Por Juan Diego Britos. Con ese título definió la Comisión Provincial por la Memoria el asesinato de Patricio Barro Cisneros, muerto a los golpes en la Unidad Penitenciaria Nº46.
Patricio Barros Cisneros tenía 26 años y estaba privado de su libertad en la Unidad Nº 46 de San Martín, anclada en el Complejo Penitenciario Norte, ubicada en José León Suárez.
La mañana del sábado 28 de enero, el muchacho de José C. Paz despertó contento, ansioso por ver a su mujer. Muro por medio estaba Gisela Alejandra González, cansada de esperar para entrar a uno de los penales más denunciados de la provincia de Buenos Aires. Las bolsas pesaban más que nunca: el calor y los ocho meses de embarazo hacían que la tarea fuera insostenible. Sin embargo, la chica resistió la afrenta climática y cerca de las 10 entró a la unidad. En silencio, entregó los bultos a los guardias y caminó apurada al cuarto donde una mujer la esperaba para revisarla. Gisela pasó la requisa sin mayores problemas, recibió las bolsas y encaró hacia el salón de visitas, donde un muchacho la ayudó a cargar los paquetes con comida y ropa. A lo lejos pudo verlo: era él, Patricio, que discutía con un agente porque lo querían obligar a sentarse en una mesa del patio pese a que había pedido mantener un encuentro íntimo con su mujer en una de las aulas del lugar.
Entre insultos, Patricio pidió hablar con un encargado pero como respuesta recibió un garrotazo. Enseguida, Rodrigo Chaparro, Héctor Mario, Gerardo Luna y César Benítez, todos guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), lo arrinconaron en el sector de control para matarlo a patadas y golpes de puño mientras su esposa se desesperaba al verlo en el piso, esposado, boca abajo, con un agente que lo sostenía por el cuello al grito de “acá mandamos nosotros”.
Después de la muerte de Barros Cisneros, la cúpula de la Unidad Nº 46 fue relevada por orden de Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. El entonces director del penal, Leonardo Dziata, el subdirector, Eduardo Orzusa, y el subdirector de asistencia y tratamiento, Mauricio Pinedo, fueron separados de sus cargos por la inexplicable versión que intentaron dar de los hechos.
Según el sumario administrativo Nº 21200-36945/2012, las tres funcionarias del Ministerio de Justicia y Seguridad que visitaron el penal luego de la muerte del muchacho señalaron como “inexplicable” la versión que entregaron los jefes penitenciarios sobre el hecho. Dziata fue quien firmó el informe que detallaba que Patricio había corrido esposado para golpearse la cabeza con las rejas hasta caer muerto.
A cuatro meses del crimen no hay detenidos. Los guardias Rodrigo Chaparro, Héctor Mario, Gerardo Luna y César Benítez están prófugos. El viernes pasado, Florencia Piermarini, actual jefa del SPB, ordenó la disponibilidad simple de otros tres agentes -Gallego, Silva y Ken- que también participaron de la golpiza a Patricio.
La autopsia del cuerpo de Patricio, realizada en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Procuración provincial, encontró más de 30 golpes en la cabeza, además del hundimiento del globo ocular izquierdo y múltiples lesiones en los miembros inferiores y superiores.
Todas eran marcas defensivas, compatibles con aquellas que presentan las personas que al momento de morir intentan defenderse con las manos y las piernas. Según la Comisión Provincial por la Memoria, “la bestialidad penitenciaria extrema se materializó en las sucesivas patadas en los testículos, sobre los que un agente saltaba aplicando puntapiés con sus borceguíes”.
El homicidio de Patricio es una muestra más del crítico estado de salud que exhibe el SPB: en los últimos doce meses los asesinatos en las cárceles provinciales aumentaron casi un 20%. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado argentino que proteja la vida de los detenidos en las unidades 46, 47 y 48 de San Martín.