Por Redacción Marcha
El médico Christian Pesce rompió el secreto profesional y denunció a “Carla”, de 20 años, quien llegó el miércoles 31 con dolores menstruales y sangrado al hospital Juan Sanguinetti de Pilar. Alerta y guardia feminista ante una posible imputación de la joven.
“Carla” tiene 20 años. Llegó el miércoles 31 de agosto al hospital Juan Sanguinetti de Pilar, al norte del conurbano bonaerense, con dolores menstruales y sangrado. Fue atendida por el médico ginecólogo Christian Pesce quien instruyó para que le realicen un legrado y quien la denunció en una Comisaría acusándola de haber realizado un “parto domiciliario”, luego de haberla interrogado y violentado preguntándole, “¿dónde está el feto?”.
A pesar de que “Carla” sostuvo ante Pesce no haber estado embarazada, el profesional, tras atenderla, dio conocimiento a la policía, y en alianza con integrantes de la fuerza represiva, la amenazaron diciéndole que “tenía una causa y que tras el alta iba a quedar detenida”. Un claro ejercicio de abuso de poder en la relación médico- paciente.
Desde anoche “Carla” está en su casa. Pero no sin antes vivir una situación de tensión ya que, efectivos policiales y empleados de seguridad intentaron retenerla en el hospital, volvieron a amenazarla, esta vez con una denuncia por “fuga”, e inclusive irrumpieron en la habitación donde se encontraba dialogando con su abogada, Gabriela Conder.
Pero la historia de “Carla” no es aislada y la criminalización sobre las mujeres de los sectores populares, avanza en acciones como las del médico ginecólogo de los hospitales Juan Sanguinetti de Pilar y Militar de Campo de Mayo, el Teniente Coronel Christian Pesce, responsable de haber interrogado de forma ilegal a una joven que se acercó a una dependencia pública buscando atención médica en cumplimiento de su derecho a la salud.
Ante la consulta, el Director del hospital, Juan Manuel Ordóñez, afirmó que están estudiando el caso desde la arista médica y que las y los profesionales de la salud están obligados a denunciar ante situaciones “sospechosas”. Es que las mujeres son las peligrosas de siempre. Y sin voz creíble, su salud es un aspecto negociable. Con “Carla” se rompió el secreto médico/ profesional y se desconoció cada instructivo y protocolo de atención.
Alerta feminista… “Respondemos todas”
Desde el momento en que se comenzó a difundir la situación de persecución y criminalización de “Carla”, integrantes de organizaciones de mujeres, redes feministas y otras personas solidarias activaron en diferentes formas e instancias para acompañarla y evitar que tras su alta médica sea encerrada a causa del accionar de la corporación médica, la policía represiva y el poder judicial sin perspectiva de género y Derechos Humanos.
Desde las Defensorías autogestionadas de Género definieron el caso como “violencia institucional” y convocaron a realizar asambleas de organizaciones en la puerta del hospital para “que todo el mundo sepa que ´Carla´ y su familia no están solas”. “No queremos una ´Belén´ en Pilar”, afirmaron.
“Esto muestra una vez más como este sistema patriarcal persigue a las mujeres”, afirmaron desde un comunicado conjunto decenas de organizaciones feministas. “Cualquier mujer se vuelve sospechosa, se la trata de delincuente sin pruebas, y es criminalizada por médicos que, en vez de cuidar su salud, están más ocupados en ser fiscales”, continuaron, “desconfían siempre de lo que las mujeres relatan de haber vivido en su cuerpo”.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, emitieron un comunicado manifestando el repudio frente a lo que llamaron “un nuevo caso de violación al deber de guardar secreto profesional”. Y advirtieron que no puede investigarse penalmente sobre la base de una denuncia delictuosa pues el ordenamiento legal no consiente esta violación.
Por su parte, desde el Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán exigieron “acciones para reparar el daño generado y prevenir futuras violaciones de Derechos Humanos”, a la vez que, “investigar y determinar la responsabilidad administrativa y sancionar a aquellos funcionarios públicos que hayan participado de este accionar”.
Es que en Argentina, el deber de confidencialidad de las y los profesionales médicos surge del marco normativo formado por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, normas específicas dictadas en materia de salud, y legislación penal que castiga la violación del secreto profesional. Y es obligación de los Estados -nacional, provinciales y municipales- prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres.
Sobre “Carla” aún se aguardan las novedades judiciales que le acerque su abogada, Gabriela Conder, e integrantes de las Defensorías de Género y de las organizaciones feministas que se presentarán el lunes próximo a la Unidad Fiscal 2 de Pilar.
Y una vez más, el “si tocan a una, respondemos todas”, canto de lucha de quienes defienden los derechos de las mujeres, será sostenido en el acompañamiento de muchas a cada una quien sea o haya sido violentada por los machos o las instituciones que perpetúan esas violencias. Y por eso, por “Carla”, se activó la alerta y hay guardia feminista. En Pilar como en cada rincón de Nuestra América.