La reciente postergación de las elecciones en Bolivia por parte del TSE generó una nueva respuesta de la comunidad organizada. En esta nota, te compartimos un repaso de los últimos acontecimientos que no te podés perder para entender el actual contexto de encrucijada.
Por César Saravia y Camila Parodi
Bolivia se encuentra en un nuevo escenario de conflictividad social. El mismo, debe ser entendido como una extensión del Golpe de Estado que el país vivió hace ya casi un año. Desde el 3 de agosto, se realizaron jornadas de movilización, huelga total y bloqueo tanto de rutas como de las principales esquinas de las ciudades. Esto se determinó en cabildo abierto y popular, luego de la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto Unidad que fue continuada por las organizaciones y personas autoconvocadas a lo largo y ancho del país. En los primeros días de la resistencia, se registraron más de 100 bloqueos en todo el país y en distintos puntos.
Este nuevo episodio de movilización se da luego de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar nuevamente las elecciones inicialmente programadas para el 6 de septiembre. La postergación de las elecciones es la tercera en lo que va del año y responde principalmente a una estrategia del gobierno de facto de ganar tiempo para profundizar cambios que le permitan estabilizar el régimen golpista. La pandemia, las demandas para inhabilitar a Luis Arce y al MAS, el exilio de Evo, un enojo popular en las calles, la presencia de grupos de choque fascistas y la división dentro de la derecha frente a la posibilidad de una candidatura única, son algunos de los elementos que configuran un panorama político muy complejo para el país vecino.
Pero vamos por partes… primero, un poco de rap feminista y plurinacional para escuchar de fondo de la mano de Nina Uma en La Paz:
Sobre el TSE y la postergación de las elecciones
La postergación de las elecciones realizadas hacia finales del mes de julio generó la alarma en el pueblo boliviano y en las organizaciones sociales y de Derechos Humanos de distintos países. Si bien esta decisión se presentó como una respuesta de “prevención” en el contexto de pandemia global, sobran sospechas que demuestran otra intencionalidad: entorpecer, a toda costa, la carrera del candidato que lidera la intención de voto
Ciertamente, la pandemia ha calado hondo durante los últimos meses en el Estado Plurinacional pero esto se debe a la falta de presupuesto y políticas públicas orientadas al cuidado de la salud y la economía del pueblo boliviano. Es decir, con o sin elecciones el cotidiano estructural de la dictadura en Bolivia imposibilita el cuidado de sus habitantes ya que no se registran durante los últimos meses inversiones en respiradores, testeos, medicación ni material de bioseguridad pero que si se relacionan con casos de corrupción. Ni que hablar de la falta del reconocimiento de los derechos laborales para las y los trabajadores de la salud o la creación de políticas que contengan la crisis económica.
Si la pandemia no es una preocupación real, entonces, la postergación de las elecciones se convierte en una nueva estrategia para aplazar la democracia. De esta manera, el Tribunal Superior Electoral avaló la ilegalidad determinando de manera unilateral y sin diálogo con los distintos sectores políticos la nueva fecha de elecciones cuando el 6 de septiembre era una fecha límite establecida en el marco de la ley vigente (link declaración de luis arce). Es decir, no existe marco legislativo para que se incorporara el 18 de octubre como una nueva opción a considerar.
Sobre esto, el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) representado en este momento por el binomio Arce Catacora – Choquehuanca, sostuvo la importancia de las instancias de diálogo entre los distintos partidos políticos y sectores organizados para garantizar una fecha electoral inamovible por ley y con seguimiento de los organismos internacionales. Sostuvieron, además, que los bloqueos y protestas hacen parte de la comunidad organizada y que no son ellos quienes los dirigen como tampoco quienes pueden frenarlo.
La derecha sin horizonte
Dilatar la elección es parte de una encrucijada de la derecha luego de evaluar como compleja la consolidación del Golpe por la vía electoral. Por ejemplo, la última encuesta realizada por CELAG reveló que, el candidato del MAS, Luis Arce Catacora ganaría la elección en primera vuelta con un 42% de los votos. Mientras que Carlos Mesa, en segundo lugar, apenas lograría un 27%. En Bolivia, la elección se gana obteniendo un porcentaje mayor de 40% y una diferencia del 10%. Si a esto sumamos los estudios que desmienten a la OEA en que hubo fraude, realizados por universidades estadounidenses y españolas, como el MIT, y divulgados por periódicos como el The Washington Post y el New York Times, nadie puede pensar que tienen un interés en que el MAS gane la elección.
Frente a estos datos, todo indica que en un escenario de elecciones transparentes y democráticas, Luis Arce sería el próximo presidente de Bolivia. Pero nadie da un Golpe para entregar el poder al año siguiente. De ahí que a la derecha no le quede otro camino que la violencia de grupos de choque y dilatar la elección. En las últimas semanas, figuras como Carlos Mesa, o Marco Antonio Pumari, candidato a vicepresidente por la Alianza Política Creemos, han comenzado a mover fichas para bajar a Añez de la elección.
Geopolítica del litio
En paralelo a la evidente postergación política de las elecciones, un nuevo engranaje de la maquinaria dictatorial apareció en escena con sospechosa liviandad. Fue también hacia fines del mes de julio que el dueño de la automotriz Tesla, Elon Musk, confirmó vía Twitter aquellas declaraciones que el ex presidente Evo Morales sostuvo desde el inicio del golpe de Estado hacia su gobierno:“vienen por el litio”.
“Nosotros vamos a realizar golpes donde queramos lidia con eso”: El principal productor de autos eléctricos (a base de batería de litio) podría haber financiado el Golpe de Estado en Bolivia y esta afirmación no se sostiene simplemente en un comentario al pasar. Se ha demostrado durante los últimos días que el gobierno de facto de Jeanine Añez había enviado una carta a Elon Musk pidiendo ayuda económica para la compra de respiradores frente a la pandemia del COVID -19
Como señalan desde el Grupo de Investigación Geopolítica del Litio, “en los salares andinos se encuentra el 80% de las reservas probadas del elemento químico que anima la movilidad de los dispositivos electrónicos del mundo: el litio. Un celular, notebook o tablet se desplazan gracias a la acumulación energéticas de las baterías ion-litio; sin ellas un satélite no entraría en órbita o una nave especial no sobreviviría” De forma que esta transición millonaria del petróleo al litio sitúa a Bolivia junto al norte de Argentina y Chile como enclaves de disputa imperial.
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El pueblo en las calles no negocia
Con este panorama, el pueblo boliviano organizado en Cabildos Populares estableció la realización de huelgas, cortes y bloqueos de todo el país. Si bien inicialmente este accionar fue también asumido por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, durante el Cabildo Popular realizado el pasado 14 de agosto en El Alto se estableció la continuidad de los bloqueos y movilizaciones sin el apoyo de los mismos. Esto se debe a la creación de una Ley de Elecciones Generales 2020 por parte del Comité Ejecutivo donde tanto las y los asambleístas del MAS como el Gobierno de facto fijaron la fecha de las mismas para el 18 de octubre sin consulta previa al pueblo en sus respectivos bloqueos. En este contexto, distintas organizaciones definieron la continuidad de sus movilizaciones exigiendo la renuncia de Jeanine Añez. En este vídeo se escucha a Armadina Quelca de la Federación Bartolina Sisa de La Paz dirigiéndose al pueblo autoconvocado que eligió continuar con los bloqueos a pesar de las resoluciones de las confederaciones históricas –incluso la que integra ella- a nivel nacional.
Se cumplen dos semanas de la realización de los primeros bloqueos en Bolivia. Durante estos días, el gobierno de facto utilizó sus ya conocidos métodos: criminalización y estigmatización mediática; responsabilización de la crisis de salud sobre el transporte de oxígeno necesario para combatir al virus del COVID-19; represión y persecución de quienes realizaron las movilizaciones; acusación al MAS de obligar a las personas autoconvocadas a realizar los bloqueos, entre otros. Sin embargo, las respuestas desde los bloqueos no se hicieron esperar, demostraron que se habilitaron carriles para el traslado de los camiones de salud, que no coincidieron con el MAS en las decisiones políticas para la salida del conflicto y volvieron a demostrar su capacidad de resistencia a las violencias represivas y paramilitares como desde noviembre de 2019.
“Con el fascismo no se negocia” recuerdan las organizaciones y personas autoconvocadas a lo largo de los distintos cabildos populares. Los bloqueos y movilizaciones, como en 2001 y 2003 con las guerras del gas y el agua vuelven a ser el espacio de encuentro frente a la hostilidad política y la crisis institucional. Otra vez, la comunidad, la asamblea, el ayllu resistiendo a la violencia y al racismo. Otra vez, la comunidad gestando ese mundo que no pide permiso.