La ley de reforma de las ART se aprobó mientras en la calle fue rechazada por la CGT, la CTA de Micheli y organizaciones de izquierda.
Este miércoles la cámara de Diputados dio sanción definitiva a la nueva normativa sobre las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). El proyecto del Gobierno nacional fue aprobado por la bancada oficialista y los diputados del PRO. En la calle, la CGT de Moyano y la CTA de Micheli se movilizaron en contra.
La Cámara baja convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la legislación sobre riesgos laborales vigente desde 1995. Tras ocho horas de debate el proyecto fue aprobado por 139 votos a favor (Frente para la Victoria y el PRO), 82 en contra (UCR, Partido Socialista, Proyecto Sur y Peronismo Federal) y 1 abstención (Héctor Recalde del FPV, quién presentó un proyecto aparte).
La reforma de esta legislación implica una serie de modificaciones que han sido saludadas por distintos sectores empresarios, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS). Al mismo tiempo ha habido fuertes cuestionamientos de sectores sindicales como la CGT liderada por Hugo Moyano y la CTA que encabeza Pablo Micheli. Ambas centrales sindicales se movilizaron el miércoles al Congreso para rechazar el proyecto.
Entre las modificaciones previstas se incluye un aumento de las indemnizaciones que dan las ART y establece que la misma se efectivice dentro de los 15 días de realizada la presentación correspondiente. Sin embargo por otro lado se elimina la posibilidad de optar, una vez aceptada la indemnización, por llevar el reclamo ante la Justicia. En 2004, cuando la Corte Suprema de Justicia objetó aspectos inconstitucionales de la ley de 1995 estableció el derecho a la mal llamada “doble vía”. Con este procedimiento, el trabajador que hubiera sufrido un accidente de trabajo podía cobrar la indemnización que fije su ART y, si consideraba que la reparación no era justa, llevar el reclamo a la Justicia Laboral. No se trataba de un “cobro doble”, sino de una garantía mínima para que los trabajadores que sufren daños en su salud (irreparables muchas veces) puedan ser resarcidos en su totalidad.
Sectores oficialistas matizaron esta cuestión, alegando que la nueva reforma no cierra la posibilidad de ir a la Justicia una vez recibida la indemnización. Sin embargo parece ser el objetivo que subyace, al menos en las palabras de otros sectores que apoyan la normativa. “A fin de mejorar nuestra rentabilidad deberemos continuar trabajando eficazmente para reducir el impacto de la industria del juicio” sostuvo ayer Francisco Astelarra, presidente de la AACS, luego de la aprobación de la ley.
En este sentido, si el trabajador perjudicado no optara por la indemnización, debería impulsar acciones legales que ahora estarán comprendidas dentro de la Justicia Civil y no de la Justicia Laboral como era anteriormente.
Finalmente, un aspecto de la ley que ganó el apoyo de la denominada CGT Balcarce, liderada por Antonio Caló, fue la posibilidad de establecer ART Mutuales entre empresarios y sindicatos. Esto supone la posibilidad de un enorme negocio para los gremios y a la vez implica una contradicción. Ante cada accidente se habrá de evaluar si proteger al trabajador o cuidar las finanzas del sindicato. Teniendo en cuenta la trayectoria de los dirigentes sindicales que se nuclean en la CGT Balcarce es poco probable que opten por la primera opción.
Facundo Moyano, miembro de la CGT que lidera su padre e integrante del bloque oficialista, calificó como “un engendro de la UIA” al proyecto. “Para la central obrera a la cual pertenezco se trata de un negocio de las ART con la vida y la salud de los trabajadores. Lo único que hace esta ley es subirle el precio a los brazos y los ojos de los trabajadores”, afirmó el jefe del sindicato de empleados de Peajes, quien igual que, Plaini, el titular del gremio de Canillitas y compañero de bancada se retiró del debate para no votar en contra del oficialismo.