La lideresa Elena Flores, lleva más de un mes privada de su libertad por resistir ante el avance del paramilitarismo en Bolivia. Organizaciones sociales del continente exigen su pronta liberación.
Por Camila Parodi
Elena Flores fue elegida como presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca en el mes de agosto y, tras el golpe de Estado cívico- militar realizado contra el gobierno de Evo Morales, ha sido hostigada de forma constante por su resistencia contra el avance del paramilitarismo en su territorio. Recientemente fue encarcelada y su historia se suma a las numerosas detenciones que se encargan de eliminar al actual sujeto político de la resistencia boliviana.
En una carta realizada desde Bolivia por las activistas internacionalistas del Comité en pro del Pueblo de Chiapas, Cindy Forster y Pambana Gutto Bassett, se denuncia que Elena Flores lleva mas de un mes encarcelada bajo condiciones penosas: “El régimen la ha sometido a amenazas de violencia y una campaña de difamación” afirman luego de concluir una minuciosa investigación que pone de manifiesto las violencias de la dictadura cívico militar contra las y los referentes políticos del Estado Plurinacional.
A su vez, desde su experiencia y trabajo comprometido destacan que en el territorio de las Yungas -donde vive la mayoría de afrobolivianos/as y de donde proviene Elena Flores- el intervencionismo estadounidense ha propagado la violencia paramilitar bajo el pretexto de la lucha contra las drogas junto con las operaciones ilegales de la minería de oro que se potencia en el actual contexto.
¿Quién es Elena Flores?
Elena Flores es una lideresa afroboliviana y sindical que se ha ganado el respeto profundo de mas de 35 mil cultivadores/as de la hoja de coca en las Yungas. Se trata de un territorio situado en las laderas 2 mil metros abajo de La Paz. Elena comenzó a trabajar con el sindicato en su juventud y relata que siempre soñó con servir como presidenta de la Asociación, ya que desde 1983 sólo había sido liderada por hombres. Fue electa en agosto del año pasado gracias a su promesa de expulsar a los paramilitares y, además, de unir a las tres regiones de Inquisivi y Yungas del Norte y del Sur. Es una lideresa sindical que cree en el campesinado y que se dedica a la dignidad y el bienestar de las mujeres.
Flores es la hermana mayor de una familia de 4 hermanos. Ellos cuidan a su madre de la tercera edad quien está enferma y, también, a su hermano con una discapacidad severa. En contacto su familia, Cindy Forster y Pambana Gutto Bassett dan cuenta de su preocupación por no poder protegerlos durante estos tiempos peligrosos del régimen golpista y la pandemia del coronavirus.
La persecución y condena política realizada contra Elena se centra en la denuncia firme que la lideresa realizó contra la criminalidad de la directiva anterior del sindicato, cuyos miembros se rehusaron abandonar sus puestos o convocar elecciones. Aseguran las activistas del Comité en pro del Pueblo de Chiapas que en la actual situación de franca ilegalidad, sus miembros fueron financiados por la derecha boliviana e estadunidense y a la vez entrenados en tácticas paramilitares. Explican también que los ex líderes crearon redes para la distribución de cocaína, y dirigieron un gran chanchullo a base de las cuotas del sindicato.
En la época reciente, los enemigos de Flores se han prestado como fuerzas paramilitares, dirigidas por el ejército y la policía del régimen de la autoproclamada Jeanine Añez. Entran a la ciudad de La Paz como una falange de los grupos de choque y “pititas”, integrados por vecinos conservadores. Mientras, Añez los tilda de héroes y se toma fotos sonriendo con ellos.
Desde el golpe de Estado, Flores ha tomado un papel clave en denunciar la militarización, la fuerte represión y el desprecio a la democracia del régimen de Añez. Ella se compromete con unir su región en el sindicato de cocaleras y cocaleros y también con unir el pueblo indígena y afroboliviana de las Yungas.
Situación actual de las presas políticas
Desde el 4 de marzo, Elena Flores fue encarcelada en el Centro De Orientación Femenino de Obrajes. María Eugenia Choque Quispe también está detenida allí, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de 60 años de edad. Ella fue acusada falsamente de fraude. Antes fue trabajadora social y profesora de historia con enfoque especial sobre las mujeres Indígenas. También, Patricia Hermosa es otra mujer indígena que se encuentra detenida en esta misma cárcel. Es abogada y notaria de Evo Morales. Hermosa fue encarcelada, cuando intentó presentar la documentación obligatoria para oficializar la candidatura de Evo en el Senado. La candidatura de Evo es completamente legal pero ha sido impedido por el gobierno de facto. Son muchas y muchos los presos políticos que han sufrido el encarcelamiento después del golpe de Estado del 10 de noviembre que llevó al poder a Jeanine Añez.
Por su parte, Flores dirigió la toma de un centro de salud, llamado el Centro de Especialidades de Atención Integral, que pertenece al sindicato del cual Elena Flores es la presidenta electa. La clínica había caído bajo el control paramilitar de la derecha gracias al anterior líder sindical, Franklin Gutiérrez. Él instaló redes corruptas y se negó a convocar elecciones, yendo en contra de los estatutos y normas de Adepcoca.
Elena Flores ha sido acosada e intimidada por el régimen porque es una lideresa afro, una organizadora sindical importante elegida en la región donde se cultiva la coca. A su vez, ella apareció al lado de Evo Morales repetidamente durante los meses previos a las elecciones de octubre así como también Las Yungas siempre ha sido una base importante del Movimiento hacia el Socialismo (MAS).
Los cargos falsificados del gobierno golpista
El tribunal del régimen encarceló a Elena Flores con los cargos de robo agravado, daños a la propiedad pública, entrada forzada e impedir que el Estado ejerza sus servicios. La acusan por un delito que, según alegan, tuvo lugar en julio de 2019. Más de seis meses después, el régimen golpista presentó cargos contra ella. Curiosamente, el equipo legal presentó fotografías tomadas en noviembre como evidencia, y el juez golpista las aceptó. El abogado de Flores argumenta que no se le dio aviso adecuado de estos cargos y se le negó el debido proceso.
Estados Unidos, la mano que da el golpe
El régimen golpista fue reforzado por Estados Unidos, en colaboración con oligarcas racistas y la Organización de Estados Americanos (OEA) de Luis Almagro. Su objetivo es proteger los intereses de las multinacionales y devolver el país al neoliberalismo, el racismo y la miseria.
Los grupos de choque civil que construyeron un clima de caos durante años antes del golpe de Estado, en 2019 atacaron a mujeres indígenas y, de igual modo, les cortaron las trenzas. Asimismo, desgarraron el peinado afro de mujeres afrobolivianas.
Durante estos meses que siguieron el golpe de Estado, el gobierno de facto ha institucionalizado su odio hacia la mujer por medio del desmantelamiento de los programas sociales destinados a madres jóvenes. También, han destruido el sistema de salud pública que en los últimos 14 años disminuyó enormemente las tasas de mortalidad materna e infantil.
A los pocos días del golpe de Estado, Añez puso de manifiesto sus objetivos misóginos a través de la violación sistemática de mujeres y niñas por parte de las fuerzas de seguridad, incluso después de haberlas asesinado.
El régimen de Añez debe liberar a Elena Flores. Ella debe regresar a su familia, comunidad, región y trabajo sindical. Su gente ha sido despojada de su liderazgo.
Comité en pro del Pueblo de Chiapas