Ayer se realizó una audiencia pública para debatir el pliego de concesión por diez años de la recolección de residuos porteños. Vecinos, organismos no gubernamentales y legisladores denunciaron la discriminación y desigualdad en el tratamiento en villas con respecto al resto de la ciudad.
El debate sobre el contrato más importante de la ciudad se dio ayer: en pleno enero, en el Centro Cultural Recoleta y sin ningún tipo de difusión para incentivar la participación de la ciudadanía. A pesar de eso, el microcine del lugar desbordaba de gente y muchos debieron escuchar desde los pasillos del centro cultural.
El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, encabezó la audiencia y alabó el nuevo sistema que se iniciará, que presupone algunos cambios en el sistema de recolección como la incorporación de los contenedores y la separación de origen.
Además, se divide la ciudad en siete zonas, dentro de las cuales, una sola de ellas, queda a cargo del Estado con el Ente de Higiene Urbana (EHU). Dentro del pliego se establece que cada empresa deberá presentar en su oferta el recorrido y la logística para hacer la recolección de la basura que estará dentro de los contenedores.
En la audiencia participaron e intervinieron numerosos legisladores y vecinos. Una de las críticas más importantes realizadas se refirió al encarecimiento del costo del servicio de recolección. El legislador Alejandro Bodart aseguró que las empresas no cumplieron con una efectiva recolección de basura y criticó que el servicio sea cada vez más caro: “Es muy sencillo comparar los costos: en el barrio de Lugano, que es el caso testigo, donde la recolección la hace el Estado, cada cuadra nos cuesta 50 mil pesos. En cambio, en el resto de los barrios, donde el servicio lo hace una empresa privada el costo es de 130 mil pesos, casi tres veces más caro”. Frente a eso, el legislador propuso que el servicio esté en manos del Estado y con control de los vecinos de la Ciudad.
Otra de las críticas compartidas entre los distintos participantes tuvo que ver con la discriminación hacia quienes viven en las villas porteñas. El codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Gustavo Daniel Maurino pidió que no se discrimine a las villas porteñas y precisó las diferencias entre las especificaciones que establece el pliego para los barrios porteños y que están ausentes para las villas de la Ciudad: “En el pliego se habla de la recolección cuadra por cuadra, mientras que en el caso de las villas no se especifica ni se hacen precisiones sólo hay referencias generales. En la cuestión de instalación de cestos en la Ciudad las villas no están incluidas. Y es poco específico el control y regulación del servicio”, afirmó
Otros participantes consideraron positivo que en las villas haya una doble prestación en la recolección, que a los contenedores, se sume la recolección manual, y que haya doble frecuencia en la recolección, pero cuestionaron que no se especifiquen horarios, porque atenta contra la eficiencia del servicio ya que se puede hacer la recolección con dos horas de diferencia y que no se haya acumulado basura en ese período.
Además reclamaron que se precise de qué se habla cuando se menciona la recolección por calles transitables, porque en las villas se pueden utilizar camiones más pequeños para poder garantizar la recolección.
Varios vecinos se refirieron a la dispersión de organismos que hoy actúan en materia de recolección de residuos en villas, que impide el control y la eficiencia del servicio, ya que muchas veces se superponen tareas entre la Secretaría de Hábitat, la UGIS, Acumar y el Ente de Higiene Urbana. También se reclamó una política de desratización de basurales en villas y se pidió por la calidad e igualdad en la prestación del servicio en las villas.
Otro de los ejes de debate fue la participación de los vecinos y qué relaciones se dan con la comunidad, para presentar y evacuar dudas o reclamos. En este sentido, un vecino de la Comuna 1, Pablo Flores Brañez, criticó que del presupuesto para educación ambiental, sólo un 20 está dedicado a la educación ambiental en escuelas mientras que el resto es para publicidad. “Quisiera preguntarle al ministro si cuando el año pasado inauguró el programa de contenerizacion con el contenedor negro y verde funcionó. También quiero preguntar cómo se presenta un nuevo pliego si no hubo rendición de cuentas del anterior.
Las comunas, que entraron en funciones hace tiempo nunca fueron consultadas”, afirmó.
Otro de los puntos debatidos es la creación de un observatorio ambiental para regular la recolección. La participación en el control y ejecución de los contratos de concesión son fundamentales para dotar al Estado de herramientas que permitan mantener un rol activo frente a las empresas. Sin embargo, de la lectura del pliego y por lo planteado por los vecinos, este Observatorio se financia con la facturación de las empresas, siendo éste un mero apéndice de la empresa concesionaria. Sería deseable una apoyatura más fuerte en las instituciones comunales, que parecieran reservarles una mera gestión administrativa del Observatorio. Esta figura se superpone con un ente estatal que actúa en el seno de las Comunas y fue creado por esta misma administración.
Por último el concepto sobre gestión de residuos del gobierno es obsoleto. El sistema de producción en general, y los productores de paquetería y embalaje en particular precisan una mayor regulación estatal. Hace años hay un lobby empresarial para no tratar la Ley de Envases en el Congreso.
Flavia Romero, vecina de la Villa 21 e integrante del Frente Darío Santillán problematizó el tema de los basurales: “quienes vivimos en los barrios humildes sabemos que la basura de las villas no es una preocupación del gobierno de Macri. Somos los vecinos los que nos preocupamos y organizamos para garantizar vivir mejor”, afimró.
La audiencia duró largas horas debido a la cantidad de inscriptos para poder dar su opinión. Como no es vinculante, a partir de ahora, el gobierno porteño podrá avanzar con la licitación por diez años.