El 29 de agosto pasado se realizaron marchas en Bariloche y El Bolsón, bajo el lema de “banderazo patríotico”, en defensa de la propiedad privada, convocadas a través de las redes sociales y medios de comunicación, violatorio del aislamiento social obligatorio.
Por Vivian Palmbaum
El territorio ancestral de la Lafken Winkul Mapu Lof, ubicado en Villa Mascardi es disputado por poderosos intereses. Una situación que no es nueva. Recordamos que Rafael Nahuel, parte de la comunidad mapuche de Mascardi, fue asesinado hace tres años en medio de un operativo de la Prefectura, bajo las órdenes de Patricia Bullrich y su asesinato aún se encuentra impune.
El llamado a movilizarse se realizó a través de redes y los medios masivos con un perfil anti-mapuche. Desde algunos medios locales se incitaba a llevar “elementos de defensa personal, gomeras, piedras y palos para defender lo nuestro con justicia por mano propia”. También desde los medios masivos como algunos canales de noticias nacionales, se respaldó abiertamente la movilización con entrevistas a los presuntos damnificados de las recuperaciones ancestrales, que no son nuevas.
La marcha se justificaba con el argumento: “dado el abandono de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, la ciudadanía de Bariloche sale a respaldar a los vecinos y propietarios de Mascardi ante el atropello de un puñado de delincuentes que van por las reservas naturales y la propiedad privada”. Inicialmente se citó en la rotonda de Diarco, donde intersectan la ruta 40 y Juan Marcos Herman, a las 15 hs.
La gobernadora Arabela Carreras también se hizo presente en uno de los cortes, tratando de disuadir el enfrentamiento, con expresiones más cercanas a las y los manifestantes, “Ustedes son vecinos honestos y de buena voluntad. Estoy segura que quieren vivir en paz igual que yo”.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se interpuso una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”, ya que temían que la situación derivara en un enfrentamiento, lo que luego fue desestimado por el juez que entendía en la causa.
Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro se denunciaba al diario El Cordillerano por haber convocado a esta movilización, que además es violatoria del aislamiento social obligatorio en el contexto de pandemia. Desde la Coordinadora también acusan a otros medios nacionales y regionales por estar publicando noticias falsas para crear un clima de odio racial contra integrantes del pueblo mapuche.
La marcha con tintes racistas antimapuches se produce luego de reiterados hechos que vienen sucediendo en medio del aislamiento social obligatorio. Tal es el caso por el cual en el último mes de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expidió por los reiterados ataques, recomendando al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad mapuche Lof Buenuleo”[i].
Desde medios locales y nacionales se emprendía una campaña contra las recuperaciones territoriales y en defensa de las propiedades de corporaciones y magnates propietarios.
Una de las voceras de la comunidad mapuche, explicaba: “Queremos compartir desde el territorio mapuche la información sobre quiénes son los vecinos de Villa Mascardi, Bariloche, que cuida Patricia Bullrich”. La ex ministra de seguridad, que actualmente encabeza el Pro, respaldó la movilización en Bariloche, al igual que lo hizo durante su función de gobierno.
Hay una trama de intereses que la vocera de las comunidades mapuches identificó para los cuales las marchas parecen ser funcionales: “Elsztain es el director empresarial del Hotel Llao Llao que junto a (grupo) Sutton quieren levantar un nuevo hotel lujoso de cinco estrellas en la zona. El grupo Burco, con más de 20 socios de empresas anónimas de Bélgica, se apropiaron ilegalmente de más de 24 mil hectáreas a valores irrisorios para proyectos vacacionales de lujo, entre otros proyectos”. La vocería también menciona algunos nombres como los de Alfredo y Tomás Bertger, y Federico Van Ditmar que usualmente actuarían en nombre de Joe Lewis, el magnate amigo de Macri, con fuertes intereses en la zona.
En 2017 el diputado provincial por Río Negro Luis Bardeggia (FpV) denunciaba penalmente por la adjudicación directa de miles de hectáreas de tierra que, al cabo de poco tiempo, quedaron en manos del Grupo Burco SA, originario de Bélgica. “Fue una verdadera sustracción de porciones de naturaleza”, afirmaba[ii], por una situación sin antecedentes, en cuanto a la asignación de un total de 24.543 hectáreas en tan sólo dos años y siete meses. Entonces no parecen casuales las expresiones del entonces gobernador y actual senador por Rio Negro, Wertilneck condenando la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, afirmando que están “a favor de quienes son violentos” o “es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas.”
Desde la comunidad mapuche agregaban que “los otros vecinos que están cuidando son de los Emiratos Arabes, del Grupo Roemmers –farmaceutica-, Zorreguieta que es la princesa de Holanda, hija de un militar de la dictadura, el grupo Benneton, el grupo Lewis y por ultimo Parques Nacionales. Todos estos nombres son grupos que rodean al Lafken Winkul Mapu y que están instalados en zonas de comunidades en lo que es El Bolsón, la Comarca Andina del paralelo 42”.
Las comunidades mapuches que conocen muy bien el territorio, nos esclarecen sobre el valor de lo que se disputa. “Dentro de las propiedades están: el Cerro Carreras Nevado Mayor, la división de las aguas con actividad glaciaria, las nacientes del rio Chubut, Pichileufu, Foyel y Villegas que son reservas de agua dulce con especial interés hidroeléctrico”. Agregan, “son tierras fiscales, tierras de frontera que no deben ser vendidas a extranjeros” y afirmaron que “es increíble como hacen marchas en contra de ellos pero no dicen nada contra este grupo Burco que se está quedando con las nacientes de la zona”.
Señalan que: “Estas son las personas que defienden los medios hegemónicos de comunicación tanto nacionales como regionales. Lamentablemente se sigue instalando el relato de estigmatización hacia el pueblo mapuche, como el mapuche delincuente, el mapuche terrorista, el usurpador cuando en realidad se están cuidando los intereses de estas empresas de estos empresarios extranjeros”. La vocera de la comunidad finalizó afirmando enfáticamente: “como sigan avanzando dentro de poco nos van a vender el agua a todos”.
Derechos territoriales
La Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 reconocer “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas”. También en el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación se establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Por otra parte además de las garantías que establece la Constitución Nacional y el Código Civil, se encuentra en vigencia la prórroga de la Ley N° 26.160 sancionada con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional. La norma suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección pone a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, elaboró un Informe Especial[iii] con fecha de abril 2020, sobre la deuda histórica que aún está sin saldar con las comunidades indígenas de nuestro país. Allí se concluye la preocupante situación dado que “el 61,35% de las Comunidades Indígenas del país aún no han concluido el relevamiento de las tierras que tradicionalmente ocupan. La segunda cuestión de gravedad es que un 42,35% del total de Comunidades Indígenas no registra tareas iniciadas de relevamiento”. La falta de ejecución del Relevamiento Territorial implica la imposibilidad de acceso a derechos legítimos por parte de las comunidades indígenas.
[i] Fuego en Mascardi: Continúa la avanzada territorial sobre territorio ancestral mapuche https://www.marcha.org.ar/fuego-en-mascardi-continua-avanzada-sobre-territorio-ancestral-mapuche/
[ii] https://www.rionegro.com.ar/caso-burco-la-mayor-acumulacion-de-tierras-en-rio-negro-XF2117550/
[iii] Informe Especial Endepa https://www.endepa.org.ar/contenido/INFORME-ESPECIAL-LEY-26160-4-min.pdf