Por María Florencia Fajardo. El Asentamiento Milton Santos del Movimiento Sin Tierra (MST) recibió la visita del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria ante la amenaza de desalojo con fecha para el 15 de octubre; la reforma agraria sigue paralizada en Brasil.
El viernes 29 de septiembre funcionarios del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) – órgano responsable por la ejecución de la reforma agraria en el país – se acercaron al asentamiento para intentar explicar la situación legal.
Ahí lo esperaron además de las 85 familias asentadas, el amplio arco de la izquierda de la región de Campinas y San Pablo conformando una asamblea de unas 200 personas. En la misma reunión se trataron la situación de los campamentos de Elizabeth Teixeira y Rosely Nunes, todos de la región de Americana y Limeira, próximos a la ciudad de Campinas en el Estado de San Pablo.
Historia de un comienzo
El asentamiento Milton Santos nace como tal el 23 de diciembre de 2005. Sin embargo estas 85 familias venían compartiendo cotidianeidades y luchas, calores y lluvias, mosquitos y espera debajo de las “barracas de lona preta”, las famosas carpas negras de nylon que a los costados de las rutas aguardan la retrasada reforma agraria del Brasil. “Todos nos acordamos de esa fecha, porque el 31 de diciembre pasamos debajo de una lluvia inmensa, los colchones mojados, sin casas”, menciona el documento elaborado por la coordinación del asentamiento leído al iniciar la asamblea ese viernes.
Las tierras que les asignó el Incra eran parte de la usina Ester que el Estado había expropiado tras largos años de deudas de impuestos a la familia Abdala, dueños de ese ingenio. Las 104 hectáreas se ubican en el municipio de Americana, uno de los que bordean la región de Campinas y que forma parte de la provincia de Sao Pablo. Están rodeadas de 4 mil hectáreas que representan un inmenso mar verde de cultivo de caña para producir etanol, uno de los principales cultivos del Estado paulista.
Tras 7 años de asentados, de haber construido sus casas, de haber plantado árboles y apagado incendios, soportado las fumigadas del ingenio, el Estado mismo, contradictorio como pocos, falló a favor de la usina frente a una presentación judicial de esta. Tras el argumento de la familia Abdala de que el Estado habría expropiado más de lo que le correspondía, le exige el reintegro de las tierras, con un plazo dictado por la justicia que vence el 15 de octubre próximo.
La orden judicial esta vez va contra el Incra, exigiéndole que sea el mismo órgano de la reforma agraria quien promueva la desocupación. La mayoría de estos expedientes judiciales son contra los propios asentados. Esto implica que en caso del Incra no efectivizar el desalojo de las familias será el mismo instituto quien tendrá que comenzar a pagar a partir del 15 de octubre 5 mil reales por día a la empresa (alrededor de 11 mil pesos). La propuesta del Incra es desapropiar estas tierras por interés social (ley 4132) como caso especial.
Los propios funcionarios presentes ante las intervenciones cada vez más combativas de quienes estaban presentes pidieron “paciencia” y sugirieron que también “recen”. Pareciera que el Estado no quisiera realmente efectivizar la reforma agraria social en el Brasil, tal como se evidencia desde la asunción de Lula con continuidad con Dilma Roussef.
“Milton Santos no va a ser el nuevo Pinheirinho”
En enero de 2012 sucedió la masacre de Pinheirinho. Este barrio popular ubicado en la ciudad de Sao José dos Campos, Estado de San Pablo, estaba habitado desde hace al menos 8 años por dos mil familias. Tras ocupaciones de edificios públicos y cortes de calles intentando frenar la amenaza de desalojo las repuestas del gobierno federal fueron palabras tranquilizadoras con que nada iba a acontecer en esa zona. El saldo fueron 6 mil personas desalojadas, una cantidad indeterminada de heridos y sobre todo la ausencia de respuestas por parte del gobierno estadual y federal para la reubicación de estas familias.
Este caso era citado por parte de las organizaciones presentes y de los propios asentados intentando reflejar que la confianza en el Estado tanto nacional como provincial era difícil de sostener cuando frente a una situación relativamente similar las promesas se transformaron en represión abierta. Si 6 mil personas fueron desalojadas que les queda a las 85 del Milton Santos.
De esta manera una intervención resumió el ánimo general: “Solo la lucha, las huelgas, las ocupaciones garantizan lo que uno tiene. Los documentos son importantes, cumplen un papel, pero solo la unidad y la movilización pueden garantizar nuestras victorias”, dijo un militante del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) durante la asamblea.
“El poder pasa y el problema queda”
Esta frase sintetiza de manera paradojal la continuidad de los gobiernos que desde Cardoso a Lula y Rousseff siguen adeudando una real solución a las 6 millones de familias pobres del campo.
En Brasil se encuentran en disputa dos reformas agrarias, una es la reforma agraria social, destinada a transformar el capitalismo agrícola y a preservar el medio ambiente. La otra es la reforma agraria promovida por el agronegocio, nacida en la contrarrevolución neoliberal de los años 1990. Esta reforma agraria a favor del gran capital promueve que Brasil ocupe el lugar de proveedor de comoditties para el mundo tales como alcohol (producto de la caña de azúcar), madera, carne y soja.
Según Plínio de Arruda Sampaio, intelectual y militante de izquierda brasilero, vinculado al Partido Socialismo e Libertad (Psol) los sucesivos gobiernos del PT apoyan entusiastamente la reforma agraria del capital transnacional sea por acción o por omisión. En el primer caso cuando promovió una ley que permitió legalizar tierras poseídas hacía muchos años por “grileiros” – como se llama en Brasil a aquellos que falsifican títulos de propiedad de tierras públicas. De esta forma se entregaron títulos de propiedad que permitieron la venta de innumerables extensiones de tierras del Amazonas a las empresas transnacionales. Otra forma es cuando retrasa leyes que promueven la protección de áreas naturales, o cuando en el marco del IIRSA construye nuevos canales favoreciendo zonas y empresas del agronegocio que producen frutas tropicales para la exportación tal como aconteció con el Río San Francisco. Será por omisión que apoya esta nueva reforma agraria cuando paraliza el raquítico programa de asentamientos para las familias acampadas, evidenciado en la falta de agua por 15 días tal como ocurre en el asentamiento Elisabeth Teixeira y que fue presentado en esta asamblea.
Está claro que estos dos tipos de reforma agraria son irreconciliables. Tanto el gobierno de Lula como el de Dilma Rousseff enterraron el proyecto de reforma agraria social que consolidaría una agricultura familiar que abastezca la producción de alimentos y empleos, así como una vida de calidad fuera de las hacinadas periferias urbanas de las grandes ciudades.
Los números de asentamientos realizados en las últimas décadas no dejan dudas. Según el propio Incra, el actual gobierno de Dilma Rousseff alcanzó en 2011 el peor numero de números de asentamientos creados en los últimos 17 años. Asentó menos que Fernando Henrique Cardoso y que Lula en sus primeros años de gobierno.