El jueves 25 de junio se votó en Benito Juarez una nueva ordenanza de “buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos”. Hacia la construcción de un modelo más justo.
Por Huerquen* / Foto: Alvaro Ybarra Zavala / Getty Images
Hoy que la pandemia nos hizo familiar hablar de curvas y picos, hacer el mismo ejercicio con el modelo agrícola es esclarecedor de su inviabilidad: en estos más de 20 años el aumento de la superficie sembrada y de los rindes por hectárea, no se corresponden con el aumento de la cantidad de kilos/litros de agrotóxicos aplicados y liberados al ambiente. Mientras las dos primeras crecen aritméticamente, la última crece exponencialmente. En 1996 se usaban 3 litros de glifosato (al 48%) por hectárea, y hoy se están usando casi 14 (encima del 60% de promedio) dice Eduardo Cerdá de RENAMA, y con mezclas de químicos sobre las que no sabemos su dinámica en el ambiente y menos su impacto biológico.
Ya sabemos lo que pasa cuando las curvas se disparan: en los Pueblos Fumigados de la pampa húmeda y del norte argentino han cambiado las formas de enfermar y morir. Además de una lista larga de enfermedades que tocan demasiadas puertas en cada localidad, como el cáncer, los problemas de tiroides, dolencias respiratorias, digestivas y epidérmicas o nacimientos con malformaciones; abordar la complejidad del modelo nos lleva a reconocer todo lo que han cambiado la forma y el rostro de nuestros territorios.
Benito Juárez, al centro-sur de la provincia de Buenos Aires, es uno de los tantos partidos donde el agronegocio hizo pie hace tiempo y tenía una ordenanza cuya única restricción a los venenos del agro eran el asfalto y el timbre de la escuela; pero que el jueves 25 de junio votó su nueva ordenanza “buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos”. Como en todos y cada uno: una historia aparte, y una parte del todo.
Juárez
Rodolfo Tula, además de vecino de “Juárez” es ingeniero agrónomo y trabaja en el INTA: “este modelo basado en la dependencia de insumos externos y fuerte demanda de capital que hoy es hegemónico, impactó en Juárez con cambios muy profundos durante las últimas décadas. Acá por ejemplo desde 1960 tenemos casi la misma población en todo el partido, 20.300 habitantes, pero cambió donde están ubicados: si en 1960 había 6.000 personas en la ciudad cabecera, en el 2010 estamos en 14.000. Disminuyó la gente que vivía en zonas rurales. Cambió la relación entre lo rural y lo urbano, en lo comercial, y lo social en el sector rural. También cambió el número de explotaciones agropecuarias, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, desde el 2002 la provincia de Buenos Aires pierde casi el 30% de los establecimientos. Este es un modelo que expulsa a la gente del campo y que además hace desaparecer las explotaciones más chicas, porque es muy demandante de escala y de capital.”
Mauro Jáuregui, que forma parte de la Asamblea de Autoconvocadxs por la Salud Ambiental (AASA) que viene denunciando los impactos de las fumigaciones, concuerda: “Acá había puestos por todos lados con familias enteras. Desde los 90 eso empieza a cambiar y comienzan a desaparecer escuelas por falta de alumnos, por falta de puestos. Eso produce un desarraigo enorme. El pueblo no puede absorber a toda esa gente por falta de trabajo y mucha gente se va a otras ciudades más grandes como Tandil”.
Rodolfo continúa: “Los agroquímicos también impactan fuertemente en la pérdida de biodiversidad y en la salud; además generan daños y conflictos entre particulares. De todo esto surge la necesidad de ordenar el territorio y legislar sobre la aplicación de estos productos”.
(Foto por Alvaro Ybarra Zavala/ Getty Images)
Discusión territorial y ordenanza
En 2014 la Municipalidad decide trabajar un plan de ordenamiento territorial, y para su confección se realizan talleres en todas las localidades del partido, con participación del INTA y distintos actores comunitarios, abordándolo en su complejidad. “Talleres abiertos y participativos donde tomábamos inquietudes y demandas de los vecinos sobre su territorio. Un plan que entiende que la respuesta es socio-técnica, con las personas y lo intereses colectivos adentro, y con un componente ético indivisible de cualquier análisis. A su vez talleres sectoriales con productores, con jóvenes, con la junta de comisiones vecinales; y todo eso sumado al trabajo en gabinete con datos topográficos, de la escorrentía de aguas, de las relaciones comerciales con partidos vecinos, etc. Se genera un diagnóstico que se presenta en un taller con todos los actores de la comunidad, y se presentan los temas que surgieron más fuertemente. Uno de ellos es la necesidad de restringir la aplicación de agroquímicos, que queda fuertemente instalado y con la urgencia de trabajarlo”.
Para Rodolfo el debate multisectorial permitió consensos, que sin negar matices y diferencias, fue la base de un proyecto de ordenanza que, en agosto de 2018, todos los bloques del concejo deliberante local se comprometían a votar. 48hs antes del tratamiento, el bloque de Cambiemos que tenía la mayoría rompe el acuerdo, y presenta un proyecto propio que permitía fumigar a 30 metros de la zona urbana, y lo vota. De los 7 miembros de su bloque 6 son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos, y uno además es aplicador.
Esa ordenanza es vetada por el intendente y proyecto original vuelve a primer plano. Este proyecto se votó el pasado 25 de junio y se aprobó por unanimidad.
De la lectura de la ordenanza y anexos anotamos: Se establecen «Zonas Verdes”, de exclusión de fumigaciones, en el polígono que rodea a cada centro urbano (Benito Juárez, Villa Cacique, Barker, Estación López, Tedín Uriburu, Bunge y El Luchador) desde 400 a 800 metros, y 2 km para aplicaciones aéreas. “Zonas buffer” de 500 metros de los pozos de dotación de agua, y 50 metros a cada lado de los límites de cursos y espejos. 500 metros de exclusión para escuelas rurales, viviendas habitadas y “unidades de producción no convencionales”. Se delimitan con detalle condiciones climáticas de fumigaciones y se establece la plantación de “Vegetación Testigo” que “podrá dar cuenta del daño por agroquímicos”. Prohibición de fumigar banquinas consideradas como espacio de resguardo ambiental. Un observatorio y seguimiento satelital.
Balances
“Creo que es la única ordenanza que se hace en el partido con participación de un montón de actores” dice Mauro y continúa: “Creo que eso la hace destacada, que ha sido amasada, leudada, cocinada en una mesa muy grande. Y me parece muy importante que se hizo bien horizontal.”
Para Rodolfo “lo más destacado de la ordenanza es que se habla del modelo, y no sólo de la toxicidad de los productos sobre la salud y el ambiente, que por supuesto era una cuestión central; pero todas las intervenciones que se hicieron en el recinto fueron en el sentido de hablar de qué generó y qué genera un modelo que expulsa a la gente del campo, que brinda menos mano de obra, que necesita capital para sostenerse, que disminuye la biodiversidad, que no genera alimentos a nivel local. Todo esto se puso en relieve. Logramos que se aborde la complejidad y no es fácil evadir estas discusiones donde se plantean visiones reduccionistas sobre limitar las derivas, sobre las llamadas buenas prácticas y que en general llevan a un cuello de botella donde todo queda supeditado a una o dos variables.”
“Lo otro a destacar es el logro que mediante el plan de ordenamiento territorial podamos decidir soberanamente cómo queremos vivir los vecinos del partido. Se planteaba esperar a que venga la ley provincial y nosotros dijimos que no, que tenemos el derecho de decidir colectivamente como queremos vivir, relacionarnos, qué queremos fomentar y qué no; como por ejemplo que los lugares de restricción son para promover otro modelo productivo como es la agroecología. Es un gran avance” concluye.
Juárez, pandemia y después
Lo de Juárez es particular y también general; un proceso concretísimo a su vez conectado con lo que sucede en muchos otros pueblos de la pampa húmeda. Ahí donde grupos de vecinos y organizaciones sociales enfrentan (de distintas maneras) el lobby del agronegocio que encarnan organizaciones como CASAFE, Aapresid, CREA, la Sociedad Rural u otras, impulsando ordenanzas que obligan a las y los vecinos convivir con los agrotóxicos; desplegando un discurso fuertemente negacionista de su impacto negativo en lo sanitario, lo ambiental y (también en) lo económico; y además con aceitadas conexiones con determinadas representaciones políticas.
También es elocuente de la importancia del rol del Estado cuando se decide a ponerle límite a este poder económico; y también de los límites del consenso como quienes fantasean con poder “poner en suspenso” la lógica del capital.
A su vez “abordar la complejidad” como plantean en Juárez es algo distinto a los discursos maximalistas que contraponen el debate de “metros de exclusión” con “discutir el modelo”. Discutir el modelo, más que una declamación, implica justamente abordar esa complejidad en lo concreto de sus particularidades para avanzar (y que no avancen). Esos metros ganados son importantes para la vida de los y las vecinas de Juárez y para la construcción ahí de experiencias agroecológicas, y esto sigue.
Para Mauro “La ordenanza sale ahora en medio de semejante crisis; lo que queda es lo propositivo, es la producción agroecológica, es hacer de estos pequeños pueblos unidades productivas; que puedan asociarse, que puedan dar alimentos sin veneno”.
Para Rodolfo “Esta coyuntura, que es tremenda en un montón de aspectos, nos brinda una oportunidad de reflexionar; antes en los periurbanos había muchos productores familiares, diversificados, chacras mixtas que proveían al pueblo de alimentos sanos y frescos; y es innegable que ese es un modelo más soberano alimentariamente, muchísimo menos dependiente, esto nadie lo duda y es una conclusión muy grande. Están apareciendo herramientas, desde el Estado nacional y provincial, que incluyen todo esto, y están las organizaciones sociales gracias a las que el tema está instalado”.
*Publicada originalmente en Huerquen