Por Melisa Letemendía Foto: Conclusión
Con la participación de más de 100 representantes de organizaciones ecologistas, campesinas, educativas, sindicales y profesionales, junto con asambleístas y autoconvocados, el pasado 16 y 17 de marzo se llevó a cabo en Bolívar el 10° Encuentro de Pueblos Fumigados y 3° de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires.
La Agroecología: despertando a Bolívar
El modelo hegemónico aplicado en la agricultura ha beneficiado a sectores privilegiados, encabezados por corporaciones internacionales que han logrado transformar el alimento en una mercancía, y deteriorar las relaciones entre las personas, y entre estas y su ambiente. En este contexto, donde “la sombra del éxito” (parafraseando a Fabián Tomasi) parece avanzar sin frenos, los pueblos continúan levantándose para resistir las fumigaciones primero, y empezar a proponer la transición a la Agroecología después.
Es así como con la participación de más de 100 representantes de organizaciones ecologistas, campesinas, educativas, sindicales y profesionales, junto con asambleístas y autoconvocados, el pasado 16 y 17 de marzo se llevó a cabo en Bolívar el 10° Encuentro de Pueblos Fumigados y 3° de Agroecología de la Provincia de Buenos Aires, organizado en esta oportunidad por el Colectivo Tierra Viva.
Los y las concurrentes se distribuyeron en varios grupos que dieron en llamar “Caminos”, donde analizaron la situación actual en distintas temáticas como: Construcción Social y Política, Ciencia Digna y Tecnologías Comunitarias, Experiencia agroecológicas y Redes de producción y consumo, Mujer y Agroecología, Arte y Comunicación, Economía Ecológica, Educación, Salud y Legales. Luego se avanzó con propuestas concretas para alcanzarlo, superando la mera posición declarativa del Encuentro.
Es claro que los frentes son muchos y variados, pero también lo son las propuestas: reforzar las economías comunitarias, mediante redes de producción y consumo; exigir el cumplimiento de la Ley de Agricultura Familiar y de usucapión para acceder a la tierra y a beneficios impositivos; replantear el papel de la ciencia al servicio de la comunidad, mediante un diálogo de saberes y sociabilización de las tecnologías; facilitar el acceso al conocimiento legislativo para seguir avanzando en las limitaciones a las fumigaciones y en una futura prohibición de uso de agrotóxicos a nivel nacional; formar una red de comunicación entre las organizaciones participantes del evento; contener a las y los docentes de escuelas fumigadas, exigiendo la intervención sindical ante la problemática sufrida; continuar con la defensa de las semillas criollas y la Soberanía Alimentaria, repensando los vínculos a través de una mirada feminista y pluricultural que evite seguir reproduciendo el modelo de dominación capitalista y patriarcal.
Sin duda el punto culmine del Encuentro fue la marcha que se organizó el sábado por las calles principales de Bolívar, prov. de Buenos Aires, de la que participaron alrededor de 300 personas de todas las edades, que con carteles, cantos y actuaciones improvisadas expresaron un mensaje claro y contundente: Basta de envenenarnos, existe una alternativa a este modelo y es la Agroecología.
Celebrando el encuentro y expandiendo las redes, se acordó que sea la localidad de Mercedes la sede del próximo año, donde confluirán cada vez más personas que luchan por un futuro de Buen Vivir, con la tenacidad de las hierbas resistentes que aparecen, y que de a poco, van transformando el desierto verde en un rojo Amaranto.
Lo que deja el modelo que se va
El modelo agroindustrial se ha instalado desde la década de los 60 con la promesa de “eliminar el hambre mundial”; primero con la siembra extensiva de variedades de semillas mejoradas, un uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, para luego profundizarse en los `90 con la implementación de la siembra directa y el “paquete tecnológico” de semillas modificadas genéticamente para resistir mayor cantidad de agrotóxicos.
Si bien desde entonces la producción agroindustrial creció exponencialmente, con cosechas récords, el resultado fue bastante distinto al esperado: según el informe de la FAO del año pasado, 821 millones de personas padecen hambre en el mundo. Considerando que, según la ONU, el 33% de los alimentos se desperdicia, se torna evidente que el problema a solucionar no es la escasez sino la distribución de los mismos. Está cada vez más claro que el modelo de negocios no tiene otro interés que las ganancias.
Al mismo tiempo este sistema ha aumentado la concentración de tierras, con el despojo a los campesinos y pueblos originarios; la deforestación y pérdida de biodiversidad; la desertificación por el uso intensivo e inadecuado del suelo; las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación con químicos -tanto de los territorios como de los cuerpos-.
En Argentina, esto cala de forma intensa ya que según el Informe Estado del Ambiente de 2016, el 70% de las tierras sembradas son destinadas a monocultivos y el 70% del país está en proceso de desertificación. A nivel mundial somos el Estado que más consume Glifosato (agrotóxico declarado posiblemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud), y el 10º en deforestación, según Greenpeace.
Si bien nos mantenemos en los primeros puestos en exportación de cereales, principalmente soja transgénica, los niveles de pobreza y malnutrición se acentúan, hecho que ha obligado a los mismos organismos internacionales a aconsejar el abandono de la agricultura industrial y fomento de la producción familiar y de pequeños campesinos, que son quienes producen el 60% de los alimentos. Esto significa que las mayores exportaciones solo benefician a los grandes productores mientras los niveles de pobreza y malnutrición aumentan.
A pesar de esta contundente realidad, el Estado argentino sigue apostando por este modelo y trata de extender su vida un poco más. A principios de 2019 el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Leonardo Sarquís, ex-Monsanto, dictó la Resolución 246-MAGP-18 que autoriza las fumigaciones sobre escuelas rurales, reservas naturales, arroyos, ríos y campos linderos a las ciudades, sin distancia mínima y con el mero control de Ingenieros Agrónomos privados. Si bien esta normativa quedó “suspendida” por un año, el Gobierno planea utilizar este tiempo para convencer a la sociedad que las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) serán suficiente protección ante la liberación casi irrestricta del veneno.
A nivel nacional la apuesta es doble: la compañía Bioceres, de Gustavo Grobocopatel, intenta liberar el primer trigo transgénico del mundo, y el Estado pretende modificar la Ley de Semillas, para que las corporaciones puedan cobrar por los derechos de Propiedad Intelectual sobre los recursos genéticos, lo que equivale al control de las semillas y la restricción para su libre circulación entre campesinos
Mientras las corporaciones siguen impulsando la agricultura de producción industrial que maximiza sus ganancias, el modelo agroexportador demuestra que el problema no es la escasez sino la distribución de los mismos. Mientras avanzan los procesos de desertificación por este modelo extractivo de recursos, a la par que se envenena la vida, los pueblos se organizan para resistir e impulsar propuestas que permitan construir un modelo de soberanía alimentaria basada en la agroecología.
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