Por Kvrvf Nawel. El Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, fue recibido por la Confederación Mapuche de Neuquén. En ese encuentro el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quedó en la mira.
Desde hace tiempo que el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, se niega a implementar la Ley Nacional de Relevamiento Territorial Indígena y el conflicto se acrecienta con la invasión de empresas extractivas. Alarmado por esta situación, James Anaya, en su calidad de funcionario de la ONU, estuvo hace unos días en la provincia de Neuquén. Esto sucedió en el marco de su visita al país que lo llevó a otras provincias donde pueblos originarios hermanos también elevaron denuncias.
En Neuquén, no se encontraron desconocidos. En los últimos años la Confederación Mapuche de Neuquén presentó en las instancias internacionales una innumerable lista de violaciones a los derechos humanos de las comunidades mapuche. Los werken de la Confederación Mapuche han expuesto los casos más severos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Foro Permanente de la ONU. El Relator Especial ya había enviado al Estado argentino recomendaciones para resguardar la vida y la integridad física y cultural de las comunidades mapuche en esta provincia.
“Mari – mari Relator, mi nombre es Elías Maripan, soy logko de las 56 comunidades mapuche de la provincia de Neuquén. Usted aquí ha venido a observar la situación que vivimos, ha venido a escuchar y agradecidos estamos”, inició el encuentro la máxima autoridad mapuche proclamada en el ultimo Parlamento Mapuche realizado en noviembre pasado. “Así debería hacer el gobierno provincial y el nacional. Nos mandan a las petroleras como si no existiéramos. Nos mandan a las mineras para destruir el waj mapu, destruir el agua, ríos y lagos, y así destruir a nuestro pueblo”, agregó.
“El Consejo de Derechos Humanos me nombra para recibir información, promover los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y ayudar a que los gobiernos sepan de sus preocupaciones para ver cómo se encuentran soluciones”, contestó el Relator Especial de la ONU, luego de agradecer a Maripan.
Los problemas que los gobiernos generan hacia el Pueblo Originario Mapuche son muchos, pero se pueden resumir en un fuerte racismo y discriminación institucional. El Estado neuquino, ante las demandas de este pueblo, ha reaccionado iniciándoles juicio o directamente reprimiendo.
La Confederación Mapuche elevó al Relator una fuerte denuncia ante la nula implementación de la Ley 26.160 de relevamiento de los territorios indígenas en la provincia de Neuquén. En plena vigencia de esta ley persistieron desalojos violentos a comunidades originarias y fueron asesinados cuatro indígenas. Pasaron seis años de la sanción de esta ley, incluyendo una prorroga de cuatro años. Hasta la fecha se aplicó en menos de la mitad del país. “Urge la implementación de la ley 26.160. El gobierno boicotea la presencia del Pueblo Mapuche en la implementación de la ley, quiere acomodarla para beneficio de los intereses de estancieros”, le dijo al Relator el Werken de la Confederación Mapuche, José Kintriqueo.
Muchos funcionarios públicos se apropiaron de tierras mapuche, desplazando a las comunidades a territorios secos y rocosos. “El gobernador del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag, tiene estancias que atraviesan territorio comunitario. Por eso se niega a que el relevamiento sea con participación mapuche”, denunció la werken Verónica Huilipan, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es responsable de la aplicación del programa que estipula el relevamiento territorial indígena con la necesaria participación de los Pueblos Indígenas, respetando el Derecho a la Consulta. Después de 6 años de promesas, el programa de la ley de relevamiento de los territorios indígenas brilla por su ausencia. “El relevamiento está frenado porque los gobiernos provincial y nacional se han puesto de acuerdo en que la Confederación Mapuche de Neuquén no debe participar, existe una clara cooperación entre ambos gobiernos para que la institución mapuche no sea parte”, señaló Huilipan
Que el gobierno provincial del MPN no reconozca a la organización mapuche no es novedad. Lo que preocupa es la actitud del gobierno nacional. El INAI paralizó la implementación del relevamiento en la provincia de Neuquén. “Se está en un proceso de firmas de convenio entre el gobierno nacional y provincial”, viene repitiendo hace dos años el presidente del INAI, Daniel Fernández.
La alianza entre los gobiernos nacional y provincial se sostiene por la rentabilidad de las industrias extractivas de petróleo, gas y el nuevo yacimiento de hidrocarburo no convencional anunciado hace unos meses con bombos y platillos por la presidente Cristina Fernández y el gobernador Jorge Sapag. Dicho yacimiento se encuentra en territorio mapuche. Y las investigaciones afirman que el sheil gas es 300 veces más contaminante y destructivo que el hidrocarburo convencional.
Son muchos negociados políticos y económicos los que se destaparían con los resultados que arroje el relevamiento de territorios indígenas. Por eso la negativa de los gobiernos a la participación de la Confederación Mapuche.
La feroz contaminación generada en territorio mapuche por la explotación petrolera fue crucial en la reunión. Anaya recorrió la comunidad mapuche Kaxipayiñ y constato personalmente el daño extremo que provoca el yacimiento Loma de la Lata en el territorio comunitario. Caños rotos que vierten crudo diariamente, camiones que entran y salen permanentemente volcando en piletas a cielo abierto los desechos tóxicos, derrames constantes, napas completamente contaminadas, animales muertos en el camino por ingerir agua intoxicada de los arroyos, fuertes ruidos de turbinas de gas y el aire con olor a gasolina, fueron algunas de las observaciones del Relator.
También se denunció la situación de la comunidad Lof Paichil Antriao que es víctima de engaños y usurpaciones de intendentes, abogados y empresarios desde la creación de Villa la Angostura. Anaya vivió en carne propia la violencia y el racismo de quienes despojan a los mapuche, cuando el empresario norteamericano William Fisher, qué usurpó el rewe de la comunidad y desalojó con la policía a dos familias de Paichil Antriao, intento evitar a los golpes que la comitiva del Relator junto a la comunidad ingresen al espacio sagrado para realizar una ceremonia.
La Confederación Mapuche expresó al Relator que los 250 mapuche procesados, con causas civiles y penales, son acusados de “usurpación”, “desobediencia a una orden judicial”, “coacción”, “instigación”, “daño a la propiedad privada” , en contradicción al marco normativo actual.
La werken Pety Piciñam, que representa al Pueblo Mapuche de Neuquén en el Consejo de Participación Indígena (CPI) repudió “la manipulación que hace el INAI a los indígenas. Nos quieren hacer creer que informándonos están respetando la Consulta. Es una operación política de división dentro de las organizaciones originarias”. El CPI es una instancia con facultad para establecer el derecho a la Consulta dentro del INAI.
La presencia en Argentina del Relator Especial de ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas indica que los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios están siendo vulnerados. El Estado argentino adeuda a las recomendaciones que el Relator envió en 2010 y 2011 para resguardar la integridad de los hijos de la tierra. Es una materia pendiente del actual gobierno. Aparentemente no hay interés en sacar un 10.
Sin embargo, empujada por la fuerza del antiguo viento, la Confederación Mapuche de Neuquén avanza por sus derechos. El corazón de la tierra le da fortaleza para enfrentar traiciones miserables y enemigos poderosos. Y allí se encuentran ahora, mujeres y hombres, niños y ancianos defendiendo la tierra y el agua que les dieron vida y luchando por el futuro de su Pueblo ancestral.