Por Nicolás Fagetti. El lunes 11 de junio, tras diez años de acciones y reclamos de los pueblos afectados, comenzó el primer juicio oral y público en torno a las fumigaciones en Córdoba.
El juicio se está llevando a cabo en la Cámara Primeradel Crimen de la ciudad de Córdoba, unificándose dos causas. Una, que acusa a dos productores y un piloto fumigador, por las muertes y graves enfermedades denunciadas en 2002 por las madres de Barrio Ituzaingó Anexo. La otra acusa a un productor y un aeroaplicador de pulverizar en zonas cultivadas contiguas al pueblo de Villa María de Río Seco.
Si bien no es el primer juicio de este tipo en el país, sí lo es en la provincia de Córdoba y representa un momento histórico para los grupos de vecinos, asambleas y organizaciones participantes de la Campaña Paren de Fumigarnos. De acuerdo con los testimonios de las madres de Ituzaingó Anexo, se trata de un juicio “muy esperado” por los vecinos y vecinas del barrio, tras largos años de denunciar las consecuencias que la aplicación de agroquímicos viene acarreando a las poblaciones aledañas a los campos.
El doctor Medardo Ávila Vázquez, médico querellante y participante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, afirmaba el lunes que “este juicio es importante porque por primera vez se va a reconocer que es un delito esparcir venenos en zonas pobladas, que se utilizan para proteger los cultivos pero que afectan la salud de la población. Actualmente en la Argentina se están usando 340 millones de litros de agrotóxicos que caen en un área donde viven 12 millones de personas, y en esas áreas estamos detectando una cantidad de enfermedades muy importantes. (…) Ahora vamos a tener una herramienta para equilibrar y para defender el derecho a la salud de las personas”.
En este sentido, Sofía Gatica, una de las madres de Barrio Ituzaingó Anexo, sostuvo que “es importante porque va a crear un antecedente para todo el país, ya que el genocidio que se está produciendo en la Argentina no es sólo de Barrio Ituzaingó. En todos lados se está fumigando indiscriminadamente y no hay control”.
A mediados del año pasado, el fiscal de instrucción Carlos Matheu dio la orden de investigar si existe una directa relación entre las fumigaciones con agrotóxicos como endosulfán y glifosato (prohibidos en casi todo el mundo) y las muertes de cáncer que se registraron entre los vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo.
Los productores Gabrielli y Parra, denunciados en 2002 por las madres de Ituzaingó Anexo, están imputados por “contaminación dolosa”, de acuerdo al marco establecido por la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, la cual prevé penas de 3 a 10 años de prisión. Penas que, si se demuestra la causalidad entre fumigaciones y casos fatales, agravando la figura con “resultado de muerte”, pueden ascender a un período de entre 10 y 25 años de prisión.