazas, la sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires es del 137%.
Esta situación produjo reacciones desde todos los sectores. Por ejemplo, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia bonaerense sugirió al Poder Ejecutivo, mediante la resolución 3341/19, trasladar algunos de los casi 50 mil presos/ as de las unidades penales a las prisiones federales o de otras provincias a efectos de atenuar el hacinamiento en las cárceles, calificado por la justicia como una “crisis humanitaria”. Sin embargo, para las y los presxs y lxs familiares, si éstos son compulsivos, suelen romper los vínculos de cercanía.
La resolución, señaló a los magistrados que deben mantener la prohibición de alojamiento en comisarías de jóvenes, enfermos y mujeres embarazadas y priorizar el vaciamiento de las dependencias policiales clausuradas. Además, reiteró la importancia del uso racional de la prisión preventiva, en base a los estándares dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky” y el uso de medidas alternativas a la prisión.
Según el CELS, “para revertir esta situación una de las cuestiones fundamentales es que los jueces adopten las propuestas de la Suprema Corte Bonaerense para favorecer las libertades ante delitos leves o que las personas pueden ser investigadas en libertad”. Se insta al poder judicial a “activar mecanismos urgentes para revertir la crisis humanitaria en la que se encuentra el sistema de encierro penal de la provincia de Buenos Aires”.
También el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, en octubre de este año, en la resolución 2301/18 reconocía que “las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario han evidenciado una grave crisis humanitaria que se encuentra en escalado aumento. La fuente de esta realidad se vincula seriamente con un fuerte incremento del encarcelamiento”.
Como consecuencia de estas políticas durante la gestión que acaba de terminar de Cambiemos, se produjo lo que se conoce como la Masacre de Pergamino, en la Comisaría 1 de esa ciudad, donde perdieron la vida el 2 de marzo del 2017 Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre. Muertos por asfixia y por la sobrepoblación de las cárceles en comisarías.
En su discurso de asunción, el pasado 11 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Frente de Todxs), tomó la problemática y afirmó que “hay una sobrepoblación notoria, y además ha habido un fuerte crecimiento, la cifra se elevó unos treinta y tres mil presos” (…), “es una cifra jamás registrada en la historia del sistema penitenciario argentino, que duplica la estadística nacional”.
El gobernador recibió en La Plata el viernes pasado a un grupo de familiares que están acompañando la huelga de hambre que realizan presxs de diferentes cárceles. Allí acordaron la creación de una mesa de diálogo -avalado mediante un decreto firmado por Kicillof- para buscar soluciones al problema de la superpoblación carcelaria en la provincia.
Sin embargo, las soluciones propuestas aún quedan en el nivel institucional, ya que las y los delegados de los penales en lucha, en voz de sus familiares, exigen sentarse frente a las autoridades provinciales para relatar en primera persona las violencias ejercidas por un sistemático torturador Servicio Penitenciario. Un gesto más que simbólico y que comenzaría a reparar tantos años de abusos, silenciamientos y criminalización de la pobreza.
El reclamo sigue y la disyuntiva está del lado del nuevo gobierno. Mientras en los penales las y los presos exigen que quienes están en huelga de hambre sean pesados y atendidos por personal médico particular, las mesas de trabajo se conformarán recién en febrero. El reclamo es urgente pero también histórico. Si no hay respuestas claras de parte del poder ejecutivo y judicial, se irá a una huelga general. Y sino, a un acampe frente al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. No están todas las voces, faltan lxs presxs.