Por Lea Ross / Imagen por Nayko Fotos
Durante el período 2003-2015, se registraron en el mundo más de 1.200 homicidios contra activistas por el territorio y el medio ambiente. Más del 75% ocurrieron en América Latina. El 2015 ha sido el año récord con 185 crímenes.
Global Witness es una de las pocas organizaciones sin fines de lucro que vienen registrando los asesinatos contra militantes socio-ambientales y territoriales en todo el mundo. Su principal fuente son los recortes periodísticos, con lo cual reconocen que puede haber un margen de error, por posibles hechos no registrados por los medios de comunicación.
Y recientemente publicaron un informe, titulado “En Terreno Peligroso”, donde revelan un terrible récord: el 2015 ha sido el año con mayor cantidad de asesinatos contra las y los luchadores y defensores del medio ambiente en todo el mundo. En total: 185 activistas muertos. Un promedio de tres asesinatos por semana. El año anterior, 2014, eran de 116 muertes. “Las graves restricciones informativas que existen implican que, sin duda, la cifra real es aún mayor”, señala Global Witness.
El país con mayores asesinatos es Brasil, con 50 homicidios, seguido por Filipinas que llevó en su haber 33 muertos. Los próximos tres países, al igual que Brasil, son parte de América Latina: Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12). El sexto lugar se lo lleva República Democrática del Congo con 11 asesinatos.
“Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierras haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala Billy Kyte, encargada de las campañas de Global Witness.
Los asesinatos son perpetrados por distintas fuerzas de choque, fruto de la convivencia entre los estados y los intereses corporativos. Dentro de los documentados del año pasado, 16 de los asesinatos fueron perpetrados por fuerzas paramilitares, 13 por el ejército, 11 por la policía y 11 por guardias de seguridad privada. También recalcan el servicio de sicarios como parte –según interpreta Global Witness- de un florecer en este negocio, a partir del crecimiento de la demanda por parte de corporaciones que reclaman por estos servicios.
La actividad extractivista que más impulsó el uso de la violencia mortífera ha sido la minería, con 42 casos, seguido por el agro-negocio (20), la tala de árboles (15), los proyectos de represas hidroeléctricas (15) y la caza furtiva (13). Se estima que el 40% de los asesinatos fueron integrantes de comunidades indígenas, lo cual se trataría de su porcentaje anual más alto.
Si bien fue un asesinato ocurrido en éste año, el caso de Berta Cáceres ha sido recordado por muchos a nivel global. Había sido asesinada en marzo de 2016 por su oposición a una presa hidroeléctrica en el río de su comunidad. En Filipinas, el padre y el abuelo de la activista Michelle Campos fueron brutalmente ejecutados por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares: “Su región de Mindanao, rica en recursos naturales, es una de las más peligrosas del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015″, señala el informe “En Terreno Peligroso”. Doniel Campos, padre de Michelle, fue muerto a tiros delante de sus cuatro hijos. En Brasil, Isídio Antonio fue abatido a tiros por sicarios. Se trataba del líder de una comunidad de pequeños agricultores, dentro del estado de Maranhão. Al igual que Berta, Isídio llevaba años recibiendo amenazas de muerte por denunciar la tala ilegal que se llevaba a cabo en su tierra.
“El calentamiento climático y el crecimiento de la población implican que habrá un aumento de la demanda de tierra y recursos naturales. Sin una intervención urgente, el número de muertes que estamos observando actualmente se considerará una minucia en comparación con las que están por venir”, advierte Kyte de Global Witness.
Un relevamiento minucioso
Global Witness viene registrando éstos asesinatos a partir del año 2003. Según la fundación, es a partir del año 2010 cuando se acrecientan los casos y comienza el período más mortífero. De hecho, ahí entra en escena Honduras, cuyos casos crecieron luego del golpe de estado contra Manuel Zelaya en 2009. También entra en escena Paraguay, a partir del año 2012 con la Masacre de Curuguaty, cuyas pérdidas humanas llevaron al golpe institucional contra el presidente Fernando Lugo.
Al sumar los números, nos encontramos con que durante el período 2003-2015, se asesinaron en total 1.209 activistas por el medio ambiente. Brasil encabeza la lista de los países con más asesinatos, dando un total de 527, es decir, acaparando casi la mitad de todo el mundo. El segundo puesto se lo lleva Honduras, con 129 homicidios. El tercer lugar es para el país asiático de Filipinas con 115 muertos.
Luego vuelven los países latinoamericanos, de la mano de Colombia con 103 muertes, seguido por Perú con 79 y México con 47. Otros que siguen son Guatemala (36), Tailandia (22), Camboya (16) y Paraguay (13). Es decir, que más del 75% de los asesinatos contra militantes socio-ambientales ocurrieron en América Latina.