Por Jose Fernandez – @Josecomunicando
Mientras unas 7000 personas se manifestaron en la Plaza de Mayo y otras más en diversos puntos del país por la continuidad de la denominada Ley de Medios, acercamos una reflexión sobre el control que ejerce el flamante gobierno contra los medios de comunicación.
Ayer, unas 7000 personas se convocaron en Plaza de Mayo para apoyar la vigencia de la Ley de Medios, que fuera aprobada luego de muchas discusiones que incluyeron a medios comunitarios, alternativos y populares. También lo hicieron en Rosario, la ciudad de Córdoba y La Plata. Se trata de la primera marcha contra el gobierno de Mauricio Macri, que asumió hace apenas cuatro días.
Ya el viernes pasado fue la resolución vía DNU de Macri para la creación del Ministerio de Comunicaciones y el paso bajo su órbita de órganos como el AFSCA y AFTIC. A primera vista, se trata de una medida táctica del gobierno entrante que se corresponde con la necesidad de tener control total de las comunicación, contenidos, habilitaciones y arbitrios sobre todo lo que ocurre en tan vital tema.
Pero atrás de la carita sonriente y los gritos de “libertad”, hay una realidad que no pueden tapar con las manos.
La medida que fue anunciada junto a la designación del radical cordobés Oscar Aguad no vino de forma des-ideologizada (como le gusta enunciar a Macri), sino de una clara acción política de fuerte carácter ideológico que es la de destruir la Ley de Medios y despejar el camino para que las empresas monopólicas que se vieron levemente jaqueadas en los últimos años se encuentren en un escenario que les permita tener control político, ideológico y de mercado de las comunicaciones en nuestro país.
Fue por Cadena 3 (medio cordobés) que el flamante Ministro Oscar Aguad dijo: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”. En este clarísimo enunciado pone en evidencia el carácter monopólico de la ideología del nuevo gobierno, ya que mientras le da garantías a los medios hegemónicos, deja en duda el ayudar a los más pequeños al afirmar: “trataremos de ayudarle a los más pequeños”. Lo anunciado por este medio es en sí una metáfora que signará estos tiempos, ya que Cadena 3 –quien sostiene un fervientemente discurso de defensa de libre mercado– tiene como principal ingreso a sus arcas el aporte publicitario del Estado.
Gatillando decretos
Otra gran metáfora de estos tiempos es la inevitable comparación de los estilos administrativos entre quienes vinieron a “salvar a la república”, y la última junta militar. En sus primeras 48 horas, Videla emitió 16 comunicados; Macri firmó 29 decretos en el mismo tiempo. Está por demás claro que los militares anularon el parlamento y llegaron al gobierno mediante un golpe. Macri fue votado en elecciones pero hace del parlamento un edificio de decoración de las instituciones republicanas.
Pero volvamos al DNU 13/2015. Atacar la Ley de Medios mediante un Decreto y desarticular sus órganos pretende dejarla sin efectos, por lo que constituye un acto totalitario, primero porque desconoce que fue aprobada por el voto del parlamento argentino, y segundo minimiza el largo debate que se dio durante décadas desde distintos sectores sociales y de la comunicación para elaborarla.
Es cierto que a la hora de la votación en el parlamento fueron estos mismos sectores que atacan a Ley de medios quienes se retiraron de la sesión. Los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica (confederación), Propuesta Republicana (macrismo) y del peronismo disidente (duhaldismo, felipismo y denarvaísmo, entre otros) expresaron objeciones reglamentarias y luego abandonaron la sesión. Pero no pueden desconocer que el proyecto fue aprobado por 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
Los votos positivos provinieron del bloque oficialista Frente para la Victoria/Partido Justicialista y de varios bloques más como el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social (sabatellismo), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), el interbloque Partido de la Concertación – FORJA, el Frente Cívico por Santiago y Proyecto Sur, entre otros.
Los cuatro votos negativos provinieron del bloque del Movimiento Popular Neuquino (tres votos) y un voto en disidencia con su partido de una diputada socialista. Hubo una abstención por parte del diputado de Diálogo por Buenos Aires.
Pocas veces en la Argentina una Ley fue tan pedida y debatida en la sociedad, expresión de ello fue la Coalición por una Radiodifusión Democrática, conformada por 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas. Tras meses de trabajo en conjunto, propusieron una lista de 21 puntos básicos que consideraban debía tener la nueva ley de radiodifusión que reemplazara a la sancionada por la última dictadura militar.
Si bien quienes hacemos comunicación desde la alternatividad y la autonomía tenemos una larga lista de críticas a la Ley de medios y su aplicación parcial, que significó no beneficiar contundentemente al llamado tercer sector en la comunicación, no podemos dejar de ver fue fruto de un debate de nuestra sociedad y significó legalmente un avance más que importante ante la vieja Ley que prohibía hacer comunicación que no tuviese fines comerciales.
Un milico a cargo de las comunicaciones
El ex jugador de rugby y abogado Oscar Aguad tiene una larga carrera en el radicalismo cordobés De la mano de Mestre (padre) llegó a ocupar un lugar importante como Ministro de Gobierno. Fue en esa época cuando se ganó el mote de “milico”, ya que no tan solo se mostró en un palco oficial junto al Genocida Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, a mediados de los 90, sino que puso en su gestión al represor genocida ‘Tucán’ Yanicelli como director de inteligencia criminal.
Tanto sobre Menéndez como sobre Yanicelli pesan duras condenas de Cadena Perpetua por haber cometido genocidio en la dictadura.
El ‘Tucán’ Yanicelli es uno de los miembros más recordados de la patota del D2, y fue condenado a perpetua por el fusilamiento de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) de barrio San Martín, durante la dictadura militar.
Por su parte, Menéndez está condenado por haber comandado el tercer cuerpo de Ejército y tener bajo su responsabilidad todo lo que ocurrió con la represión en su área operativa.
Un Ministro con fondos propios
Volviendo al prontuario de Aguad, en Corrientes es recordado por su participación como interventor (1999-2001) de la intendencia, en los tiempos De La Rúa, pero no por haber puesto en orden las financias o por su capacidad de gestión en la obra pública, sino por el faltante de 60 millones de dólares.
Por este motivo, la justicia correntina lo procesó por el delito de “administración infiel”. Los 60 millones de dólares fueron canjeados por bonos CeCaCor (Certificados de cancelación de deudas), sobre la base de que la Constitución de la Provincia de Corrientes prohibía a los interventores tomar préstamos (aunque la vigencia de la constitución se suspendía durante las intervenciones).
Pero fue la Suprema Corte de Justicia quien, en 2014, determinó el cierre de la causa, por prescripción.
No nos debe quedar duda alguna que los grandes grupos monopólicos de la comunicación (Clarín y La Nación a la cabeza) han elegido muy bien a su representante en el control de la comunicación: el “milico” Aguad tiene estilo y fondos y, como bien arenga Cambiemos, está lejos de cualquier ideología, aunque sea la democrática.