Pasillo en las afueras de la 21-24. Crédito: Anabella Aranda.
Por Miriam Moreyra. Con ocho años de atraso, el gobierno nacional y porteño dispusieron la primer relocalización de familias que viven sobre el trazado del Camino de Sirga, a la vera del Riachuelo. Sistemáticos recortes, subejecución y traslado de partidas dejan de lado las necesidades de sectores vulnerables.
En julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia del caso “Mendoza” obligó a las jurisdicciones que comparten la responsabilidad sobre el Riachuelo -gobierno nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)- a la limpieza y la relocalización de los barrios que están a la vera, incluyendo la urbanización de algunos de ellos. En la Ciudad son cinco los asentamientos afectados por este fallo. Están en lo que se denomina “Camino de Sirga”, que son los 35 metros que llegan desde la margen del río hasta adentro: El Pueblito, Luján, Villa 26, Magaldi y Villa 21-24 -Barracas-.
Según el proyecto para enero de 2013 las relocalizaciones de las viviendas del Camino de Sirga en la CABA iban a estar concluidas. Todas las familias, un total de 1334, deberían estar hace meses viviendo en sus nuevos hogares, lejos del riesgo ambiental y para la salud que implica vivir sobre la orilla de un río altamente contaminado. Un informe de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) asegura que el 30% de los niños que viven en la vera del río sufre la presencia de plomo en la sangre y tiene altos niveles de contaminación, enfermedades cutáneas y gastroenterológicas.
Con cinco años de retraso en los plazos y después de solicitar ocho prórrogas en el juzgado que le exige la relocalización, el gobierno de Mauricio Macri, en un operativo conjunto con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, comenzó la semana pasada la mudanza de las primeras 50 familias que vivían en las inmediaciones de las calles Pedro Luján y Zabaleta, de la Villa 21-24; y otras 11 familias que corresponden a algunos desalojos que se hicieron aisladamente en asentamientos cercanos. Estas familias fueron reubicadas en el complejo Padre Mugica, del barrio de Mataderos (General Paz y Castañares, Comuna 8).
Gustavo Moreno, asesor tutelar de la Villa 21-24, en una comunicación telefónica con FM Che Barracas comentó que las familias están censadas y hoy existen muchos problemas porque varias se fueron por su cuenta, con lo cual “perdieron de alguna manera su derecho”. De las primeras 50 familias relocalizadas, unas 30 son las que la asesoría a su cargo “denunció como prioritarias, justamente, no sólo por el plomo en sangre, sino por otras enfermedades relativas o que pueden tener un nexo causal con la contaminación como cuestiones dermatológicas graves, o cuestiones del estómago graves, gastroenterológicas”.
Desde el cuerpo de delegados, la Asesoría Tutelar y la Defensoría del Pueblo, se fueron plantando varios cuestionamientos y críticas a la Ciudad de Buenos Aires por las relocalizaciones. Por un lado, si bien el cuerpo de delegados de la Villa 21-24 aceptó la primera resolución de la justicia -previa a su conformación- que establece que las primeras 220 familias sean relocalizadas en el barrio Padre Mugica, también plantearon, para las posteriores mudanzas, un reconocimiento del barrio de pertenencia para las familias, y pidieron que sean alojadas en el perímetro que comprende el Riachuelo, Av. Saenz, Av. Caseros y Av. Vieytes; por lo que el Gobierno de la Ciudad, mediante el Instituto de la Vivienda (IVC), tiene la obligación de conseguir terrenos en esa zona para la construcción de las casas necesarias para las familias que aún deben reubicarse.
Por otro lado, una preocupación fue la prioridad de la mudanza de las familias de las zonas que se consideran más urgentes por ser las más afectadas. Por lo que se estableció desde los delegados del Camino de Sirga que en la siguiente tanda de mudanza, las próximas 60 viviendas deben ser destinadas a los vecinos que actualmente se ubican en lo que se llama la “zona central del Meandro de Brian”.
Esa es, según Moreno, “la peor zona, la más comprometida, donde no solamente hay contaminación en alto grado, sino que además es la zona en la que peor vive la gente, porque están muy sobre el río, y son los más afectados por cualquier tormenta”. Que sea posible lo va a tener que decidir el juez de Morón, que es quien está ejecutando el fallo porque no hubo acuerdo con el IVC. Además, el asesor tutelar afirmó que el gobierno macrista se niega a trasladar esa zona, por “argumentos técnicos”.
También fue criticada la calidad de las nuevas viviendas en las que se reubicaron a las familias. De acuerdo a la Defensoría general de la Ciudad, el problema es la calidad y los métodos de construcción que se implementaron en los complejos como Mundo Grúa y Padre Mugica. Allí no tienen conexión definitiva de electricidad, hay pérdidas de gas y serios problemas de humedad.
Moreno afirmó que los métodos están aprobados técnicamente por la Secretaría de Vivienda de la Ciudad, y por lo tanto no son inadecuados para la construcción, sino que la empresa encargada de levantar las obras -Tower Construction- los está aplicando mal. “Por lo cual se hicieron las denuncias respectivas, y eso terminó con la rescisión del contrato de la empresa con el IVC el día 28 de junio pasado”.
IVC, recorte y subejecución
De acuerdo a la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en base a un relevamiento del presupuesto establecido por ley y del ejecutado durante el período 2007-2013 en áreas que afectan a los sectores más vulnerables, el gobierno de Macri disminuyó y subejecutó un alto porcentaje del presupuesto asignado a vivienda popular, infraestructura educativa, programas de promoción social y red pluvial. Según el análisis “habiendo transcurrido 10 años a tasas de crecimiento positivas (la mayoría de los años, superiores al 5% anual) la participación en los recursos presupuestarios ejecutados para salud, educación y vivienda, lejos de mejorar, o se mantuvo estable o disminuyó: de 51% que representaba en 2007 del presupuesto, pasó a 49% en 2012”.
Este mismo organismo denunció al gobierno por retirar casi $90 millones de las partidas de vivienda y alimentación. Macri también recortó un total de $10.000.000 del proyecto ACUMAR.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad sufrió un recorte de un total de $62.500.000, y otros $20.000.000 perdieron distintos programas del Ministerio de Desarrollo social. Además el IVC incumple cada plazo que se le impone desde la justicia, no construyendo y teniendo terrenos vacíos en un predio en Cruz y Varela.