¿Pueden los gendarmes y prefectos organizarse sindicalmente y reclamar por sus condiciones de trabajo? ¿Estamos en presencia de un intento desestabilizador de la democracia? Un repaso por las opiniones de dirigentes políticos y sociales sobre estos temas.
El reclamo salarial de los oficiales de Gendarmería y Prefectura generó una gran variedad de opiniones y declaraciones de referentes políticos y sociales. Y no puede ser de otra manera para una protesta de características inéditas para estas fuerzas de seguridad nacional en los últimos 30 años, que tuvo su epicentro en Buenos Aires pero que también se expresó en otras ciudades como Mendoza, Tucumán, Bariloche, Salta, Jujuy, Rosario y Jesús María. Es el primer conflicto grave entre el kirchnerismo y las fuerzas de seguridad.
Las opiniones tuvieron que ver con dos temas: en primer lugar la defensa de la democracia y en segundo lugar la discusión sobre la legitimidad del reclamo salarial.
Con respecto al primero de los ejes, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, Julián Domínguez y Amado Boudou, convocaron a una reunión de urgencia a legisladores oficialistas y de la oposición de la que resultó una declaración en la que instaron a gendarmes y prefectos “a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, de acuerdo a la Constitución”. Por su parte, Claudio Lozano no participó de la reunión y manifestó a través de un comunicado que el sector “no acompañará ninguna declaración que tienda a ilegalizar el reclamo salarial de los prefectos bajo la excusa oficial de que encubre un intento desestabilizador”.
Más explícitos fueron distintos sectores del kirchnerismo que rápidamente trataron a la protesta de destituyente, asociándola con el intento de golpe de Estado recientemente ocurrido en Ecuador. El diputado nacional por el Frente para la Victoria Edgardo Depetri dijo que “quieren condicionar la democracia argentina en la misma sintonía que hicieron con Rafael Correa en Ecuador.” En el mismo sentido fueron las palabras de Hugo Yasky, titular de la fracción oficialista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), quien aseguró que “preocupa mucho más por tratarse de uniformados y fuerzas de seguridad que, tal como hemos visto en otras situaciones en países de la región, son rápidamente instrumentadas por los grandes grupos mediáticos y por los sectores dominantes para usarlo como ariete de los gobiernos populares y democráticos”. Organismos de derechos humanos como el CELS, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora), HIJOS y Familiares afirmaron en un comunicado que “respaldamos la democracia y les pedimos a las fuerzas de seguridad que regresen a sus lugares de trabajo y retomen sus actividades para que no se repitan historias de este país y de Latinoamérica”.
En cuanto a la legitimidad de la protesta, se destacaron las palabras de Hugo Moyano, quien tras reunirse con representantes de prefectos y gendarmes afirmó que “son trabajadores como cualquier otro y están en su derecho de reclamar lo que les pertenece”. Caló, por su parte, recién electo como Secretario General de la otra fracción de la CGT, en un primer momento apoyó la protesta pero llamativamente más tarde cambió su postura. “Todo lo que sea reclamo de los trabajadores lo vamos a apoyar. Cuando hay un reclamo salarial la CGT lo va a tener que acompañar”, había asegurado. Pero luego declaró que desde la central obrera “no estamos de acuerdo con este reclamo, porque ellos (por los gendarmes y prefectos) tienen otros canales que no son la protesta; claramente no son un gremio y por eso deben tener responsabilidad”. Finalmente, Hugo Yasky dijo que observa con “preocupación” el conflicto, porque “más allá de una motivación justa” en el reclamo, consideró que “hay elementos que sistemáticamente están tratando de generar focos de conflictividad, para erosionar y socavar la imagen del Gobierno”.
Mauricio Macri afirmó: “Yo los entiendo profundamente: llevan una década de maltratos, de falta de respeto, de humillación de un Gobierno nacional que ha improvisado en políticas de seguridad y por eso han fracasado”. Pero “hay que apostar a la convivencia, al dialogo, al trabajo en conjunto. Tenemos un enorme futuro pero apostando al respeto de las instituciones”, dijo el líder del Pro. Menos condescendiente estuvo el presidente del bloque de diputados del Pro, Federico Pinedo, quien afirmó que los prefectos y gendarmes “no pueden hacer abandono de servicio” y recordó que “no son fuerzas deliberativas” como para manifestarse. “Debe haber sometimiento al poder político”, remarcó Pinedo.
Los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) Víctor De Gennaro y Margarita Stolbizer, por su parte, defendieron la posibilidad de que los efectivos de la Gendarmería y Prefectura puedan sindicalizarse ante las”malas condiciones laborales” que motivaron los reclamos. “Apoyamos el reclamo laboral porque la falta de sindicalización condena hoy a estos trabajadores con bajos salarios, desprotección legal, falta de capacitación, situaciones de riesgo y malas condiciones generales para el desempeño de sus funciones”, señalaron.
En cuanto al kirchnerismo, el diputado nacional del Frente para la Victoria Depetri consideró que “el reclamo salarial es justo” y sostuvo que “quien implementó esta normativa que impactó en el salario de las fuerzas tiene la responsabilidad y debe hacerse cargo”. Por otro lado, el diputado bonaerense Fernando “Chino” Navarro, a través de su cuenta oficial en Twitter, consideró que “el reclamo era justo, causado por errores administrativos y mala fe de altos mandos”, pero que “ya afecta la democracia”.
Finalmente desde la izquierda, Christian Castillo, dirigente nacional del PTS y del Frente de Izquierda, sostuvo que “no compartimos la posición de Moyano o integrantes del FAP como Stolbizer y De Gennaro, ni de quienes desde la izquierda apoyan los reclamos de los integrantes de las fuerzas represivas del Estado capitalista, ya que darles más recursos es generar mejores condiciones para que repriman al pueblo trabajador.”