Por Juan Martínez. Los miembros de la APDH de La Matanza fueron blanco de intimidaciones, campañas difamatorias y hasta una polémica denuncia. Desde la entidad no dudan en referirse a los hechos como una “persecución canalla”.
Para la comunidad que brega por el pleno ejercicio de los derechos humanos, el mes de marzo es clave. Este año se conmemoran 39 años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Las organizaciones salen a la calle, despliegan sus banderas y ponen en lo más alto la consigna por la memoria, la verdad y la Justicia, en la Plaza de Mayo; el espacio político nacional por excelencia.
Sin embargo, la atención de la APDH de La Matanza está repartida en distintos frentes. Marzo les pegó duro, desde temprano. En los últimos tiempos es el “blanco de una persecución”, caracterizó el presidente de la entidad, Pablo Pimentel. “No podemos decir que sean hechos aislados. Son formas de amedrentamiento de grupos nostálgicos que quieren volver al pasado”, reflexionó.
El trabajo del organismo fue fundamental para empezar a conocer la punta del iceberg del caso Luciano Arruga. Vanesa Orieta, la hermana del joven matancero, encontró apoyo, contención y colaboración en el espacio desde un primer momento. Una semana después de la aparición de cuerpo de Arruga, a mediados de octubre del año anterior, parte del espacio de la APDH amaneció quemado.
El mensaje era claro. Pero había más. Este año, al comenzar el mes de marzo, uno de los militantes de la APDH fue a tomar unas fotos del monumento “30 mil Mundos”, ubicado en la intersección de Ricchieri y Camino de Cintura, que recuerda a desaparecidos que pasaron por el centro clandestino de detención “El Vesubio”. “Eso les pasó por guerrilleros”, era la inscripción que se podía leer en el lugar.
Cabe aclarar que la APDH fue el organismo que se cargó al hombro el proyecto de construcción del ambicioso monumento, que les llevó quince año finalizar. Unas semanas después de los agravios, un cartel difamatorio se refería al presidente de la entidad, como corrupto. Al lado otro pasacalle, pedía la libertad de tres policías.
Este nuevo mensaje hacía referencia una muerte. Gabriel Blanco tenía 21 años cuando dejó de respirar. Su caso y el de Luciano Arruga son dos capítulos de la misma historia. En ambos la entidad matancera tuvo un rol fundamental. Y también en ambos la policía matancera tuvo un rol fundamental.
La marca de la gorra
El cuerpo de Gabriel Blanco fue encontrado frío el primer día de marzo de 2007. Cuando lo trasladaron de la comisaría de San Carlos, en Isidro Casanova, al hospital Paroissien (por donde también pasó Arruga, años más tarde) no tenía signos vitales. Había sido detenido solo unas horas antes.
Los policías declararon haberlo encontrado con un cable en el cuello. La maquinaria represiva se afila más con el paso del tiempo. Aprende de la experiencia. La hipótesis los exoneraba de culpa y cargo: fue un suicidio. Caso cerrado. Pase el que sigue. Luego, con Luciano Arruga, la “evolución diabólica” –como la califica Pimentel– daba un paso más al desempolvar, otra vez, la figura del desaparecido.
Pero los padres de Gabriel tenían dudas. No les cerraba nada. No podían creer en esos tipos. ¿Cómo iban a creer en los personajes que a apretaban todos los días a su hijo? Gabriel estaba cansado. Sentía la sirena a cada esquina, demoras repetidas, maltratos garantizados. Le ofrecían: zonas liberadas, lugares marcados para robar y trabajos redondos. Sin problemas. Su calvario se terminaba con un sí. Gabriel dijo no. Esa fue su sentencia.
Dudas
Durante la reconstrucción de los hechos las cosas tomaron otro color. Gabriel era un pibe alto, cerca de 1.80 y pesaba cerca de 80 kilos. Su contextura física era similar a la de su padre, Teófilo Blanco, que el día en que visitó el calabozo, comprobó la diminuta dimensión del lugar. Según los peritos, el cable que tenía en el cuello era de un diámetro mínimo.
No había chance. La hipótesis del suicidio se caía. Además ¿Por qué el cuerpo tenía tierra? ¿Y quién explica los golpes que recibió en las últimas horas de vida, que fueron confirmados por los peritos? Para la familia, todo era evidente. Como si no fuera claro, un grupo de presos habló sobre las torturas que padeció Gabriel. De los gritos. De las lágrimas. De sus ganas de seguir viviendo. De sus “basta”.
“Había chicos que estaban detenidos. Ellos escucharon cuando mataban a mi hijo. Escucharon cuando pedía por favor que lo dejen vivir”, explicó el padre de Gabriel, Teófilo Blanco. Las declaraciones de los jóvenes que presenciaron los hechos que tuvieron lugar en la comisaría de San Carlos aquella trágica noche de marzo, fueron cruciales para complicar la situación de cinco uniformados.
Estas voces fueron recogidas, junto con otras tantas pruebas, por los abogados del organismo matancero. Sin embargo, desde la defensa encontraron allí un punto flexible y apuntaron. “Utilizaron a los presos que son los más vulnerable que hay dentro de una sociedad”, se lamentó Pimentel. Ahora, son esos testimonios los que señalan que, supuestamente, fueron presionados por la APDH para complicar a los acusados.
Los del cartelito
Cinco policías fueron procesados por estos hechos, de los cuales tres permanecen detenidos de manera preventiva. Esos son los tres apellidos que aparecieron en el cartel en el que pedía la libertad para ellos. Al lado, otro –con la misma gráfica– difamaba a la APDH. “Balbuena, Suárez y Gómez. Inocentes privados de Justicia”, rezaba el pasacalle, ubicado en la puerta de la Fiscalía General del Departamento Judicial de La Matanza.
Entre los defensores del subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena, se encuentra el abogado Rubén Fernández, que recibió un revés judicial, luego de que la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Matanza le dijera “no”. Y de esa forma, quedara fuera de lugar el pedido para la apelación de la prisión preventiva para los tres del cartel. Para ganar tiempo y dilatar la investigación, avanzaron con la denuncia contra la entidad.
A mediados de la semana pasada la APDH de La Matanza se movilizó hasta la Fiscalía del Distrito. El titular del organismo, junto a representes de distintas agrupaciones, como la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, miembros de la APDH nacional, e HIJOS La Matanza, pidieron un manto de sentido común sobre la causa y que, finalmente, se desestimara la acusación.
Cortiñas llamó recordar y exigir los “derechos humanos de hoy y de siempre”. Por su parte, Pablo Pimentel fue rotundo en sus definiciones. “Los derechos humanos se cumplen o se violan”, remarcó. Alrededor, decenas de acompañantes reclamaron que la Justicia sea, al menos por esta vez, un poco más justa.