Por Gabriel López. Docentes y estudiantes se manifestaron en el Centro Cultural Rojas el miércoles por la mañana reclamando la reincorporación de cinco docentes despedidos por organizar la Asociación Gremial Docente (AGD).
Una nutrida concentración se reunió frente a las puertas del reconocido centro cultural porteño, dependiente de la Secretaría de Extensión de la UBA, mientras que una extensa fila de adultos mayores escuchó y acompañó los reclamos con la firma de un petitorio mientras esperaba a que se abriera la inscripción a los cursos. Rodeados por banderas de AGD-UBA, de la FUBA, de los centros de estudiantes de Ciencias Sociales y Medicina, se sucedieron en la palabra dirigentes sindicales, diputados y alumnos de los cursos afectados. Una larga lista de adhesiones fue leída antes de concluir el acto.
Los docentes despedidos son Alejandro Belkin, Manuel Ferrer, Agustina Lizzi, Paula Belmes y Mariela Delnegro. El año pasado habían empezado subterráneamente a conformar la gremial docente en el centro. Denunciaron que el C. C. Rojas es una institución en la que habitualmente sus autoridades se comportan como patrones de estancia, lo que se manifestó, entre otras cosas, en que a pesar de sucesivos pedidos de reunión la comisión provisoria de delegados nunca fue recibida por Cecilia Vázquez, la funcionaria a cargo. En el centro cultural se dictan más de 450 cursos, alcanzando una matricula regular a 13.000 estudiantes. Los cursos son dictados por 600 docentes que se encuentran sometidos a una situación de extrema precariedad laboral: “Nos obligan a firmar contratos basura que se renuevan cada cuatro meses, excepto en el verano; por lo tanto, no cobramos de diciembre a marzo. Tampoco recibimos aguinaldo. No nos pagan indemnización por despidos. No tenemos licencia por enfermedad ni por maternidad. No nos reconocen antigüedad. Tampoco nos pagan las cargas sociales ni realizan los aportes jubilatorios correspondientes”, relató uno de los docentes despedidos.
La situación de incertidumbre permanente sobre la continuidad laboral de los docentes, que habilita todo tipo de arbitrariedades y sirve como herramienta disciplinaria, se confirmó la semana pasada cuando los activistas gremiales se enteraron de que sus cursos no estaban en la oferta del centro cultural para este cuatrimestre. Los despedidos relataron a los manifestantes que en la noche del martes 14 de febrero, en vísperas de la primera actividad pública con el fin de exhibir la situación de fraude laboral que ejerce la UBA, se encontraron con que sus cursos no fueron renovados. En este sentido, Paula Belmes señaló: “No es casualidad, quieren silenciar un reclamo. Curiosamente, los cinco docentes que los dictamos somos los que desde el año pasado venimos organizando una gremial en reclamo de aumentos salariales y mejoras en las condiciones de contratación”. La docente remarcó: “aquí lo que se ataca no son sólo los derechos de los trabajadores. En mí caso particular, que cuento con 15 años de trabajo en el centro, lo que se lesiona es el vinculo construido con los talleristas (estudiantes), una construcción de saber, una forma de aprender”.
En sus intervenciones, los diferentes representantes expusieron las distintas aristas que revela el conflicto. Santiago Gándara, por la AGD-UBA, señaló que “se atenta contra los más elementales derechos de los trabajadores a organizarse, a elegir a sus representantes y a que esos representantes estén protegidos frente a la arbitrariedad y autoritarismo de las patronales”. Asimismo denunció que la precariedad laboral gobierna en la UBA por la gran cantidad de docentes ad-honorem y precarizados. En el mismo sentido se expresaron Ignacio Kostzer y Alejandro Lipcovich por la presidencia de la FUBA. La Secretaria General de CONADU HISTÓRICA-CTA, Claudia Baigorria, vinculó la persecución gremial con “la sanción de la Ley Antiterrorista que es intimidatoria hacia los militantes populares”. Mientras que el diputado de Proyecto Sur Jorge Cardelli denunció la decadencia de la UBA, que despide docentes y “acepta los fondos de la mega-minera La Alumbrera”. Un grupo de talleristas leyó una emotiva adhesión de solidaridad, valorando el desempeño de los docentes afectados y alertando a sus compañeros sobre la pérdida de cursos.
Las autoridades del Centro Cultural Rojas se excusaron del conflicto aduciendo que la oferta de cursos es “dinámica”. Es público que ellos se guían por los conceptos de la Ley de Educación Superior, que establece el financiamiento educativo gracias a la generación de recursos propios y la venta de servicios de la cual depende la oferta de cursos y el sueldo de los docentes. Los docentes despedidos, en cambio, remarcaron en sus discursos que “la educación es un derecho y debe ser financiada por el Estado a través del presupuesto nacional”.
Ellos reclaman que sus ingresos se equiparen al resto de los docentes de la UBA. “Queremos ser considerados docentes con derecho pleno”, dijo el delegado gremial Alejandro Belkin, denunciando que en comparación con los demás docentes universitarios “se gana la mitad de lo que gana un ayudante de primera y los salarios no se han incrementado desde 2010”.
Desde la AGD Rojas y UBA se evalúan los pasos a seguir, mientras la causa legal avanza recopilando pruebas favorables para la reincorporación y la tutela gremial. Mientras tanto, los docentes siguieron recogiendo firmas de apoyo y un amplio abanico de muestras de solidaridad.