El jueves pasado el gobierno bonaerense le quitó la concesión de la Autopista Buenos Aires – La Plata a la empresa Coviares y creó una empresa estatal encargada de su gestión. El rol de los trabajadores en la nueva empresa y el futuro de la autopista.
El jueves de la semana pasada, por medio del decreto 409, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, decidió quitarle a la empresa Concesionaria Vial Argentino-Española (Coviares), la concesión de la Autopista Buenos Aires – La Plata. La misma pasará a la órbita estatal, manejada por una empresa creada para tales fines, Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima (AUBASA).
La medida conlleva que el Estado provincial se haga cargo del 93% de las acciones de la nueva sociedad, mientras el otro 7% restante quedará en manos de los trabajadores de la autopista y su representación gremial, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), capitaneado por Facundo Moyano.
El quite de concesión y la creación de la sociedad estatal, fue llevado adelante por el ministro de Infraestructura de la Provincia, Alejandro Arlía, quien señaló que la recesión del contrato se llevó a cabo “luego de que numerosas auditorías y que diversas actas de constatación notarial evidenciaran múltiples y repetidos incumplimientos al contrato vigente por parte de la concesionaria que impiden las garantías que debe prestar todo servicio público”.
Estos múltiples incumplimientos refieren por un lado a la falta de ejecución de obras, a las irregularidades en los manejos contables, pero también incumplimientos en la prestación del servicio, lo que venía siendo denunciado en diversas ocasiones por el sindicato que nuclea a los trabajadores de la autopista. Arlía agregó que todas estas cuestiones antes señaladas “afectan severamente la ejecución del servicio en condiciones adecuadas a las necesidades de los usuarios y a su seguridad”.
Coviares se había adjudicado en los años ‘80 la explotación comercial de la autopista, y en el año 1994 había conseguido una extensión de la concesión por 22 años más. La empresa era manejada hasta su estatización, por Roberto Servente, y contaba también con una participación marginal en el paquete accionario de Benito Roggio.
En el último tiempo, a la demora en la ejecución de las obras, fundamentalmente la construcción del tercer y cuarto carril entre Hudson y Dock Sud, se había sumado la millonaria deuda que ascendía a 1500 millones de pesos, que Coviares había contraído por un préstamo otorgado por siete bancos, entre ellos los bancos Provincia, Ciudad y Nación. Los conflictos sindicales tampoco habían sido ajenos a la historia de Coviares, que venía de pagar en cuotas los salarios pertenecientes a agosto del 2012, lo que en su momento generó una fuerte reacción del SUTPA con medidas de fuerza que exigían el pago completo de los salarios adeudados.
Desde el propio SUTPA, saludaron enérgicamente la decisión del ejecutivo bonaerense de avanzar con la estatización de la autopista, entendiendo que esto fue también parte de la lucha y los reclamos llevados adelante por el sindicato, y que ahora “empezamos una nueva etapa donde estaremos atentos y expectantes de los cambios que deben producirse y hacer que esta Autopista sea un lugar seguro para los trabajadores y para los miles de usuarios que transitan a diario por ella”.
Algo similar expreso también el propio Facundo Moyano al señalar que “llegó la solución definitiva para trabajadores y usuarios de Au La Plata. Aplaudimos la decisión del Gobierno Provincial de estatizar la empresa”.
“Las concesiones son una privatización acotada”
De esta manera se refirió Silvio Schachter, al ser consultado por RadioNauta, FM 106.3 La Plata, sobre la estatización de la Autopista Buenos Aires – La Plata. El arquitecto e integrante de la revista Herramienta, sostuvo que “las concesiones tienen que ver con aéreas en las que no se permite la privatización. El Estado se reserva la propiedad, y a cambio de determinadas obras y mejores se entrega la concesión”. En el caso de las autopistas, señaló Schachter, sucede algo similar a lo del ferrocarril, al consolidarse un sistema de tipo radial, en el que el flujo principal se concentra hacia el casco central.
Consultado acerca de la estatización llevada a cabo por el gobierno provincial, sostuvo que “es positivo la recuperación de aspectos que condicionan la vida de millones de personas, sobre todo el tema de transporte”. Ya que se recupera la potestad para planificar, cosa que bajo la concesión privada no se permitía. Aunque por otro lado, Schachter señaló que también surge la pregunta de “porque esperaron tanto, donde estaban los mecanismos de control para monitorear. En general las empresas vuelven al Estado en condiciones calamitosas, vacías, con obras que no se llevan a cabo. El Estado aparece como último recurso, y cuando está por finalizar la concesión, ya que la empresa tiene una expectativa de lucro menor e invierte menos”.